Aprueban el artículo 153 del Código de Sistema Penal referido al aborto


[vid url=http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2017/09/PB1709290756.mp4]Las modificaciones que se discuten en Diputados han ocasionado los reclamos de grupos de corte principalmente religioso que se han manifestado en contra arguyendo que se atenta contra la familia.La Cámara de Diputados aprobó anoche en detalle el artículo 153 del proyecto de ley del Código del Sistema penal, que reduce las causales por las que un aborto puede llevar a la cárcel a quien lo practica, pero en su redacción resignó las causas socio económicas.El artículo señala que el aborto no se no constituirá en una infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer cuando se realice durante las primeras ocho semanas de gravidez, por única vez; sea madre de tres o más hijos o hijas o sea estudiante.Tampoco será cuando se realice en cualquier etapa de la gestación para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, prevenga un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada, se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, el embarazo sea consecuencia de violación o incesto o cuando la embarazada sea niña o adolescente.La diputada Sonia Brito explicó que se ampliaban las causales socioeconómicas, «no porque no sea justo, sino es la que se utilizó de mala manera. En toda la campaña que se hizo en contra de este punto, se dijo que son las mujeres pobres las que abortan. Nosotros habíamos tomado en cuenta. Por eso ya no está», manifestó.La presidenta Gabriela Montaño destacó la importancia de la aprobación para acabar con el aborto impune. Señaló que ella como médica vio morir a varias mujeres por complicaciones tras practicarse una interrupción del embarazo de forma clandestina en lugares insalubres. Como dato, manifestó que 500 mujeres mueren por año debido a este tema y principalmente, lo hacen las mujeres con bajos recursos. «Es la tercera causa de muerte en el país».Los legisladores Sonia Brito, del MAS sorprendió a sus compañeros de partido. A ella se sumaron sus colegas Julio Huanca y César Sánchez, del PDC. Todos ellos se manifestaron en contra de la aprobación del artículo, porque dijeron que priorizan sus convicciones religiosas antes que la reivindicación Romina Pérez, del MAS, recordó que la CPE es laica, y recordó que lo religioso no de puede mezclar con lo político. «A los compañeros creyentes, recordarles que las luchas de los pueblos, donde se loograron conquistas tuvieron esa caracteríisticas, la separación de religión y políticaLa diputada Shirley Franco, de UD, señaló que en el artúculo de invisibiliza al varón y se le otorga responsabilidad unilateral, «dónde queda la responsabilidad del padre. Esta es una problemática y en esta norma criminaliza a la mujer , Se debería establecer a los que financian y pomueven un aborto, o lo promueven», dijo.Ximena Costa destacó que la mayoría de los legisladores que se oponen son varones. «Hay otro tipo de delitos que deberíamos incluir en el artículo para sancionar delitos que se cometen cuando se lleva a una mujer a cometer un delito.Este problema no se resuelve con la penalización o despenalización, esta morma tiene que ver con la mortalidad de las personas por la práctica del aborto. Deben habilitarse otras estrategias para crear conciencia sobre el aborto a través de la educación». Insistió que se debe penalizar a «la otra parte» que no asume su responsabilidad en la decisión del aborto.Montaño respondió que es muy complicado generar los mecanismos para penalizar al hombre. «¿Cómo haríamos para probar la paternidad en el caso de un aborto?, estamos hablando de un sistema penal, que debe tener sustento en las pruebas».La presidenta de la Comisión de Constitución, Susana Rivero, explicó que se basó en el derecho a la vida, estipulada en el artículo 15 de la CPE, pero también la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres. . Mencionó también una sentencia constitucional, que exhorta a la Asamblea a desarrollar normas que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se enfoquen en resolver los abortos clandestinos.Fuente:PAT, El Deber