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El senador opositor Oscar Ortiz requirió este miércoles al Ministerio de Hidrocarburos y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos que hagan público el informe de Transparencia que derivó en la anulación del contrato con Tecnimont para la construcción de la planta de propileno y polipropileno en Tarija, por $us 2.200 millones.
El parlamentario Demócrata -quien anteriormente reveló las irregularidades en el proceso de contratación de la italiana Drillmec para la provisión de tres equipos de perforación- consideró muy necesaria la anulación del contrato con Tecnimont, al considerar que de esta forma se estaría evitando lo que se presume pudo ser el caso más grande de posible corrupción en el país.
Sin embargo, según Ortiz el caso actual no debe quedar así, por lo que anunció presentar un requerimiento a YPFB y a la cartera de Hidrocarburos “a fin de que se haga público el informe de la Unidad de Transparencia por el cual se establecieron las causas que dieron origen a la anulación del contrato”.
“No nos pueden decir simplemente que es por errores administrativos. Los bolivianos tenemos derecho a conocer cuáles fueron las verdaderas razones. Además, (el caso) debe ser procesado por la Contraloría General del Estado y por la Fiscalía General del Estado. Esto ratifica lo que vengo pidiendo. El caso Taladros no es el único y aquí se debe investigar y auditar el conjunto de los contratos por montos mayores suscritos durante la gestión de (Guillermo) Achá”, manifestó el político de oposición.
Ortiz manifestó también que en el informe oral del martes -realizado a petición suya y en el que el ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez dio a conocer de la anulación del contrato con Tecnimont- hizo notar al ministro que su persona tiene responsabilidad para ejercer control y evitar este tipo de situaciones en la estatal petrolera.
“El Ministerio de Hidrocarburos tiene dos directores en YPFB. No puede ser que sigamos con estos estos contratos millonarios por invitaciones directas y sin publicaciones, sin transparencia y en los cuales algunos funcionarios deciden a quien invitan y a quien adjudican”, señaló el legislador Demócrata.
Finalmente, Ortiz dijo que la ciudadanía no cree que un contrato de dos mil millones de dólares pueda ser anulado sólo por ‘errores administrativos’, por lo que pidió al Gobierno que deje de proteger la gestión del cesado Guillermo Achá y que se realice una auditoría especial para esclarecer todos los casos.
Fuente: (Prensa Demócrata)