El MAS califica de traición a la patria la actuación de Llorenti

 La filtración de información que cometió la exsubprocuradora Carmiña Llorenti a los abogados de la empresa chilena Quiborax fue calificada de traición a la patria por diputados del MAS, por lo que pidieron a la Fiscalía iniciar un proceso penal contra la exfuncionaria.El  diputado Édgar Montaño, del partido de Gobierno,   afirmó que la actuación de la exsubprocuradora Carmiña Llorenti es un acto de traición a la patria. “Eso no debiera haber ocurrido jamás. Eso es traición a la patria. No solamente ella (Llorenti) sino hay otros funcionarios que se han prestado a este tipo de delitos”, reprochó el legislador, según publicó Urgentebo.Para David Ramos, diputado del MAS,  si la exfuncionaria cometió filtración de información, por supuesto que tiene que ser sancionada por la vía penal por traición a la patria, aunque aclaró que la entidad que debe definir esa situación es la Fiscalía.“Justamente es una de las razones por las que se suspendió el receso parlamentario de la Asamblea Legislativa. Tomando en cuenta todos los antecedentes hasta la fecha sobre el caso Quiborax, se vio la necesidad de hacer una interpelación al ministro de Justicia (Héctor Arce) y al de Minería (César Navarro). La convocatoria se fijó para el miércoles 4”, informó Ramos.Se trata de intereses del Estado boliviano y cuando se involucra a autoridades, en este caso desde exmandatarios o exfuncionarios, se tiene que aplicar todo el rigor de la ley que corresponda, demandó el legislador.

“La traición a la patria está tipificada como delito en el Código Penal. (Lo que hizo Llorenti) es una traición a la patria porque son documentos de interés nacional y al haberse filtrado, aunque  sea por  descuido, se cometió ese delito”, cuestionó el exdiputado del MAS Rodolfo Calle.Dijo que pese a que la Procuraduría General del Estado la procesa por la vía administrativa, no debe ser  excluida de ser sancionada por el camino judicial y que junto a ella se debe identificar a otros autores o cómplices.En su criterio, el procurador general, Pablo Menacho, debe ser quien  interponga una proposición acusatoria contra la exsubprocuradora, como cabeza de una entidad encargada de velar por los intereses del Estado.Carmiña Llorenti, exsubprocuradora  de Defensa y Representación Legal del Estado, durante una reunión de negociación  en La Paz en agosto de 2016  con los abogados de  Quiborax y Non Metallic Minerals, prestó su computadora a uno de los abogados de las  demandantes.Su error, según la versión del Gobierno, fue dejar abierto su correo personal e institucional, hecho que fue “aprovechado” por el representante de la firma chilena, Rodrigo Gil, para reenviar desde esa dirección tres documentos a su equipo jurídico.En el Informe Técnico Legal PGE/SPDRLE  03/2017, enviado el 6 de enero de 2017 por el entonces subprocurador   Pablo Menacho al procurador general Héctor Arce, le advierte que la filtración podría ocasionar un grave daño a la defensa de Bolivia en el caso CIADI ARB/06/2.

Al respecto,  Montaño indicó que “todos los  funcionarios” que estuvieron involucrados en la defensa del Estado con el caso Quiborax tienen que comparecer ante las instancias judiciales y ser investigados.AnálisisKaren Longaric,  experta en tema de arbitrajes internacionales,  dijo que el delito de traición a la patria se configura en estado de guerra extranjera, por lo tanto la conducta de Llorenti no se ajusta a ese tipo penal.“De hecho, su accionar denota enorme gravedad porque ha ido contra los intereses económicos del Estado, abusando del cargo que ocupaba. Habrá que ver qué bienes jurídicos tutelados por el Estado ha violado y en qué delito se configura su accionar”, citó.Mientras que  el analista Franz Barrios  observó que el exprocurador general del Estado  y actual ministro de Justicia, Héctor Arce, no haya enjuiciado  penalmente a la exsubprocuradora  Carmiña Llorenti, por los delitos de espionaje y revelación de secretos de Estado como lo hizo en contra de un periodista de un matutino.El jueves, Álvaro García Linera afirmó  que desde 2016 se realiza una auditoría legal para ver si hubo alguna otra irregularidad o mala decisión durante el proceso de defensa del arbitraje con la empresa Quiborax.  Anticipó que en el caso de hallar nuevos errores, no se  protegerá  a nadie.

El  proceso

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• Sentencia La compañía  Quiborax en septiembre de 2015 obtuvo un fallo favorable, que  fue objetado por la defensa de Bolivia. Sin embargo, a  fines de mayo pasado, el CIADI reiteró al país que debe indemnizar con 57 millones de dólares a la empresa chilena, por haber revertido sus concesiones en el Salar de Uyuni. Pero luego se acordó un pago final de 42,6 millones de dólares.
• Resolución  Luego del fallo, la Procuraduría General del Estado interpuso una proposición acusatoria contra el expresidente Carlos Mesa, por  no cumplir las normas al momento de revertir las concesiones. Según el Gobierno, el hecho originó el arbitraje internacional con la empresa chilena.

Fuente: Página Siete