Víctor Hugo Cárdenas*La anterior semana, la máxima autoridad de ENDE publicó la no realización de la consulta previa sobre la construcción de una represa. Pocos días después, indicó que sí harían la consulta previa. ¿Cuál es la verdad? En el fondo, ¿qué piensa el Gobierno sobre la consulta previa?Los países miembros de las NNUU han acordado y firmado varias disposiciones legales relacionadas con la consulta previa. Algunos países la aplican de una forma creativa y beneficiosa para los intereses indígenas, empresariales y estatales. En nuestro continente, Canadá, en el norte, y Colombia, en el sur, son los países de mayor tradición en la práctica de la consulta previa.Algunos países incluyeron este principio en las constituciones políticas, pero no encaran el desarrollo legal de las mismas, es decir, no elaboran las leyes de aplicación ni crean las instituciones respectivas. El principio y el derecho de la consulta previa son parte sustancial de nuestra Constitución, de los convenios internacionales como el 169 de la OIT, de la Declaración de NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Ley aprobada por nuestra Asamblea) y varios documentos legales.Este es el caso de Bolivia. Lindas palabras en el texto constitucional, pero un incumplimiento de la consulta previa, o un disfraz de la consulta previa como ocurrió con el engañoso evento llamado ‘consulta previa’ del Tipnis, sin el respeto ni cumplimiento de los protocolos acordados mundialmente.En marzo del año pasado, el Gobierno aprobó nuevos plazos para las convocatorias de actividades hidrocarburíferas mediante el decreto 2298. Redujo a 15 días el plazo de la primera convocatoria, 10 días más para la segunda. Si no se concreta la reunión o no responden por escrito los indígenas, el Gobierno establecerá una metodología y cronograma para ejecutar el proceso de consulta, el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y así continuar con el trámite de obtención de la licencia ambiental. ¡Adiós concertación proclamada! ¡Comienza la mascarada de la supuesta consulta previa!En el área de hidrocarburos, cursillos, reuniones, ‘socializaciones’ fueron homologadas como procesos de consulta previa. No es casual la inercia para aprobar normas legales que consagren los procedimientos ya utilizados en otros países donde se aplican genuinos procesos de consulta previa. De forma similar, ENDE comenzó las reuniones de ‘socialización’ para presentarlas como la consulta previa boliviana.Así, de forma continua, se ha negado el respeto a varios derechos consagrados de los pueblos indígenas: el derecho de participación política, a la consulta previa, al consentimiento libre, previo e informado, a la libre determinación y a la autonomía y al control territorial.Finalmente, el 20 de mayo de 2015, se aprobó el decreto 2366 sobre actividades hidrocarburíferas de exploración en áreas protegidas donde se debe destinar el 1% del monto de inversión en beneficio del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El último decreto 2400, del 10 de junio, complementa el Reglamento Ambiental para el sector hidrocarburos, e incorpora los límites máximos permisibles para descargas líquidas en cuerpos de agua, emisiones atmosféricas y contaminantes hidrocarburíferos en suelos. Los volúmenes que establece son altos, según los opositores, para evitar la sanción a las petroleras si hubiera daño ambiental.En este clima, ¿consulta previa? No, solo disfraz, ni consulta ni previa.*Ex vicepresidente de BoliviaEl Deber – Santa Cruz