A esta situación se agregó que tanto la Policía como la Guardia Municipal presentaron una denuncia contra ambos jóvenes por agresiones.
Momento en que la Policía intenta detener a los dos venezolanos por vender en la calle. Foto: ANF La Paz, 9 de agosto (ANF).- El abogado de la Asamblea de Derechos Humanos, Franco Albarracín, denunció este jueves que los dos pasaportes retenidos por la policía el 18 de julio a dos solicitantes de refugio de Venezuela están en la “nebulosa” porque nadie sabe quién los tiene.“Estamos peregrinando entre la Guardia Municipal y la Policía para recuperar los pasaportes y nadie los tiene: primero dicen que están en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), luego que fueron devueltos a la Guardia Municipal, ellos dicen que nuevamente enviaron a la FELCC, ahí dicen que lo tiene un tal investigador Huata, luego que los volvieron a enviar; nadie sabe dónde está la documentación”, lamentó el jurista.El 18 de julio los jóvenes venezolanos fueron intervenidos en El Prado de La Paz por la Guardia Municipal al estar vendiendo postres sin autorización; a esto se sumó un contingente policial que intentó llevárselos detenidos, pero al no poder por la protesta de los transeúntes, les retuvieron los pasaportes de manera ilegal. Desde entonces, ambas personas están 23 días indocumentadas.A esta situación se agregó que tanto la Policía como la Guardia Municipal presentaron una denuncia contra ambos jóvenes por agresiones.“Con una simple llamada de atención por parte de la Policía se solucionaba esta situación, pero los quisieron detener y la gente que estaba de paso reclamó viendo la injusticia; pero lo siguiente es que tanto la Policía como los guardias emiten su denuncia con información falsa en contra de estas personas, indicando que ellos habían sido los que los habían agredido, y que además gente inescrupulosa los había colaborado”, apuntó.Indicó que en el cuaderno de investigaciones no hay un documento legal de la requisa pasaportes y “nadie sabe quien los tiene”.Albarracín apuntó que el accionar de la Policía contra estos ciudadanos extranjeros vulnera sus más elementales derechos como a tener una forma de identificarse y todo lo que esto conlleva como el derecho a una vivienda, el derecho al trabajo, a la dignidad, entre otros.