Hernán Cabrera Maraz Ex-Defensor del Pueblo
La trata y tráfico de personas, la violencia sexual a niñas y adolescentes, y la violencia contra las mujeres fueron las principales preocupaciones y los ejes transversales en la gestión defensorial de la gestión 2010-2016, y en que en su tiempo las autoridades nacionales, departamentales y municipales no le dieron la importancia ni tenían las respuestas adecuadas.
Incluso un Ministro de Estado dijo que el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, inventaba historias, cuando denunció que en Potosí se traficaba o se vendía niños entre Bs 100 a 500, lo que puso en movimiento a todo el país. Luego vinieron las investigaciones y se comprobó que así había sido, que la trata y tráfico de personas en las fronteras estaba en su auge. Se pudo comprobar este extremo de violación a los derechos humanos. Y después vinieron varias leyes.
En Santa Cruz a través del instrumento de trabajo que teníamos en esos años, como es la Defensoría del Pueblo, pusimos en el tapete las tres temáticas, denunciando en todos los foros, asambleas, reuniones, encuentros marchas, conferencias de prensa, entrevistas una realidad cruel y vergonzosa: cada día entre 4 a 5 niñas y adolescentes son violadas; cada día entre 25 a 30 mujeres sufren algún tipo de agresión, y cada día desaparecen una o dos personas. Advertíamos que frente a estos hechos en el marco de los derechos humanos, deberían estar basadas las políticas públicas de la Gobernación y los gobiernos municipales, que tienen todas las competencias a través de sus leyes, ordenanzas, POAS y otros mecanismos de acción. Pero al parecer, han priorizado otros niveles de inversión y de acciones, lo que se desvela que estamos construyendo una Santa Cruz si rostro humano.
Pues bien, hoy esta realidad se ha profundizado y ha desnudado la debilidad en las gestiones públicas para afrontarla y la crisis en que está sumida esta sociedad, la cruceña. Hay quienes que todavía no creen en estas cifras, pero mientras tanto cada día los medios de prensa nos informan, que una adolescente mató a su bebé, porque fue violada; primos violan a una niña; padrastro abusa a adolescente; mujer es golpeada y quemada; adolescentes se suicidan; maestro maltrata a niños; niña muere atropellada, y las noticias siguen y siguen, interpelándonos a cada uno de nosotros, como preguntándonos qué futuro estamos construyendo para esas generaciones, y cuál es nuestra responsabilidad de tan grave situación de vulneración a los derechos humanos fundamentales, como la vida, la dignidad, la integridad.
Las estadísticas han aumentado de manera incontrolable, así lo establece la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que por día registra 3 o 4 casos de violaciones, y al año tiene más de 15.000 hechos de violencia contra la mujer en todas las formas; y desde el año pasado a la fecha siguen desaparecidas más de 450 personas, siendo la mayoría niñas y adolescentes. Como es el caso de Maria Alejandra que al subir al micro, llama a su madre, le dice que ya llegará y que en el camino desapareció, sin que nadie sepa hoy de su paradero. Hecho que ocurrió en febrero del 2016, cuya madre no pierde la esperanza de encontrarla y sigue tocando todas las puertas.
Estos son los temas estructurales que la sociedad y sus autoridades deben abordar sin tapujos, sin miedo, sin prejuicios, sin cálculos, sin dogmatismos, sin poses demagógicas, porque los tres complejos problemas nos ponen al descubierto de forma clara y contundente, que somos una sociedad permisible y cómplice, e indiferente, porque quizás piensan que esa niña violada, esa mujer golpeada, esa adolescente secuestrada, ese niño maltratado no es alguien cercano y que solo ocurre en los barrios periféricos o en las zonas rurales.
La toma de conciencia y el asumir las decisiones es de forma compartida y colectiva. Sin duda, las autoridades en el cumplimiento de todo ese abanico de leyes que combaten esos delitos, además de cumplir sus responsabilidades; de la familia, que viene a ser el punto central de educación, formación, prevención y opciones; los medios de comunicación convocados a generar una mejor información; las universidades que no solo deben formar profesionales ajenos a su realidad, y de cada uno de nosotros, como ciudadanos con deberes, obligaciones y derechos.
Hernán Cabrera Maraz Ex-Defensor del Pueblo