Mientras el Gobierno boliviano asegura que los ciudadanos deben hacer un uso racional del agua, juristas advierten que el racionamiento del líquido es una violación de derechos.
Freddy Barragán / Página Siete. Vecinos de Pampahasi se abastecen del agua de un tanque.Página Siete / Carla Hannover / La Paz»En La Paz tenemos la cultura de tomarnos la ducha a la hora que se nos antoja… usamos agua abundantemente para lavar ropa, los autos, la calle, los pisos y el jardín. Hay una cultura de derroche”. Con esas palabras el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pedía a principios de noviembre a los paceños que cambien su lógica del consumo del líquido pero, además, justificaba la falta de este recurso.Sin embargo, ¿acaso el acceso al agua potable -sea para tomar un baño, lavar la ropa y limpiar la casa- no es un derecho fundamental? o ¿es que acaso, en esta coyuntura, este derecho dejó de serlo para convertirse en un tema de consciencia? Las preguntas son el punto de partida de este debate entre el abogado constitucionalista Carlos Alarcón y el diputado Víctor Borda, quienes coinciden que en el país, desde que se inició la crisis del agua, la peor en 25 años, existe una vulneración a los derechos universales.Desde principios de noviembre, diversas zonas de La Paz y El Alto se vieron afectadas por el racionamiento de agua debido a la baja del recurso que registran las represas del departamento.La Empresa Pública del Agua y Saneamiento (ESPAS) informó que este problema, que ha cambiado los hábitos de miles de ciudadanos afectados, podría extenderse hasta la próxima gestión.Un derecho constitucionalSi de legislación se trata, ya en su artículo 16 la Constitución Política del Estado (CPE) establece que «toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”. En tanto que en el artículo 20, parágrafo primero, se detalla «que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado u otros”.En ese sentido, Alarcón explica que se trata de un acceso universal enfatizando en la naturaleza derecho fundamental. En el parágrafo segundo, del artículo 20, se detalla que «es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias”.Mientras que en el parágrafo tercero se establece que «el acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley”.En ese sentido, Alarcón considera que la Constitución establece responsabilidad para todos los niveles del Estado, «pero el que tiene mayor responsabilidad para garantizar estos servicios básicos es el nivel central”.»Se establece que es competencia exclusiva del nivel central garantizar los servicios para la población, porque estos servicios deben tener un carácter uniforme y equitativo para todos los bolivianos, independientemente del municipio o del departamento donde se encuentren”, señala.Una cuestión de derechoPara Alarcón, el Gobierno está violando derechos amparados en normas constitucionales. «Al ser el acceso al agua un derecho mayor, hay una serie de violaciones a otros derechos como la prestación del servicio al agua potable, el derecho a la salud, a la educación y al trabajo, entre otros, porque el agua es un recurso vital para una serie de negocios”, explica el analista.La única entidad que puede garantizar esa uniformidad y esa equidad es el nivel central, indica Alarcón. «Estamos entonces ante infracciones a la Constitución que tienen respuestas constitucionales a través de las acciones populares”, indica.En ese sentido, los ciudadanos afectados, recomienda, podrían exigir amparos colectivos donde se pida a los jueces que no se les cobre por el servicio hasta que no se regularice. «También se podrían exigir otras medidas a través de las cuales obligue a la empresa y al Estado a contratar un equipo de especialistas nacionales e internacionales del más alto nivel para que hagan un plan a corto, a mediano plazo y para que todos esos meses que el servicio sea irregular se restituya a los ciudadanos afectados por daños y perjuicios”.Un tema de conscienciaUna mirada diferente a la del constitucionalista tiene el diputado oficialista Víctor Borda, quien a tono con el Ministro de la Presidencia considera que la falta del recurso en la actualidad se debe también a «la falta de consciencia”.»Entiendo que el problema no es la forma de administración del agua, sino que todos los bolivianos hemos perdido la consciencia de no despilfarrar el agua y ojalá que estas cosas nos reflexionen”, señaló.El diputado indicó que si bien la CPE establece que el agua es un derecho fundamental, al mismo tiempo aclara que es un recurso finito, es decir que es renovable.En ese sentido, indicó que «el Gobierno ha hecho todo lo posible e imposible para invertir en el tema de riego y microrriego. Los que no han hecho nada son las gobernaciones y los gobiernos municipales”, argumentó.De ahí que responsabilizó de esta crisis a los gobiernos municipales. «Hay una ley promulgada en el gobierno de Banzer que establece que son los gobiernos municipales los responsables del suministro de agua en las ciudades”, dijo.Si bien el acceso al agua potable está en la CPE como un derecho fundamental, «yo no advierto que la crisis sea una responsabilidad, una negligencia o contravención del Órgano Ejecutivo. En mi criterio las empresas deberían ser mixtas, es decir con intervención del nivel central, gobernaciones y municipios”.Para Borda, «obviamente se esta vulnerando el derecho al agua. Pero ahora, tanto municipios, como gobernaciones y nivel central deben invertir en la conformación de represas, buscar mecanismos jurídico-legales para cuidar la poca cantidad de agua que existe no solo en Bolivia, sino en el mundo”, concluyó.