El ‘vice’ alega que el fallo que habilita a Morales se funda en la supremacía del Pacto de San José. Abogados ven que ese argumento funcionaría si no hubiese habido 21-F
Curtido en duelos cara a cara, Álvaro García Linera es uno de los oradores más calificados del Gobierno. Y el Gobierno lo asume. Por eso, ayer, durante el desayuno que cada fin de año comparte el vicepresidente con la prensa, él se hizo cargo —por segunda vez, en menos de cuatro días— de explicar lo que al MAS le parece legal y “transparente, como el agua tibia”: que la decisión del Tribunal Constitucional (TCP) que habilita a Evo Morales (y a él) para 2019 se funda en la supremacía de los acuerdos internacionales (como la Convención Americana sobre Derechos Humanos) por encima de la Constitución, por mandato del mismo texto constitucional. Todo a pesar de que la mayoría del electorado le prohibió al binomio cambiar la Carta Magna para buscar la reelección en el periodo 2020-2025, como resultado del 21-F.
La argumentación del vicepresidente atizó la polémica: según dos abogados de criterios independientes entre sí a los que consultó EL DEBER, el poder del Estado —y de sus cuatro órganos— emana del pueblo y se subordina a él y a su soberanía, que se expresa en el voto, como lo reconoce el artículo 7 de la misma Constitución; de modo que no tiene asidero pretender la sobreposición de la Convención Americana por encima del voto del 21-F.
Así lo han considerado los juristas Daniel Valverde, docente de la Universidad Gabriel René Moreno, y Gary Prado, excandidato a alcalde por el MNR.
Pero las objeciones al ‘vice’ no se han levantado solo desde el ámbito jurídico. Por ejemplo, Samuel Doria Medina, jefe de UN, lo acusó de querer “explicar con sofismas la única verdad: que Evo no es demócrata ni valiente y que, por eso, cuando va a perder, cambia las reglas”. Por Demócratas, el partido de Rubén Costas, el senador Óscar Ortiz, ha dado otra razón: “(la argumentación de García Linera) no responde sobre la tercera parte de la pregunta del referendo (que tenía una aclaratoria de que los resultados para habilitar candidaturas a la reelección se aplicaban para el periodo 2020-2025), por lo tanto, al ganar el No, el pueblo les dijo no a ellos, específicamente”.
Un ida y vuelta con el ‘vice’En el desayuno, García Linera explicó que hubo un referendo para cambiar la Constitución; dijo que la Asamblea Plurinacional recibió ese mandato y no modificó el artículo 168, como establecía una parte de la pregunta de la consulta realizada el 21 de febrero del año pasado. “El artículo está vigente, hemos cumplido”.Entonces se le recordó que la pregunta del referendo tenía tres partes. Primero, la que justifica el vicepresidente: “¿Usted está de acuerdo con la reforma al artículo 168 de la Constitución Política del Estado…”. La segunda parte aclaraba el motivo de la consulta: “…para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente puedan ser reelectos dos veces de manera conjunta”. Y la tercera especificaba el periodo: “por disposición transitoria de la ley de reforma de la CPE, se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda reelección el 2020-2025”.
Se le consultó si cree que el referendo está por encima de la Constitución y de un acuerdo internacional. “La CPE dice que cuando tengas un artículo, el 168 que está vigente, y tengas un acuerdo internacional, aplica preferentemente el segundo”.¿Por encima del referendo?, se le insistió. “Ponlo en la CPE para que diga que cada vez que haya un referéndum será imposible que se pueda modificar”, dijo él. Valverde señaló que el soberano se manifestó el 21-F y que no existe autoridad por encima. Para Prado, el problema es que el Gobierno llevó la reelección a consulta popular primero y fue derrotado. Quizás si iban al TCP primero, Morales y García Linera tendrían opciones. Para él, lo único que le queda legalmente a Morales es llevar su caso a la OEA de Luis Almagro, pues la convención depende de una corte suya.
Fuente: eldeber.com.bo