Central Obrera Boliviana pide liberar exportación para evitar dar fondo al agro

El ministro Cocarico descartó la propuesta porque incidiría en la inflación y en la escasez interna. Los obreros esperan reunirse con el Presidente para plantear sus observacionesLa COB dice que el problema del Gobierno es que no tiene circulante y usa la plata obreraLa Central Obrera Boliviana (COB) ratificó su rechazó al préstamo de una parte ($us 150 millones) del 5% de los aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a productores cruceños. Declarados en emergencia hasta que el presidente Evo Morales los reciba en audiencia, plantean la posibilidad de liberar las exportaciones productivas para evitar que se usen los recursos de los aportes laborales.“El Gobierno tiene que liberar la exportación de productos agrícolas para que el sector pueda tener recursos e invierta. Hay mucha restricción, burocracia y muchos rubros están congelados”, manifestó el secretario de Finanzas de la COB, Oscar Tapia.Primero, dijo, que “obviamente se tiene que garantizar el consumo interno” para luego tener derecho a exportar con libertad, cumpliendo las normativas.Tapia aseguró que esa es una de las propuestas planteadas por el sector laboral.La COB espera también presentar al Gobierno su resolución donde se exige iniciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados que restituyeron el preaviso en contra de los trabajadores e impulsar la institucionalización de la Caja Nacional de Salud.Alto riesgoEl dirigente de la COB, Vitaliano Mamani, reconoció por su parte de que se tiene que generar utilidades con los recursos congelados de las AFP, pero se desconfía de los agropecuarios.“Este sector es de alto riesgo. Están sujetos al cambio climático. Si les afecta la inundación o la sequía, ¿de dónde van a pagar el crédito? No vamos a recuperar ni el capital ni los intereses”, dijo, lamentando que no se usen mecanismos de créditos con el Banco de Desarrollo Productivo (BDP-SAM) o el Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro).Respuesta gubernamentalAnte las críticas, el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico salió al frente, rechazando la propuesta obrera.“No podemos liberar las exportaciones totalmente cuando primero tenemos que pensar en el abastecimiento interno. Si autorizamos la exportación, estaríamos afectando en el mercado interno. Incidiría en la inflación, los precios subirían y eso sería perjudicial e irresponsable”, señaló la autoridad.Explicó también que el BDP, o Finpro, demandarían un capital “que sea inyectado de algún lado”,  pero que ahora se decidió “usar recursos que no se están gastando”.Cocarico informó que actualmente, la mora del sector agropecuario es de apenas el 0,96% al sistema financiero por lo que no representa un sector de alto riesgo financiero. De todas maneras, dijo que el beneficiario será evaluado en su capacidad de pagoCríticas entre doria medina y la CAOLa creación del fondo de $us 150 millones de las AFP para la dotación de créditos para el sector agropecuario sigue levantando polémica.El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Julio Roda, calificó de mentiroso y resentido al empresario Samuel Doria Medina por oponerse al uso del fondo.“Además de político fracasado, Samuel Doria Medina es un mentiroso, tiene resentimiento contra el sector productivo cruceño”, señaló.Recordó que uno de los beneficiarios de los fondos de pensiones fue el propio Samuel, como expropietario de la cementera Soboce.Tras los cuestionamientos Samuel emitió un comunicado en su cuenta twitter, asegurando que las observaciones no las hacía por polemizar, sino en defensa del fondo de pensiones.“Soy admirador e impulsor del desarrollo cruceño, pero no callaré ante las arbitrariedades del Gobierno y sus amigos. Los productores cruceños levantaron su industria con tesón, no con prebendas, como esas camarillas que se aprovechan de cada Gobierno”, señaló.Más adelante, dice que lo peor que se puede hacer son medidas aisladas “del MAS y sus amigos para gastarse los recursos de la jubilación en minorías que en el pasado no pagaron los recursos que el Estado les dio”.EL DEBER / Miguel Ángel Melendres