Cualquiera que cargue combustible en algún surtidor de la ciudad, se topará con la advertencia de que a partir del próximo mes no le venderán gasolina, diésel o gas a los deudores de impuestos al municipio. Es más, los empleados de las gasolineras le pueden decir cuánto debe, monto que, de yapa, aparece en la factura. Quien entienda mínimamente de leyes y derechos, podrá concluir que hay algo raro en esto, pues este tipo de información no debería estar en manos de cualquier particular quien podría hacer mal uso de los datos. Es obvio que semejante medida coercitiva es el resultado de la avidez por recursos que se han achicado notoriamente en los últimos años producto de la crisis de los precios de las materias primas. Y en lugar de que la alcaldía presione el Gobierno central para que no le siga restando sus transferencias, ésta prefiere apretar a los vecinos. A ver si esto alcanza para tapar tanto bache que hace intransitable muchas de las avenidas principales.
Fuente: eldia.com.bo