Colombia: A un año del fin de la guerra, las FARC exigen tierras

Colombia: A un año del fin de la guerra, las FARC exigen tierras

Partidarios del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC en la plaza Bolívar de Bogotá.

Se cumple el primer aniversario del final de un conflicto de más de cinco décadas. El reto es consolidar los acuerdos.



Hace exactamente un año, el 24 de noviembre de 2016, se firmó un segundo acuerdo de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

El primer acuerdo entre ambas partes, para poner fin a una guerra de más de 50 años, había naufragado luego de ser sometido a un referéndum en octubre de ese mismo año.

Un segundo intento debió ser aprobado por la Corte Constitucional, mediante una formula denominada ‘Fast Track‘, que consistió en reducir la cantidad de debates y procedimientos para aprobar leyes, siempre que estuviesen vinculadas con el fin del conflicto.

Puntos centrales

El fin de la guerra en Colombia estuvo sustentado en tres aspectos fundamentales:

  1. Adecuación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), donde se inciaría el tránsito de los combatientes a la vida civil.
  2. Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado y facilitar la participación de las FARC en la vida política.
  3. Adjudicación de la tierra. Normalización de la vida civil. Tres hectáreas para cada guerrillero.

El año según ONU

Una vez entregadas las armas por parte de las FARC, se acordó una segunda misión política de acompañamiento internacional, que se llamó Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.

Los miembros de las FARC hacen cola para recibir comida en un campamento en la Cordillera Oriental. 16 de agosto de 2016. / John Vizcaino / Reuters

Al cumplirse un año de la firma de los acuerdos, ONU Colombia ofreció un balance en el que presentó un panorama desconocido para la mayoría.

Jean Arnault, jefe de la misión de Naciones Unidas en el país latinoamericano, aseguró que de los 8.000 guerrilleros que estaban acantonados en los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), apenas «un 45 %» permanecía en ellos.

Durante un foro convocado por un diario local, Arnault opinó que no podía eclipsarse el hecho de que «a la fecha, un muy alto porcentaje de los exmiembros de las FARC ya no están en los ETCR».

Es un fenómeno que «llama la atención» de la misión de la ONU, ya que los exguerrilleros «eran unos 8.000 al 20 de mayo en las Zonas Veredales». Para el 15 de mayo «quedaba el 70 %», y hoy «estimamos en 45 % los que todavía están», aseguró el diplomático.

Guerrilleros en cifras

Jean Arnault detalló que los registros que posee la misión de verificación dan cuenta de:

  • 12.262 miembros de las FARC que están certificados.
  • 10.445 fueron bancarizados para recibir sus subsidios.
  • 10.218 se afiliaron a los sistemas de salud y de pensión.
  • 5.300 recibieron cursos en economía solidaria.

Miembros de las FARC en un campamento en Yari Plains, Colombia. 9 de septiembre de 2016. / John Vizcaino / Reuters

Como buena parte de la tropa guerrillera estaba integrada por jóvenes campesinos, la ONU pudo certificar que «en 10 de los 26 ETCR existen ahora 22 proyectos productivos en curso, realizados por los exguerrilleros, esencialmente con sus propios recursos«, reveló el jefe de la misión.

También alertó sobre la importancia de adjudicarles tierras que puedan dedicar a cultivos, de manera de facilitar su inserción en la vida civil.

¿Porqué se van?

Aunque no se descarta que muchos excombatientes quisieron reunirse con sus familiares o buscar oportunidades por cuenta propia, la misión de verificación precisó otro aspecto.

«El mayor determinante de las salidas es, efectivamente, de acuerdo a las entrevistas realizadas por la Misión, la pérdida de confianza en las perspectivas que ofrecen los ETCR», indicó Arnault.

Y resaltó que hubo «muchas expectativas incumplidas por mucho tiempo«. Explicó que en algunos casos los exmiembros de las FARC abandonaron «casi totalmente» los sitios asignados y que decidieron trasladarse «a lugares que les parecieron más propicios».

Descontento oficial

El gobierno de Juan Manuel Santos no recibió con mucho agrado la difusión del informe de la misión de Naciones Unidas, informó la capitalina Radio Santa Fe.

El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, firma el acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016. / Jaime Saldarriaga

Rodrigo Rivera, alto comisionado para la Paz, lamentó que Arnault «no haya utilizado los canales diplomáticos y los espacios de trabajo con el gobierno» para manifestar sus preocupaciones.

Consideró que el informe de los verificadores genera «un alerta que no corresponde a la realidad y deja un manto de duda».

Para Rivera, a un año de instrumentarse la paz, «son más los avances que los retrasos», por lo que lamenta que la ONU «se enfoque en lo negativo y no reconozca los logros de la reincorporación».

Por su parte, el director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), Joshua Mitrotti, se refirió al tema de las tierras, expuesto por ONU, y manifestó que «en La Habana no se acordó que los excombatientes tuvieran acceso a tierras», publicó El Espectador.

RT

Balance rebelde

Para el ahora partido político FARC, el cumplimiento cabal de los tres puntos esenciales del acuerdo sigue siendo una exigencia.

Consultado por RT, el documentalista Fredy Muñóz Altamiranda, militante del partido FARC, señaló que el primer paso, la conformación de las ZVTN, resultó el motivo de los primeros reclamos de los exguerrilleros.

«Solo se concluyeron 3 de 23 que debían instalarse. La mayoría fueron obras inconclusas», dijo Muñóz.

En segundo término se refirió a la JEP, que ha sido causa de debate con el Gobierno colombiano en los últimos días.

«Se trata de una jurisdicción integral para garantizar la verdad y la no repetición de esos actos», explicó el documentalista, y manifestó que debe «funcionar como un tribunal aparte de los ya existentes».

En ellos, «el exguerrillero debería presentarse, confesar los delitos», y se le impondrían penas más bajas debido a la colaboración con la verdad.

Todos los involucrados

«Pero también estaban obligados a confesar los militares, paramilitares, políticos, financiadores de paramilitares y todo el que haya movido teclas para que sucedieran masacres, desplazamientos y otros delitos que caracterizan al conflicto en Colombia», explicó el también periodista.

A pesar de lo anterior, la Corte Constitucional aprobó la aplicación de la JEP, «pero no aprobó que los políticos, los militares, los civiles y los terceros, partícipes del conflicto sean juzgados».

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tras la firma del acuerdo de paz. 24 de noviembre de 2016. / Jaime Saldarriaga / Reuters

Freddy Muñoz estima que «el país necesita conocer toda la verdad, y no fue solamente la guerrilla la que intervino».

Finalmente, dijo que la FARC espera que se dé cumplimiento a la entrega de tierras a los excombatientes, una acción que catalogó como fundamental.

«La tierra es la síntesis y la causa original del conflicto armado en Colombia. Por esa razón, la adjudicación de tierras a los exguerrilleros resulta una herramienta para reincorporarlos a la vida civil y productiva», precisó Muñóz.

Ernesto J. Navarro

Fuente: actualidad.rt.com