De esa cantidad, 20 mantienen contratos activos y 19 soldados reportados están pendientes de confirmación respecto a su ubicación actual. También se tiene cuatro heridos y uno en proceso de desvinculación militar.
eju.tv / Video: Cancillería
El canciller Fernando Aramayo informó este martes por la tarde que el Estado boliviano mantiene bajo seguimiento 26 casos de ciudadanos bolivianos reclutados a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, de los cuales 20 mantienen contratos activos, cuatro se encuentran heridos, uno falleció y otro fue repatriado al país. La autoridad aseguró que la Cancillería activó gestiones diplomáticas y consulares desde noviembre de 2025 para atender cada uno de los casos.
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«Nosotros tenemos registrados 26 casos de ciudadanos bolivianos bajo seguimiento, vinculados a las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. De ellos, 20 mantienen contratos activos y 19 soldados reportados están pendientes de confirmación respecto a su ubicación actual», informó Aramayo, ante la consulta sobre la situación actual tras el reclutamiento de compatriotas bolivianos hacia Rusia y Ucrania.
El canciller detalló además el estado de situación de los connacionales identificados por la Cancillería. «Tenemos cuatro heridos confirmados en hospitales de campaña, uno de ellos en proceso de desvinculación militar. También registramos un ciudadano con vida y en condición estable, un fallecido y un ciudadano que fue repatriado exitosamente a Bolivia», precisó.
Aramayo explicó que, tras asumir funciones en noviembre de 2025, la Cancillería inició acciones por las vías diplomática y consular para asistir a los bolivianos involucrados.
«Desde noviembre de 2025, apenas asumimos funciones en la Cancillería y tomamos conocimiento de estos hechos, iniciamos acciones para atender cada uno de los casos mediante las vías consular y diplomática», sostuvo.
Como parte de esas gestiones, señaló que entre el 6 y el 9 de junio de este año se envió una misión consular a Donetsk, actualmente bajo control de Rusia, para verificar la situación de uno de los ciudadanos bolivianos.
«Entre el 6 y el 9 de junio de 2026 se envió una misión consular a Donetsk para verificar personalmente la situación de uno de nuestros connacionales y gestionar su renuncia a las Fuerzas Armadas rusas. Además, se acompañó todo el proceso de atención médica que requería este ciudadano boliviano», afirmó.
Asimismo, informó que el pasado 17 de julio sostuvo una reunión de alto nivel con el embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Verchenko, de la que surgió un mecanismo de coordinación bilateral.
«Como resultado de ese encuentro, se estableció una hoja de ruta bilateral y un canal directo de información para dar seguimiento prioritario a todos estos casos», indicó.
El canciller agregó que Bolivia remitió notas verbales a las autoridades rusas para solicitar información sobre la localización de los connacionales, brindar asistencia consular y gestionar, cuando correspondía, su desvinculación de las Fuerzas Armadas de Rusia. Respecto a la investigación penal, Aramayo aclaró que el caso corresponde ahora al Ministerio Público y al Órgano Judicial.
«Actualmente, este caso se encuentra en manos de las instancias judiciales, ya que corresponde a esas autoridades investigar los posibles hechos delictivos relacionados con un eventual reclutamiento o intermediación. Como Órgano Ejecutivo, seremos respetuosos de las competencias de las instancias judiciales, que se encuentran en plena fase investigativa, por lo que evitaremos realizar acciones que puedan entorpecer el desarrollo de las investigaciones», manifestó.
Las declaraciones del canciller se conocen un día después de que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la Fiscalía investiga cuatro casos relacionados con el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Según la autoridad, tres personas fueron enviadas con detención preventiva, se identificó al principal reclutador y se emitieron nuevas órdenes de aprehensión contra otros presuntos implicados.
Las investigaciones surgieron tras denuncias de ciudadanos que habrían sido captados mediante ofertas de trabajo y promesas de altos ingresos económicos para viajar a Rusia, con el presunto objetivo de incorporarlos al conflicto bélico con Ucrania.
