Leonardo Leigue UrendaMás allá de que puedan existir o no justificaciones para criminalizar ciertas prácticas profesionales y más allá del análisis socioeconómico del principio del derecho penal mínimo, lo cierto es que en Bolivia, incrementar los tipos penales es simplemente darle la posibilidad a que la voracidad judicial, esa tarasca insaciable que comienza por el diligenciero y acaba en el más alto magistrado (con sus excepciones), al ampliar la masa de impacto. tenga más ingresos por la extorsión, en este caso de un cliente premium que hará de «todo» por preservar su prestigio, fundamental para su profesión. Y es que en Bolivia ni la policía ni la justicia discriminan, hay una presunción de culpabilidad uniforme, y aplicar la centenaria fórmula que dice que más vale que un culpable escape a que un inocente sufra, es un desperdicio total del combustible que alimenta a ese «desgraciador» de vidas.