La polarización política y social generada por el populismo chavista se traduce también en confrontación institucional, derivando en una crisis terminal entre poderes del Estado de preocupante resolución.Desde la asunción de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, hace un año atrás, el presidente Nicolás Maduro se ha empeñado en desconocer al Legislativo, contando para ello con el concurso de otros poderes estatales cooptados por el oficialismo, como el Judicial y el Electoral.De esa manera se declaró en desacato al Parlamento y se bloqueó la vía democrática para la solución pacífica de la controversia venezolana: el referéndum revocatorio.Finalmente, con una nueva directiva opositora al frente desde pasados días, la AN acaba de declarar el “abandono del cargo” por parte de Nicolás Maduro, equivalente a una acefalía del Ejecutivo.La resolución tiene impecable fundamento jurídico, toda vez que la Constitución de Venezuela establece en su artículo 233 que entre las faltas absolutas del presidente se encuentra “el abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional”.El texto constitucional añade que si esta falta absoluta se produce durante los primeros cuatro años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes.Esta podría ser una última oportunidad para una transición democrática a través de las urnas, pero desde el chavismo ya se anuncia una nueva manipulación por medio del parcializado Tribunal Supremo de Justicia. ¿Reaccionará esta vez como es debido la comunidad internacional y particularmente la Organización de Estados Americanos? [email protected]