Eju.tv.- El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Ronald Nostas, reclamó que, para definir el incremento salarial, el gobierno considere variables como la sostenibilidad y la productividad cuando se trata de empresas públicas; mientras que en el caso de las privadas, lo decida en negociaciones bilaterales con criterios más políticos que técnicos.“Nos preocupa mucho que, en el ámbito laboral, las medidas más drásticas se apliquen contra el sector privado nacional, mientras que en el caso de las estatales, se consideren variables de racionalidad y protección, como las que define el Decreto 2348, lo que implica un trato desigual, injusto e inadecuado, que incluso contradice a la propia Constitución que en su Artículo 306 señala que la economía plural se basa en principios de igualdad, equilibrio y justicia”, afirmó.Asimismo, considera que las excepciones anunciadas por el gobierno y la intención de deslindar responsabilidades sobre las consecuencias del incremento salarial, muestran que “el análisis careció de un sustento técnico y una visión de desarrollo productivo de mediano y largo plazo”, lo que pone en serio peligro el empleo de miles de bolivianos y la capacidad de crecimiento y estabilidad de la mayoría de las empresas en Bolivia.Fueron adecuadas las advertencias constantes de la CEPBEl dirigente de los empresarios recordó además que todas las advertencias que el sector hizo en los últimos años, respecto a la orientación de la política salarial, se han evidenciado en cifras, “pero sobre todo en la cotidianidad de las personas que hoy trabajan en el sector informal, sin protección y sin derechos ni siquiera de acceder a los incrementos decididos anualmente”, dijoAl respecto explicó que los datos oficiales del propio gobierno, muestran claramente que la tasa de informalidad laboral supera el 60% y la de trabajo no asalariado está por encima del 50%. “Sabemos que esto responde en gran medida a la política salarial que opta por incrementos que no toman en cuenta la productividad y la capacidad para sostenerlos y a la política de ajustar al sector formal cuando existe un creciente sector informal, lo que deriva en una precarización de las condiciones de empleo”.“Los empresarios nunca nos opusimos a los incrementos salariales porque entendemos que se debe reponer la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores; pero estaremos siempre en contra de aumentos que afecten la estabilidad de las fuentes de empleo y la sostenibilidad de las empresas y que no consideren la necesidad de disminuir la creciente informalidad y precariedad laboral”, afirmó el empresario.Los más afectadosRefiriéndose a los efectos del incremento, el Presidente de la CEPB señaló que el fuerte aumento al salario mínimo de 10.8% afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas que no tienen flujos de caja suficientes, pues dedican gran parte de sus recursos para crecer y mantenerse en los mercados. “Sectores como los servicios, el comercio, las confecciones y varios otros que son intensivos en trabajo y absorben mano de obra joven serán más perjudicados incluso en el corto plazo”, afirmó.Respecto a la situación de los trabajadores considera que el incremento afectará a quienes perciben el salario mínimo, que son los obreros menos calificados o los jóvenes que recién ingresan al mercado. “Para ellos habrá menos empleo protegido pues se hace muy difícil crearlos y mantenerlos en el marco de la formalidad” dijo el Presidente de la CEPB.Sin embargo explicó que los daños alcanzarán también a otros trabajadores que “A raíz de los sucesivos incrementos salariales de los últimos años los profesionales, tanto del sector público como privado, son contratados en calidad de consultores que carecen de los beneficios que reciben los trabajadores de planta”, señaló.De acuerdo a datos que maneja la CEPB, en términos acumulados el incremento en el salario mínimo, en estos 11 años ha superado el 300%, mientras que similar dato en el salario básico ha rebasado el 90%. “Son cifras importantes que las ha asumido el sector privado; tienen un costo alto para las empresas, pero también para muchos trabajadores, especialmente cesantes, que han visto un deterioro en la calidad de su empleo pues han tenido que autoemplearse o prestar servicios en el ámbito informal”.Situación del empresariadoNostas aclaró que el hecho se abran más empresas o se tenga un mercado interno creciente no son indicadores adecuados para medir el crecimiento empresarial privado. “El contrabando; las asimetrías y la irracionalidad de las políticas laborales; la falta de incentivos para el crecimiento de la industria; la presión tributarias y el abuso en los mecanismos estatales de fiscalización, entre otros, son frenos permanentes que se han impuestos sobre el sector privado nacional y que impiden un crecimiento equilibrado, armónico y sostenible”, sentenció.Finalmente señaló que el empresariado boliviano es vulnerable, no solo a los cambios de la macroeconomía, sino a las alteraciones de las normas y las políticas que se implementan desde el Estado; además presenta desigualdades entre rubros, regiones e incluso naturaleza jurídica. “Hoy tenemos situaciones críticas en todo el empresariado de Tarija y Pando, además que hay miles de pequeñas y medianas empresas en riesgo de desaparecer; una situación muy difícil en las empresas agropecuarias y de textiles; aunque también hay sectores como la banca y la construcción que han crecido de manera sostenida. Por eso no se puede tomar decisiones sobre la totalidad de las empresas asumiendo que todas están en la misma situación”, finalizó.