Son 1.003 ordinarios, 57 agroambientales y 21 disciplinarios que no logran satisfacer la demanda. Los recursos que se le asigna no llega ni al uno por ciento del Presupuesto General de la Nación, lo que no permite administrar eficientemente la justicia en el país
En Bolivia existen 1.004 jueces en los tribunales departamentales para atender las causas ordinarias; además de otros 57 juzgados agroambientales y 21 para atender materia disciplinaria. Esto significa que en todo el país hay 1.082 administradores de justicia para resolver más de 800.000 causas que están en trámite y atender a los 11,1 millones de habitantes.
En 2016 ingresaron 395.814 causas que se sumaron a las que ya estaban en marcha, lo que hizo que la pasada gestión cerrara con 870.252 procesos en trámite.
En promedio hay 10 jueces por cada 100.000 pobladores. A pesar de que la situación ha mejorado con relación a 2011, cuando había 8,4 administradores de justicia por cada 100.000 personas, el país se mantiene por debajo del promedio de América Latina, que alcanza a 11,8 administradores de justicia por cada 100.000 personas. El informe de gestión de 2016 presentado por el Consejo de la Magistratura tampoco es halagüeño, pues un juez en materia civil atiende entre 1.500 y 2.000 causas, mientras que uno de materia penal puede recibir hasta 3.000.Según el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Fidel Tordoya, esta es una de las causas de retardación de justicia en el país y del hacinamiento que existen actualmente en las cárceles bolivianas. En su criterio, el Estado boliviano tiene que apuntar a duplicar la cantidad de jueces para mejorar la administración de justicia, así como aumentar el presupuesto asignado anualmente al Órgano Judicial.El problema de la justicia toma relevancia momentos en que está en marcha la etapa de selección de candidatos del Órgano Judicial, previsto para concluir el 3 de diciembre con la elección de magistrados por voto popular.
Mal crónicoEl problema de la justicia en el país es tan crónico que no se resuelve con la elección de magistrados, afirmó el ex fiscal William Herrera. “Si este asunto se arreglara con ese proceso, todo se habría resuelto con las elecciones de 2011”, cuando fueron los magistrados del Órgano Judicial fueron escogidos por primera vez por votación popular, insistió Herrera.En contrapartida, el presidente de la Cámara del Senado, José Alberto Gonzales, admitió que el problema de la justicia es uno de los más difíciles de resolver en el país, pero adelantó que la elección de magistrados y la aprobación del nuevo código del sistema procesal penal contribuirá a mejorar el sistema. Además, sugirió a las universidades que revisen sus programas de estudios y contenidos porque son muy antiguos y “totalmente anacrónicos”.El jurisconsulto Arturo Yáñez Cortes, con 25 años de ejercicio del Derecho, señaló que el sistema se ha pervertido a consecuencia de la injerencia política y partidaria. “La solución es que las instituciones cumplan con su rol para las que fueron creadas; esto significa que el juez tiene que ser el dirimidor de un conflicto y el que ponga límite al ejercicio del poder, a fin de garantizar los derechos humanos de las personas”.
El año pasado fueron destituidos 23 jueces en todo el país por incurrir en abusos en el ejercicio de sus funciones, según el informe de la Magistratura. El ministro de Justicia, Héctor Arce, designó esta semana a César Romano Molina como nuevo director de nacional de Lucha Contra la Corrupción, y le encomendó, precisamente, asumir el reto de ser parte de la lucha contra la ‘lacra’ de la corrupción que, a su juicio, ‘carcome’ a las instituciones y a la sociedad.La presidenta de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca, Janeth Calvo, advirtió esta semana de que la dimisión de secretarios del Tribunal Departamental de Justicia, ordenada por el Consejo de la Magistratura, genera mora procesal en los diferentes juzgados de ese departamento.
En los nueve departamentosDe acuerdo con la distribución de los jueces, el departamento de La Paz es el que cuenta con la mayor cantidad de juzgados en el país, con 182. De ese total, 123 están en la ciudad capital, otros 59 están asentados en la ciudad de El Alto y 56 en las provincias paceñas. Santa Cruz, el departamento más poblado de Bolivia (3,1 millones de habitantes), tiene 197 administradores de justicia en toda su jurisdicción. De esos, 126 atienden en la capital, mientras que 71 operan en las provincias. El tercer departamento con más jueces es Cochabamba, con 168. Según informes del Órgano Judicial, 88 cumplen funciones en el área urbana y 80 en los juzgados de provincias.
