Tras un año de la denuncia, el caso no tiene juez. Concejala denuncia retardación y favorecimiento al Alcalde, que fue excluido del proceso, “por ser del MAS”Después de un año de la denuncia contra la Alcaldía de Potosí por irregularidades en la compra de máquinas de tejer, que estaban usadas o en mal estado, el caso aún no tiene juez designado. La imputación formal contra tres funcionarios ediles fue emitida hace cuatro meses y desde entonces el proceso se detuvo.La concejala potosina Azucena Fuertes (UN) denunció retardación de justicia y favorecimiento por parte del Gobierno al principal acusado, el alcalde William Cervantes, quien es del MAS. Añadió que el caso es de conocimiento del Ministerio de Justicia y Transparencia pero que hasta la fecha no hay respuesta.“En la imputación emitida el 30 de octubre de 2018 se acusa formalmente al exsecretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Potosí, Ricardo Gonzales, a uno de sus técnicos, Néstor Moya, y se amplia a media docena más de funcionarios. Pero se excluye al alcalde Cervantes, cuando en casos similares, como los de las mochilas en Cochabamba y Oruro, los burgomaestres fueron detenidos”, dijo Fuertes.Según los montos de esta y otras compras de máquinas –que resultaron usadas– a la misma proveedora, se estima que el daño económico al municipio de Potosí asciende a 100 mil bolivianos. Hasta la fecha, el ejecutivo edil no ha presentado un informe detallado.Máquinas usadas por nuevasCon bombos y platillos, el 22 de febrero de 2018, la Alcaldía de Potosí entregó ocho máquinas de tejer –supuesta mente nuevas y modernas– para la implementación del Centro de Capacitación Alto Bracamonte. Grande fue la sorpresa de los vecinos cuando abrieron los empaques para ponerlas en marcha y encontraron piezas sucias, desgastadas y antiguas.Los beneficiarios tomaron contacto con las autoridades ediles para acordar una audiencia y hacer el reclamo. El 23 de febrero los dirigentes vecinales de la zona Alto Bracamonte, junto a otras siete juntas del Distrito 11 se reunieron con el alcalde William Cervantes para hacerle conocer que las máquinas eran usadas; pero tanto el burgomaestre como el secretario de Desarrollo Económico aseguraron que eran nuevas, pese a las evidencias.Durante más de un mes, los vecinos enviaron al menos cuatro notas pidiendo al Alcalde y las autoridades la documentación de las ocho máquinas de tejer. Al no hallar respuesta, decidieron pedir al Concejo Municipal que inicie una investigación.El estado de las máquinas de tejer fue verificado mediante una inspección realizada por un técnico y un notario de Fe Publica. “No había dudas, los artefactos eran de medio uso, las piezas estaban desgastadas y faltaban varios repuestos. Los equipos de marca Brother y de procedencia japonesa no eran nuevos ni modernos, su fecha de fabricación databa entre 1975 y 1980”, informó la concejala.Según los contratos, por estas máquinas (valuadas cada una en 100 dólares) el municipio pagó 18.200 bolivianos. La cotización de la proveedora advierte que cuatro de estas máquinas eran simples y tenían un costo total de 5.400 bolivianos, lo que equivale a 1.350 por unidad. Las otras cuatro, que eran dobles, costaron 12.800 bolivianos, es decir, 3.200 cada una.Como fue un contrato menor no cuenta con un documento base de contratación, sino sólo con la orden de compra. Sin embargo, si hay un documento de conformidad de entrega firmado por la proveedora, la cotizadora del municipio y el técnico Néstor Moya. Los tres dieron fe de que las máquinas fueron entregadas y recibidas nuevas y en perfecto estado, aunque las inspecciones demostraron lo contrario.“Hasta el día de hoy no se puede avanzar ni hacer nada porque no hay un juez asignado. Al principio, el proceso estaba en manos de la jueza Roxana Choque, sin embargo, ella fue nombrada Fiscal Departamental de Potosí y dejó el caso. Ya son más de tres meses de acefalía. Advertimos una clara intención de dilatar el proceso probablemente para que nos olvidemos sin que haya sanción a los responsables”, dijo Fuertes.La compra edil de las ocho máquinas para el Distrito 11 no fue la única. En 2017 la Alcaldía de Potosí realizó nueve adquisiciones de máquinas de tejer de la misma proveedora. El monto total de las compras –incluyendo la denunciada en la vía judicial– fue de 142.100 bolivianos.“Lo que han hecho para que el Concejo no revise la compra es fraccionarla en lotes. Pese a que pedimos que se investiguen todas las adquisiciones de máquinas de tejer para los otros distritos , la justicia sólo aceptó la denuncia por los ocho artefactos del Distrito 11”, dijo la concejala Fuertes.En un anterior contacto con Página Siete, el alcalde Cervantes señaló que el caso sería investigado hasta el final. “El alcalde, la Alcaldía o el Estado jamás va a comprar máquinas viejas, está prohibido por ley. Si hay responsables se va a sancionar y a castigar”, manifestó.Fuente: paginasiete.bo