El Art. 205 refleja el fracaso del Estado en las políticas de salud

José Luis Santistevan Justiniano

El nuevo Código penal, que incluye el art. 205 como sanción directa la privación de libertad a quien cause daño a la integridad física por mala práctica, carece de sustento constitucional con relación a la aplicación de los derechos fundamentales sobre la salud y al ejercicio de la profesión médica. Art. 35 al 41 CPE, por lo siguiente:

 



  1. En toda norma, especial o general, el último eslabón es el régimen sancionador, en el sistema de salud ocurre lo contrario: En el nuevo código penal se incluye al sector de los profesionales de una manera general cuando el trabajo de los médicos y paramédicos y el ejercicio de la profesión de la medicina es una especialidad regulada por la Constitución como un derecho fundamental específico.

 Aquí se observa que quienes hicieron el nuevo código penal no observaron la hermenéutica jurídica al momento de redactar el art. 205, porque no observaron el trabajo especial que desarrollan los médicos, que no solo dependen de su conocimiento y destreza sino de las condiciones en que desarrollan su trabajo. Condiciones que no depende de los profesionales sino del Estado. Dejando a merced de los jueces la interpretación sobre esta materia. Cuando el art. 39.I CPE establece que la atención se mide a través de auditorías médicas sostenibles que evaluaran el trabajo de su personal. 

  1. Conforme a la CPE, el sistema de salud debe ser regulado por una ley especial, incluido su régimen de contravención y sancionador, que incluya la aplicación de políticas integrales que aseguren: Las condiciones de sostenibilidad en la prestación del servicio. Eso implica el cumplimiento del Estado sobre el derecho a la salud que tienen todos los ciudadanos.

 

  1. De acuerdo a la CPE el Estado debe priorizar y cumplir como primera responsabilidad financiera garantizar y sostener el sistema de salud, en el país el presupuesto de salud se encuentra después del tercer lugar que ocupan el Ministerio de Defensa y de Gobierno. Esto demuestra un incumplimiento feroz del Gobierno sobre el derecho de acceso en condiciones mínimas aceptables que tiene los ciudadanos a la salud, cuando se observan las condiciones de los hospitales y la calidad de servicios que se prestan por falta de presupuesto.

 Estas condiciones abarcan los derechos y deberes con que deben contar los médicos y paramédicos en el ejercicio de su actividad. 

  1. El artículo 205 es una norma sancionadora y discrecional para su aplicación por parte de jueces y fiscales al margen de la realidad del sistema de salud, y que en definitiva condenará un trabajo profesional sin conocimiento de las condiciones en que desarrolla el ejercicio de la profesión con relación a los derechos a la salud. Es cierto que el art. 205 establece la exención de responsabilidad precisamente por falta de condiciones y carencia de medios, sin embargo, esta apreciación y valoración queda para ser aplicada por el juzgador o tribunal en forma discrecional. Situación que tendría que estar en la ley especial de salud integral para frenar el arbitrio del sistema judicial y no dejar indefenso a un profesional de la medicina.

 Es una norma escrita en franca contradicción a los establecido por la CPE, que debe  ser regulada mediante una ley especial que desarrolle la política de salud de una manera integral, y que incluye los siguientes elementos: a) protección del derecho a la salud, b) acceso gratuito al servicio de salud, c) primera responsabilidad financiera del Estado, d) auditorias médicas sostenibles que regulen la calidad del servicio, e) los derechos y deberes de los médicos y paramédicos que prestan servicios y, por último, f) las contravenciones y sanciones de la práctica médica. Incluir en el sistema penal el ejercicio de la práctica médica al margen del sistema integral de salud es penalizar una actividad sujeta a un régimen especial por el trabajo que realiza. El art. 205 refleja el fracaso del Estado en las políticas de salud.       ABOGADO CONSTITUCIONALISTA