La amenaza global del autoritarismo digital de China

La guerra comercial de Estados Unidos con China se centra en productos que van desde productos agrícolas hasta electrodomésticos, pero Estados Unidos y otras democracias deberían preocuparse por un tipo diferente de exportación china: el autoritarismo digital.

Los funcionarios en Beijing están proporcionando a los gobiernos de todo el mundo tecnología y capacitación que les permiten controlar a sus propios ciudadanos. A medida que las compañías chinas compiten con otras compañías internacionales en campos cruciales como la inteligencia artificial y el servicio móvil 5G, las normas democráticas que gobernaron el Internet global durante mucho tiempo están cayendo en el camino. Cuando se trata de la libertad en Internet, muchos gobiernos están ansiosos por comprar el modelo restrictivo que China está vendiendo.

El liderazgo del Partido Comunista Chino es bastante abierto sobre su intención de reemplazar el orden internacional liberal con su propia visión autoritaria, un proyecto que se extiende claramente a la esfera digital.

La iniciativa «Belt and Road», una ambiciosa apuesta por proyectar la influencia china en todo el mundo a través de préstamos bilaterales y proyectos de infraestructura, incluye un mayor énfasis en la tecnología de la información. De los 65 países examinados por «Freedom on the Net», la evaluación global de libertad de Internet de Freedom House, encontró que 38 habían instalado equipos de telecomunicaciones a gran escala de empresas chinas líderes como Huawei, ZTE o la estatal China Telecom. Huawei está construyendo la red WiFi pública más grande de América Latina en México, la red móvil 5G de Bangladesh y el servicio 4.5G de Camboya, y está asesorando al gobierno de Kenia sobre su «plan maestro» para las tecnologías de información y comunicación.

Mientras estas empresas construyen una «Ruta de la Seda digital» que une a las naciones anfitrionas a través de cables de fibra óptica, los expertos advirtieron que el equipo podría facilitar la vigilancia de los servicios de inteligencia chinos. En enero, se informó que la red TI de la sede la Unión Africana en Etiopía, construida por los chinos, había estado transmitiendo datos confidenciales a Shanghai diariamente durante cinco años.

Algunas empresas chinas se centran explícitamente en la exportación de tecnología de vigilancia. En 18 de los 65 países evaluados por Freedom House, incluidos Zimbawe, Singapur y varios países euroasiáticos, empresas como Yitu, CloudWalk y Hikvision, de propiedad estatal, combinan avances en inteligencia artificial y reconocimiento facial para crear «ciudades inteligentes» y sofisticados sistemas de vigilancia. Esto permite a los gobiernos de inclinación autoritaria identificar y seguir los movimientos cotidianos de los ciudadanos.

La persecución implacable de los musulmanes por parte de las autoridades chinas en la región de Xinjiang del país ofrece una visión perturbadora del potencial de esas herramientas. Los residentes son rastreados a través de drones de vigilancia, cámaras ubicuas en las calles y aplicaciones obligatorias de software espía en sus teléfonos. Las sospechas de «falta de confianza» pueden llevar a los individuos a uno de los campos secretos de «reeducación» de Xinjiang.

Pekín no solo está transfiriendo su tecnología represiva a gobiernos de ideas afines en el extranjero, sino que también está invitando a los funcionarios de los gobiernos y las élites de los medios de China para capacitarse sobre cómo controlar la disidencia y manipular la opinión en Internet. Los funcionarios chinos han celebrado sesiones de capacitación sobre nuevos medios o gestión de la información con representantes de 36 de los 65 países encuestados por Freedom House. Durante un seminario de dos semanas celebrado el año pasado, los funcionarios visitantes visitaron la sede de una empresa involucrada en «sistemas de gestión de opinión pública de grandes datos».

Las democracias deben tomar medidas inmediatas para frenar el expansionismo tecno-distópico de China. Los gobiernos deberían imponer sanciones a las empresas que, a sabiendas, proporcionan tecnología diseñada para la represión en lugares como Xinjiang. Los legisladores de Estados Unidos deben reintroducir y aprobar la Ley de libertad global en línea, que ordenaría al secretario de estado designar a países que restringen la libertad de Internet y prohibir la exportación a esos países de cualquier elemento que pueda usarse para llevar a cabo censura o represión. La ley también exigiría que las empresas de tecnología que operan en entornos represivos publique informes anuales sobre lo que están haciendo para proteger los derechos humanos y la libertad de información.

Pero la mejor manera para que las democracias frenen el auge del autoritarismo digital es demostrar que existe un mejor modelo para administrar Internet. Tendremos que abordar la manipulación de las redes sociales y el mal uso de los datos de una manera que respete los derechos humanos, al mismo tiempo que preservamos un Internet global, gratuito y seguro.

Los responsables de la formulación de políticas deben realizar esfuerzos serios para proteger la infraestructura crítica y los datos personales de los ciudadanos frente al mal uso por parte de los gobiernos, las empresas y los delincuentes. Las empresas tecnológicas deben ampliar drásticamente su trabajo con expertos de la sociedad civil para maximizar su propia transparencia y garantizar que sus plataformas no se utilicen indebidamente para difundir la desinformación. Como mostraron las elecciones de 2016 en Estados Unidos, se necesita una administración más responsable de las redes sociales y derechos de privacidad más fuertes para evitar que los actores maliciosos exploten las sociedades abiertas para acabar con la democracia.

Beijing está trabajando arduamente para propagar su sistema en todo el mundo. Si las democracias no logran promover sus propios principios e intereses con igual determinación, el autoritarismo digital amenaza con convertirse en la nueva realidad para todos nosotros.