La UMSA anticipa el fracaso del proceso por existir manoseo político. El MAS aplaca las observaciones, alista una serie de impugnaciones y coadyuvará en la redacción de preguntas
Mañana se inicia la fase de impugnaciones en el proceso para elegir magistrados del Poder Judicial. Son 270 postulantes los habilitados tras la revisión de documentos en la comisión Mixta de Constitución del Legislativo, 111 para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y 159 en el caso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); del total, 175 son varones y 95 mujeres, 71 se autoidentifican como indígenas, originarios y campesinos.
El reglamento de preselección, aprobado por la Asamblea en abril pasado, establecía en su artículo 25 que se debían cumplir con dos parámetros, uno de paridad de género y otro de plurinacionalidad, mismos fueron dejados de lado con una norma transitoria, antes que fuera declarada desierta la primera convocatoria.
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La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Valeria Silva admitió que “hubiéramos querido que exista paridad”, pero instó a ver las cifras en “términos históricos”. Ponderó personalmente que los mejores currículums sean de mujeres y anticipó que a pesar de verse casi duplicadas por los varones, las profesionales puedan llegar a la última instancia del proceso de elección de candidatos.
Según una revisión de datos, Potosí y Tarija son las regiones en las que menos aspirantes existen, 19 y 21, respectivamente, mientras que la mayor cantidad proviene de Chuquisaca y La Paz, con 43 y 37 profesionales que siguen en carrera.
Son 36 postulantes para el TCP y el mismo número al TSJ que debe elegir la Asamblea Legislativa hasta la primera semana de septiembre. Una vez concluida la fase de impugnaciones, la comisión comenzará con la evaluación de méritos y las pruebas escrita y oral.
Funcionarios públicos
El jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, afirmó que un 72% de los postulantes que quedaron habilitados tienen o ejercieron cargos en los órganos Ejecutivo o Judicial. Impugnarán a quienes a su juicio tienen relación con el partido en función de Gobierno, aunque reiteran que piden una nueva convocatoria.
“Nos ratificamos, es un proceso de preselección absolutamente politizado, no garantiza ni transparencia ni idoneidad. Lo que nació mal, terminará mal. Hemos revisado, un 72% aproximadamente son funcionarios públicos, tenemos los nombres y vamos a impugnar”, dijo el senador opositor.
La presidencia de la instancia legislativa que lleva adelante este proceso, Adriana Salvatierra, aseguró el cumplimiento estricto de la convocatoria. Pidió a la población y a la oposición que presenten de forma documentada sus observaciones a postulantes hasta el 7 de agosto. Resaltó que tres militantes, una del MAS y dos de demócratas, fueron inhabilitados.
UMSA ve manejo oscuro
El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, adelanta el fracaso del proceso, debido a que profesionales fueron ahuyentados por el “manoseo político” que existe en el Legislativo. “Hay gente vinculada al Gobierno, a la administración pública; incluso hay personas que ya ejercieron la administración judicial y ahora solo quieren cambiarse, eso no necesitamos”, afirmó el representante.
Sobre la evaluación, consideró que “si se trata de esperar, algo sucio vendrá, pero no creo que haya nada transparente”.
Mediante una nota, el Sistema de la Universidad Bolivia confirmó su participación en la segunda etapa del proceso, mientras que Silva dijo que legisladores se sumarán a la elaboración de las preguntas.
Fuente: eldeber.com.bo