Con baja puntuaciónHay estudios que ubican a Bolivia entre los países cuyos ciudadanos expresan baja confianza en la justicia. Según la edición del Barómetro de las Américas, que realiza el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop) que publicó Infobae en 2015, Paraguay es el país de América Latina con menor confianza ciudadana en el sistema judicial. Los encuestados otorgaban un puntaje medio de 32,7 sobre 100. El segundo ubicado es Perú, con 35,5, y el tercero es Ecuador, con 38,6. Luego figuran Haití (39,6), Bolivia (40,4), Argentina (41,1), Venezuela (41,9), Trinidad y Tobago (42,6), Chile (44,1) y Guatemala (44,4). El problema de la justicia boliviana tampoco es aislado de la realidad que viven países en otros continentes. La Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia expresó el año pasado, en su informe bianual sobre el estado de los sistemas judiciales europeos, que España tiene la mitad de jueces y fiscales que el resto de los países de Europa.Por cada 100.000 habitantes en España hay 11 Jueces y cinco fiscales, mientras que la media del resto de países de Europa asciende a casi 18 jueces y más de 10 Fiscales por cada 100.000 habitantes, según lo reflejó en su página el diario16.com.
Activar medios alternativos El constitucionalista y exmiembro del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera destaca que la conciliación es un mecanismo para enfrentar la crisis judicial respecto a la retardación de justicia. Esto permite, según él, que antes de iniciar un pleito judicial, que contribuya con la sobrecarga del flujo procesal, una instancia conciliadora puede alcanzar soluciones.La ley 025 del Órgano Judicial estableció que todos los juzgados públicos tengan entre sus integrantes a un conciliador experto, pero no se podido implementar, informó Rivera. Esto en razón, primero, a que en la partida presupuestaria del Órgano Judicial es insuficiente y no alcanza, ni siquiera, para crear más juzgados. “Se ha creado centros de conciliación colectivo en algunos tribunales departamentales de justicia, que está dando buen resultado”, apuntó.Además de ello recomienda crear los juzgados de paz que también puedan resolver otros tipos de conflictos menores, como sucede en países como Colombia.
Falta formación desde la óptica de los derechos humanosLa calidad de la enseñanza y los contenidos que se ofrecen en las facultades de Derecho también están en la mira de los expertos. Consideran que deben mejorar para contribuir con resolver el problema de la justicia en el país. El abogado Arturo Yáñez dijo que es necesario que los futuros profesionales en leyes reciban una formación desde la óptica de los derechos humanos, porque en este momento el rol en que se desenvuelve el profesional es el de luchar contra el poder.
Por su lado, Eliana Roca Serrano, docente de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, señala que se necesita reformular la currícula en las facultades, pero más que todo en el sistema para regular en los niveles de primaria y secundaria porque los estudiantes llegan con graves falencias en la formación humana.
La docente asegura que en la universidad estatal cruceña se han hecho ajustes para introducir materias como derechos humanos, derecho indígena y resolución de conflictos.Dijo que también hay profesionales que mal interpretan la ley por diferentes motivos, por eso se pretenden que el estudiante no solo memorice, sino que tenga principios éticos. También hay que tomar en cuenta que el derecho se ha globalizado y está en constante evolución, por eso es imposible enseñar derecho sin haber revisado la legislación actual, que tiene grandes cambios.A su vez el exfiscal William Herrera dijo que las universidades enfrentan problemas porque no son una isla y son un reflejo del Estado. Afirmó que los administradores de la justicia se forman en las aulas universitarias con materias que eran impartidas el siglo pasado.El abogado señala que lamentablemente la carrera judicial no es llamativa, porque los grandes talentos jurídicos no se someten para estar sujetos de denuncias y ganan muy poco. Lamentó que en Bolivia se sancionan leyes y las universidades no están acompañando esto.El arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, en su homilía del anterior domingo hizo un llamado a los administradores de justicia para que ejerzan su oficio con sabiduría y prudencia, con estricto respeto a la verdad y libres de cualquier presión económica, social y política. “Solo una justicia independiente, recta e imparcial, puede recuperar la credibilidad de la población, evitar los sufrimientos de tantas personas inocentes y los sentimientos de impotencia y de rencor en personas que, por la retardación de justicia, siguen privadas de libertad”.
Fuente: eldeber.com.bo