Samuel: Gobierno boliviano se pone del lado de una firma extranjera (Video)

Samuel dice que el Gobierno se pone del lado de una firma extranjera

Asegura que pagó sus impuestos por la venta de acciones de Soboce a Chihuahua. Luego, le ganó un arbitraje por $us 36,1 millones a los mexicanos, de los cuales pagará casi $us 10 millones de impuestos cuando traiga los recursos al país El Deber / Pablo OrtizSamuel Doria Medina, uno de los empresarios mencionados por autoridades del oficialismo en la investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre los Papeles de Panamá, asegura que el Gobierno se está poniendo de parte de una empresa extranjera con tal de dañarlo políticamente.El empresario y jefe de Unidad Nacional, que quedó segundo en las últimas elecciones generales, tiene documentos que demuestran que la empresa de su familia, Compañía de Inversiones Mercantiles S.A. (Cimsa), le ganó un arbitraje internacional en la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial a la empresa Grupo Centros de Chihuahua (GCC) por $us 36,1 millones por concepto de daños y gastos, y debido a que no aceptó negociar el monto de la indemnización, fue denunciado ante la comisión que investiga las empresas offshore de bolivianos en Panamá.“De estos $us 40 millones que me van a tener que pagar, 10 millones son para el Estado por impuestos, pero el Estado boliviano se pone del lado de los otros. Los otros 30 millones los voy a traer al país para invertirlos, pero los tontos del Gobierno se ponen del lado de los otros”, reclamó.La acusaciónEl lunes, Sergio Sainz, representante de GCC, aseguró ante la comisión de la Asamblea que su empresa pagó un monto mayor al declarado por Doria Medina en 2005 y que la compra de acciones se realizó a la empresa offshore Akapana. Doria Medina niega la primera parte.Explica que en 2005, los socios ingleses de Soboce decidieron vender su paquete accionario. Las acciones comunes fueron traspasadas a Doria Medina con un préstamo de 36 millones que no tenía interés el primer año y que, a partir del segundo, se multiplicaba geométricamente. Por ello, el grupo familiar comenzó a negociar su paquete, más las acciones preferentes en manos aún de los ingleses, y logró el interés de la empresa mexicana. De acuerdo con el jefe de UN, para que la relación comercial no se vea normada por las leyes bolivianas (habían tenido una mala experiencia en Centroamérica, asegura Doria Medina que le dijeron), los mexicanos pidieron que la venta se realice a través de una empresa con residencia legal en otro país.El ahora dueño del hotel Los Tajibos asegura que se estudió establecer una empresa en EEUU y Uruguay, pero el trámite era más rápido en Panamá. Así se constituyó la empresa Akapana S.A., a la que se le transfirió las acciones de Soboce. Asegura que, asesorados por un estudio de Abogados y la consultora Price Waterhouse Coopers, especialistas en impuestos y transacciones comerciales, se estableció que por las utilidades relacionadas con la venta de las acciones, se debían pagar Bs 20 millones de impuestos, monto que se canceló al Estado boliviano. “La venta fue una operación pública que se informa a la bolsa de valores. No hubo ningún problema e Impuestos Internos lo ha revisado unas 10 veces”, asegura.El problema surgió, según el tres veces candidato a la Presidencia, en 2010, cuando el Gobierno nacionalizó Fancesa y los mexicanos decidieron vender sus acciones.En ese momento, le informan al grupo Cimsa que querían vender sus acciones, ya que en la transacción de septiembre de 2005 el grupo de los Doria Medina se había asegurado una opción preferencial en caso de que los mexicanos quisieran negociar el paquete recién adquirido (46% del total). Cimsa envía una carta notariada a Chihuahua dándole a conocer su interés de recuperar todas las acciones, cuando se le comunica que ya había sido vendido al Consorcio Cementero del Sur, empresa peruana que termina por comprar todo el paquete accionario de Soboce.Por este motivo, Doria Medina lleva a un arbitraje internacional en Nueva York a Chihuahua, lo gana y solicita a las autoridades estadounidenses que congele los bienes de la cementera mexicana hasta que honre la deuda, que ya supera los $us 40 millones por los intereses acumulados. La GCC ha interpuesto una acción ante el Tribunal Constitucional de Bolivia para evitar el pago. El empresario y político considera que el fallo saldrá en octubre y los mexicanos deberán honrar la deuda o someterse a un remate en EEUU.La política e ImpuestosPese a que la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, cifra la supuesta omisión impositiva del jefe de UN entre $us 30 millones y 40 millones, el presidente de la Comisión Papeles de Panamá prefiere esperar hasta el final de su indagación (mañana se debatirá el informe) para dar un monto. La comisión maneja la hipótesis de que la transferencia del paquete de Cimsa a Akapana y la venta a Chihuahua se llevó a cabo el mismo día con una subvaluación y que esto debe ser investigado por Impuestos.Para Doria Medina, esta denuncia llega en un momento ideal tanto para Chihuahua como para el Gobierno. Por un lado, la empresa mexicana trata de librarse de un pago millonario y, por otro, el Gobierno trata de desviar la atención de la acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por la bancada oficialista para tratar de repostular a Evo Morales por la vía judicial. Asegura que el nexo entre ambos es el abogado Iván Lima, que fue posesionado en 2014 como juez del Tribunal Supremo de Justicia por designación directa del presidente, representa ahora a los mexicanos y es candidato en las elecciones judiciales de diciembre al Tribunal Constitucional. “No tengo pruebas, pero nos han querido extorsionar, nos pidieron que bajemos el arbitraje que ganamos o si no esto terminaría en el Congreso”, dijo el empresario.Con diferenciasAdemás, Doria Medina cree que no es tratado de forma igualitaria a la empresa mexicana. En noviembre de 2011, para venderle sus acciones a la empresa peruana, Chihuahua consultó a Impuestos Nacionales si debía pagar impuestos por la transferencia de acciones entre dos empresas que no tenían domicilio legal en Bolivia. La respuesta del presidente interino del SIN fue que no se encontraba sujeto al pago del impuesto a las utilidades. Así consta en el Cite 03555/2011.Doria Medina recuerda que las normas obligan a las compañías a guardar su documentación por 10 años, que la venta fue hace 12 años y que si esa transacción genera obligación de pago de Impuestos, Chihuahua debería pagarlos, porque su caso no ha precluido. Finalmente, no cree que este caso se convierta en su juicio número 18, ya que la venta de acciones no se hizo a título personal, sino de una compañía compuesta por más de 60 personas en 2005.Doria Medina ya tiene destino para esos millones que le debe Chihuahua. Su familia lo invertirá en dos torres de 30 pisos en Equipetrol y en el edificio más alto del país, 41 pisos en una avenida céntrica de La Paz.