El abogado Thomas Becker anunció ayer que apelarán el veredicto del juez Cohn en la corte de Fort Lauderdale, para que el tribunal del caso se pronuncie.
El abogado Thomas Becker junto a los familiares de las víctimas de octubre de 2003. Archivo
Thomas Becker, el abogado de las familias de octubre de 2003, anunció que después de la presentación del recurso de apelación al fallo del juez James I. Cohn, el juicio contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín podría extenderse por al menos otros tres años.
“Vamos a presentar la apelación de inmediato en el distrito 11, y cuando este tribunal de jueces se pronuncie, puede haber apelación ante la Corte Suprema, esto puede durar de dos a tres años”, manifestó ayer el representante de los afectados.
Por falta de evidencias, el juez Cohn, de la Corte Federal de Fort Lauderdale, Estados Unidos, revirtió el miércoles el veredicto del jurado que halló a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín responsables de las “muertes extrajudiciales” de octubre de 2003.
Al respecto, el jurista que representa a las víctimas del conflicto que terminó con la renuncia de Goni, manifestó que el juez de Fort Lauderdale consideró que la parte demandante no presentó pruebas sobre una acción “premeditada” que haya dado lugar a la masacre.
“El juez dijo que lo que quería ver es un plan predeterminado. Primero, podemos mostrar eso, pero, segundo, según la ley no es necesario mostrarlo. Entonces vamos a mostrar todos los casos en la jurisprudencia de Estados Unidos que demuestran que no es necesario mostrar esto para declararlo culpable”, explicó el abogado Becker.
El 3 de abril, el jurado ciudadano convocado por la Corte donde se siguió la causa, después de seis días de deliberación, determinó que las exautoridades habían sido responsables de las muertes de Octubre Negro.
Sobre la base de esa decisión, el juez ordenó que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín paguen 10 millones de dólares como “compensación” a los familiares de las personas que perdieron la vida en el conflicto.
No obstante, con la reversión del primer dictamen, la indemnización también quedó sin efecto, al menos hasta que se dé curso a la apelación.
En ese sentido, el jurista aclaró que desde el inicio de las acciones no se planteó el juicio con la idea de obtener una compensación económica, sino para obtener justicia para las víctimas.
“Esta fue la primera vez que un expresidente tuvo que responder directamente a sus acusadores en Estados Unidos, esto cambia la conversación en el tema de los derechos humanos, ya hemos ganado eso y no puede cambiar; un jurado dijo que son responsables y un juez no puede cambiar eso”, manifestó Becker.
MNR: “El fallo judicial limpia la imagen del presidente (Goni)”
El jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Luis Eduardo Siles, aseguró ayer que con la reversión de la decisión que halló responsables de las muertes de octubre de 2003 a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín “se hizo justicia”, ya que ninguno de ellos es culpable de la masacre de hace casi 15 años.
“Creemos que se hizo justicia, aunque no es un momento para festejar nada. Lo que ocurrió después (de la renuncia de Goni) encubrió a los verdaderos autores de los hechos de octubre, aquellos que instigaron a que ocurrieran”, mencionó Siles, en entrevista con Panamericana.
En un comunicado, el MNR destacó la decisión del juez James Cohn, al asegurar que su fallo exime de culpa a Goni.
“El fallo judicial limpia la imagen del presidente y su gobierno, y devuelve a los militantes del MNR y a los ciudadanos bolivianos la confianza en quienes defienden la democracia desde el respeto a la ley y a las personas”, dice el documento del partido.
Siles manifestó que le resulta curioso que cuando se dio a conocer la primera sentencia, que favorecía a las víctimas que iniciaron el proceso, las autoridades nacionales hayan destacado la “transparencia” de la Justicia estadounidense, pero ahora que el juez revirtió la decisión, cuestionen su imparcialidad.
“Este proceso ha sido llevado a cabo en un sistema de justicia que todo el mundo reconoce, que los mismos acusadores reconocieron como tal en la primera parte del fallo y que, ahora, con la sentencia final del juez, cuestionan”, afirmó el entrevistado.
Respecto a la apelación, Siles afirmó que es un derecho de los afectados continuar con las acciones legales que consideren pertinentes, pero que ante la falta de pruebas que consideró el juez, confía en que el segundo fallo sea definitivo y favorezca al expresidente y quien fue su ministro de Defensa.
El juicio civil
Caso. El juicio civil contra Goni es el primero sobre derechos humanos para procesar a un exjefe de Estado. La causa se amparó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura, que autoriza demandas en tribunales de Estados Unidos por ejecuciones extrajudiciales.
Recurso. La Regla 50 establece que un tribunal de primera instancia puede anular la decisión de un jurado si considera que no tuvo base probatoria suficiente para decidir la responsabilidad de los demandados, lo que pasó en el caso.
Página Siete / La Paz
