Corrupción. Las investigaciones tanto en Brasil como Argentina deslizan participación de empresas que operaron también en Bolivia.
Ref. Fotografia: Detenido. El primero de la izquierda es el empresario argentino Gerardo Ferreyra, en 2010, mientras firmaba contrato para una carretera en los Yungas.
Lava jato, traducido del portugués al español sería algo como «Autolavado». Así se denomina la causa cuyo principal protagonista es la empresa constructora Odebrecht, subsidiarias y otras compañías relacionadas, acusada de sobornar a funcionarios públicos en al menos 13 países.
El caso más relevante es el de Brasil, al punto que le costó la salida del cargo a la expresidenta Dilma Roussef y la cárcel a su predecesor, Lula da Silva. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y el vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, también perdieron sus puestos por este caso.
En Bolivia, Odebrecht construyó un par de carreteras. Por una de ellas, el tramo Roboré-Puerto Suárez ha puesto bajo sospechas a los exmandatarios Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé.
Ahora mismo, la justicia argentina presiona para levantar el fuero parlamentario a la expresidenta Cristina Fernández, que para esta gestión legislativa fue electa senadora. La exmandataria también está acusada de ser parte del esquema de corrupción de Odebrecht y varios exfuncionarios de su gobierno ya se encuentran entre rejas por este caso.
Y ha sido justamente la investigación realizada en este país la que arrojado una conexión entre empresas involucradas en la trama y el gobierno boliviano, en la gestión de Evo Morales
Carretera a Caranavi. Al menos dos empresas involucradas en la presunta de sobornos, denominada Lava Jato argentino, tuvieron contratos millonarios durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo.
Las presuntas coimas se descubrieron por los cuadernos de anotaciones del chofer de un alto funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En los manuscritos se describe cómo el conductor llevaba bolsas de dinero que empresarios pagaban como sobornos a autoridades gubernamentales.
Uno de los empresarios capturados por este caso es Gerardo Ferreyra, vicepresidente de la compañía Electroingeniería, la misma que formó parte del consorcio Ar.Bol. (Argentina-Bolivia), que fue contratada por el Gobierno boliviano en enero de 2010 por 257 millones de dólares para construir la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey.
En el acto de firma de contrato, en Palacio de Gobierno, el mismo Gerardo Ferreyra, estuvo en Palacio de Gobierno junto al presidente Evo Morales, y elogió la construcción de equidad social en Bolivia. Ahora, el empresario está detenido. Según el periódico La Nación de Argentina, la compañía Electroingeniería era una pequeña empresa (Pyme) hasta que a partir de 2003, con el kirchnerismo, se convirtió en una de las grandes jugadoras de la obra pública en Argentina.
En Bolivia, el consorcio Ar.Bol. no cumplió con el contrato para la construcción de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Quiquibey. En agosto 2015, el Gobierno anunció que había decidido rescindir el contrato, después de advertir mucha demora en las obras.
La española Corvián. Otra empresa involucrada en el escándalo de sobornos argentino es la española Isolux-Corsán Corviam, que fue conocida en Bolivia por abandonar en 2017 dos obras multimillonarias que le adjudicó el Gobierno: la construcción de la hidroeléctrica Miguillas y la carretera Ixiamas-San Buenaventura.
El empresario implicado es este caso es el argentino Juan Carlos De Goycoechea, expresidente de la filial argentina de Isolux, que está prófugo de la justicia. Según La Nación, el acusado mandó a decir al juez que se presentaría después, porque estaba de viaje esquiando.
No es la primera vez que el nombre de Goycoechea surge vinculado al de Bolivia. En 2017, el periódico español El Mundo publicó que Isolux había montado una red de sobornos en Sudamérica.
Según la publicación, Goycoechea se dirigió por correo electrónico a diversos cargos de Isolux el 30 de marzo de 2015 para aconsejar el pago de «un millón de dólares que sería prudente dejar en Bolivia para atender una serie de compromisos que ayudan y mucho».
Dos comisiones. En la Asamblea Legislativa boliviana, tras conocerse supuestas irregularidades en la carretera a Puerto Suárez, durante el gobierno de Carlos Mesa, el oficialismo se apresuró a crear una comisión investigadora, cuyo objetivo es determinar la responsabilidad del expresidente. Descontentos con este enfoque, los opositores, impulsados por el senador Arturo Murillo, de UN, decidieron crear otra comisión que además investigue la participación del gobierno de Evo Morales en esta trama corrupta.
El jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD) en la Cámara de Diputados, Gonzalo Barrientos, planteó este viernes que de manera inmediata la Asamblea Legislativa Plurinacional conforme una comisión especial que investigue a las empresas involucradas en el caso «Lava Jato» de Argentina y que tuvieron contratos con el Gobierno nacional.
Y según Murillo, el expresidente Eduardo Rodríguez dio una pista para indagar y enviar un cuestionario al presidente Evo Morales.
Rodríguez en sus respuestas fue «Bastante tibio el expresidente, pero una pregunta es clave que nos ha llamado la atención y nos permite seguir con la investigación», declaró el senador, quien dijo que mantendrán en reserva la carta y las respuestas de la exautoridad.
13 Países
han sido afectados por la corrupción de Odebrecht. En Bolivia aún se investiga.
160 Presos
hay por el caso Lava Jato que se comenzó a investigar en Brasil.
Fuente: eldia.com.bo