Claros insiste en que contratación para el tren fue transparente

A cinco meses de la segunda contratación para el proyecto del tren metropolitano, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, insiste en que la contratación de la empresa española JOCA fue transparente. Sin embargo, diputadas de oposición aún mantienen dudas sobre ambos procesos.

Claros se presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional donde fue interpelado durante dos horas y 30 minutos. El pliego de preguntas se refirió a los dos procesos de contratación y detalles técnicos del proyecto.



La autoridad explicó que dada la magnitud y características del proyecto se emitió el Decreto Supremo 2513, aprobado el 2015. Dicha norma permite al Ministerio de Obras Públicas realizar la contratación de una empresa de manera directa.

“No hemos vulnerado ningún procedimiento, porque nos amparamos en un decreto supremo (…) Definimos una contratación directa, llave en mano y con financiamiento del proponente, porque buscábamos ahorrar tiempo. De una manera convencional hubiéramos tardado  hasta cinco años”, afirmó.

De este modo, aseguró que se mandó invitaciones a 39 empresas de varios países. De las cuales se presentaron cuatro, entre ellas: Hyundai, Molinari Rail, JOCA y una cuarta que estaba fuera del presupuesto.

Claros negó que en septiembre del 2015 se anunciara la firma de contrato con Hyundai y aseguró que desde un inicio se apostó por JOCA. Aseveró que la empresa española aceptó todas las condiciones propuestas por el Ministerio de Obras Públicas, a diferencia de Hyundai.

Asimismo, se cuestionó al jefe de cartera por las noticias que se conoció de medios de comunicación españoles, en las que se señalaba que JOCA no tenía solvencia y se le rescindió un contrato por no finalizar una escuela en Arroyomolinos, como se puede verificar en el siguiente link: http://www.lavanguardia.com/politica/20170808/43430357724/la-comunidad-r….

Sin embargo, Claros desmintió dichas noticias y aseguró que se hicieron las averiguaciones correspondientes a través de la Embajada española. La misma habría respondido que JOCA tenía el respaldo financiero del grupo Icadi.

Además, agregó que la empresa española estaba en condiciones de presentarse al segundo proceso de contratación, pues el motivo de la resolución del primer contrato fue por una decisión económica del Estado en lo que respecta al financiamiento del proyecto.

El primer contrato se firmó en septiembre de 2015 sólo con la empresa española JOCA por 504 millones de dólares, que en realidad eran 630 millones por la suma de los intereses. Luego de dos años, en los cuales sólo se tuvo como resultado un proyecto de factibilidad, se decidió rescindir el contrato.

Claro explicó que durante los dos años se trató de conseguir menor interés para el pago de la deuda. Pero, finalmente el Ministerio de Economía dio el visto bueno para que el proyecto, ahora valorado en 447 millones de dólares, sea financiado por el Tesoro General de la Nación.

Para este segundo proceso de contratación se envió invitaciones a 25 empresas. La diputada Isabel Bustamante cuestionó que las cartas se redactaran el 18 de julio, ya que el envío se realizó el día 21 brindando un plazo de presentación de carpetas de cuatro días, hasta el 25 de julio.

Además, aseguró que algunas empresas solicitaron una prórroga que fue negada. Sólo se presentó la Asociación Accidental Tunari, conformada por la española JOCA y la suizo-alemana Molinari.

“El proceso llave en mano establece la ruta y los kilómetros. Lo único que debían decir las empresas era el coste por kilómetro. Bajo esa lógica la respuesta debía ser rápida por lo que se rechazó la solicitud de prórroga”, aseveró el Ministro.

Una vez finalizada la interpelación, Bustamante dijo que aún hay bastantes dudas de los procesos de contratación.

“El Ministro ha tratado de tapar este favoritismo con la empresa JOCA con diferentes resoluciones ministeriales y un decreto supremo, lo que genera más dudas. Además, hubo preguntas a las que les dio vueltas y no respondió”, afirmó.

 

OSSERVACIONES

Cuestionan el rol de los municipios

Otra de las observaciones que se hizo, pero que no fue respondida de manera directa por el Ministro, fue el rol de la Gobernación y los municipios por los cuales pasará el tren metropolitano. La diputada, Jimena Costa quiso conocer de qué modo se permite a estos actores cumplir algunas acciones.

 

Claros afirmó que la coordinación es a través de reuniones de socialización en el Consejo Metropolitano. Además, de aquellas que se tienen con los municipios por separado.

 

Sin embargo, aseguró que el principal rol de monitoreo lo lleva a cabo un equipo del Ministerio de Obras Públicas conformado y radicado en Cochabamba.

 

Pese a que se trata de un proyecto que recorrerá: Sacaba, Cercado, Colcapirhua, Quillacollo, Vinto y Sipe Sipe, no se permite un rol de fiscalización a los Concejos Municipales. Además, aunque se realizaron presentaciones ante la Asamblea Legislativa Departamental, se señaló que tampoco es competencia de esta instancia fiscalizar este proyecto, pese a encontrarse en la jurisdicción cochabambina.

Fuente: lostiempos.com