La Policía Boliviana realizó un proceso de capacitación y sensibilización en derechos humanos a 9.141 policías, mujeres y varones, de alto y bajo rango, informó la Defensoría Del Pueblo a través de una nota de prensa.
El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, explicó que la capacitación se produjo como respuesta a una recomendación que hizo la institución que dirige, la cual fue incluida en el Informe Defensorial sobre el conflicto cooperativista minero de agosto de 2016.
Dicha recomendación señalaba que la institución del orden debe “incidir en la impartición de cursos a sus miembros sobre Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley; Manual Ampliado de Derechos Humanos para la Policía de las Naciones Unidas; Tácticas y Estrategias para la Acción Policial en Ciudades y en Comunidades; Técnicas de Control de Multitudes que reduzcan al mínimo el uso de la fuerza; y Alivio de estrés personal».
En ese contexto, la Policía Boliviana remitió un informe en el que indica que, a través de su Dirección Nacional de Derechos Humanos, se desarrollaron talleres de capacitación aplicados a la función policial, en los que se abordaron las temáticas recomendadas por la Defensoría del Pueblo y otras relacionadas a los derechos humanos.
Según el reporte, en la gestión 2017 se realizaron 141 cursos, de los cuales participaron 7.456 policías (entre coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, tenientes, subtenientes, suboficiales, sargentos, cabos y personal administrativo de unidades y reparticiones policiales de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Pando).
Se señala, asimismo, que para la gestión 2018 se ha programado el desarrollo de 123 cursos en los que se prevé la participación 9.910 efectivos, de los cuales, hasta mayo pasado, ya fueron capacitados 1.685 uniformados (en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí), lo que haría un total de 9.141 funcionarios ya capacitados y se tendría previsto capacitar a 8.225 uniformados más.
La Defensoría del Pueblo, en el informe emitido por los hechos violentos en el conflicto protagonizados por mineros cooperativistas, observó que “los actos de represión y represalia, como el destrozo de un vehículo automotor, destrucción de pertenencias personales y de víveres, por miembros del Policía Boliviana (…), constituyeron actos de abuso policial, apartados de los principios del Manual Ampliado de Derechos Humanos para la Policía de las Naciones Unidas, sujetos a responsabilidad, además de vulnerar otras normas humanitarias”.
Asimismo, evidenció que las órdenes jerárquicas que impartió el Comando Departamental de la Policía Boliviana, no se ajustaron a los principios del Manual Ampliado de Derechos Humanos para la Policía de las Naciones Unidas, durante la intervención policial. (12/08/2017)
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