El canciller Huanacuni, muy suelto de cuerpo, ha dicho ayer, como quien papas pela, que Evo Morales va a continuar hasta el año 2025 y que eso lo tengamos por seguro. Con esa declaración tajante y sin ambigüedad alguna, el jefe de gabinete del Gobierno nos ha dicho que les importa un reverendo bledo lo acordado en la Asamblea Constituyente y el cumplimiento de una Constitución aprobada por el voto ciudadano. Nos ha dicho también que se desentienden de la promesa de Morales, que en varias oportunidades dijo, que una vez que cumpliera su mandato, se iba a retirar al Chapare a retozar con una quinceañera. Nos ha dicho que se ríen de janeiro en el resultado del referendo del 21F/16, en el que la mayoría de los bolivianos le dijimos claramente que NO al intento de reformar la Constitución para perpetuarse en el poder. Nos ha dicho, para que nos quede bien claro, que los tiene sin cuidado las movilizaciones del 21F/17 y del 10/10, en las que cuatro gatos colmamos las plazas de todo el país exigiendo el respeto a nuestro voto y a nuestra dignidad. Y nos ha dicho, ojo, que no importa cuál vaya a ser el fallo del Tribunal Constitucional, porque ellos han decidido que Evo va a ser presidente hasta el 2025. No hace falta entonces ser Julio Verne para imaginar que tampoco les va a importar mucho cuál sea el resultado de las elecciones del 2019, en la medida en que debemos tener por seguro que Evo será presidente hasta el 2025. Lo que no nos ha dicho es exactamente el cómo, pero de eso se han ocupado sus compañeros masistas en el Parlamento, aprobando un artículo del Código Penal mediante el cual sancionarán con la cárcel a quienes tengan la osadía de protestar contra el Gobierno. Más allá de cualquier interpretación jurídica, el diputado masista Víctor Borda ha justificado la medida indicando, sin más vueltas, que no puedes movilizarte contra un gobierno elegido democráticamente. Así de sencillo. Para que lo entendamos mejor, ha dicho también que no admitirán que las marchas por reivindicaciones generen inestabilidad social. Más claro, agua ¿no? Lily Gabriela, la presidenta de los diputados, ha intentado tomarnos el pelo nuevamente afirmando que se ha aprobado un artículo ya existente, pasando por alto astutamente el hecho de que le han aumentado la parte que establece los años de prisión y, oh sorpresa, la inhabilitación de los infractores. Y es que en ese detallito de redacción está justamente el cómo harán realidad la sentencia del canciller Huanacuni: descabezando a todas las oposiciones a través de la inhabilitación. Esta disposición se suma a la colección de mecanismos orientados al uso político de la justicia para anular y encarcelar a todo el que les cruce en el camino de la permanencia en el poder, y para amedrentar a una ciudadanía que los ha sorprendido ingratamente con su determinación de salir a las calles a defender sus derechos democráticos. El mensaje de fondo que nos están dando es que la pensemos mil veces antes de seguir movilizándonos por la democracia, porque han decidido endurecer la penalización de la política y del ejercicio de la ciudadanía. O sea que ya sabes: si quieres seguir libre y habilitado, pianito nomás. Ilya Fortún es comunicador social. Fuente: paginasiete.bo