El polémico pago de $us 42,6 millones de dólares que hizo el Estado a la empresa chilena Quiborax tras que perdiera un arbitraje en el CIADI aún está fresco en la memoria de los bolivianos, que este lunes desayunaron con la información de que se viene otro proceso ante el mismo tribunal, esta vez interpuesto por una firma mucho más grande.
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) solicitó un proceso de arbitraje contra Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por el traspaso del manejo de los aportes de jubilación de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión a la estatal Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.
A abril de este año, el monto que administra asciende a 58.938 millones de bolivianos, con una rentabilidad de 2,94%. Ese monto proviene de los aportes de 1.189.352 asegurados, que representan el 53,5% del total. El resto pertenece a la APF Futuro.
Inmediatamente enterada de la noticia la oposición anunció que solicitará un informe al Procurador General del Estado, Pablo Menacho, y el oficialismo se adelantó con un mensaje para garantizar a la población asegurada que sus aportes no se encuentran en riesgo debido a esta acción legal.
“Queremos dar un mensaje de confianza de que los aportes de los bolivianos y bolivianas están completamente garantizados. Este es un pleito directamente con el Estado, esto recae en la responsabilidad de la defensa legal del Estado”, afirmó el jefe de bancada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, David Ramos.
Recordó que el traspaso de la administración de los aportes a manos de la Gestora Pública fue dispuesto para garantizar que los beneficios se extiendan más allá del grupo de asegurados que tienen relación obrero patronal y consideró que ahora la Procuraduría tiene “la responsabilidad de hacer prevalecer esa decisión soberana que se ha tomado en Bolivia”.
La oposición anunció que solicitará un informe escrito al procurador Menacho para que explique el proceso que siguió el traspaso de la administración de los fondos de pensiones al organismo estatal e hizo votos para que en este caso no se repita lo que ocurrió con Quiborax.
“En este caso se nos paran los cabellos a todos porque recordamos esa desastroza defensa de la soberanía y de los intereses del Estado, por lo tanto, vamos a trabajar en la fiscalización del proceso que ha significado de la consolidación y la creación y de todos los actos que se han asumido en nuestra Gestora Pública…de esta manera evitar esos hechos que se han dado en el caso Quiborax ”, afirmó el jefe de bancada de la opositora Unidad Nacional, Gonzalo Barrientos.
En el caso Quiborax, el Estado tuvo que pagar $us 42,6 millones de indemnización a la empresa, tras que la CIADI determinó que no se siguieron los procedimientos para la nacionalización de una concesión otorgada a esta firma durante el gobierno de Carlos Mesa.
El expresidente, en su defensa, aseguró que Menacho y otras autoridades del Estado son responsables del pago de la millonaria indemnización, ya que no supieron defender los intereses del Estado, permitiendo incluso que la firma extranjera utilice un documento falsificado para sostener su demanda.
En un comunicado publicado en su página web, BBVA da cuenta “que ha solicitado un proceso de arbitraje” amparado en los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que rigen entre España y Bolivia, ya que hasta el momento no ha sido posible el acercamiento de posturas en particular respecto a la valoración del negocio de la AFP”.
En 2010 fue aprobada la ley que dio paso a la constitución de la Gestora Pública y luego los decretos que ponían en marcha el traspaso de los fondos de las dos firmas que operan en el rubro, BBVA Previsión y Futuro de Bolivia, a la firma pública.
BBVA asegura en su comunicado que “ha colaborado activamente para que la Gestora Pública boliviana asumiera sus funciones, hasta la fecha desarrolladas por BBVA Previsión. A pesar de que la creación de la Gestora Pública se formalizó en 2015, en septiembre de 2017 el Gobierno pospuso el inicio de sus operaciones hasta marzo de 2019”.