En todo ese escenario las familias piden que el Estado garantice los derechos de los huérfanos a la vivienda, salud y educación, además de la protección.
Foto: El Deber
La Paz, 28 de marzo (ANF).- La carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) durante las gestiones 2016 y 2017 realizó un estudio para determinar el costo social que deja el feminicidio. En el estudio se determinó que no existen instancias de protección ni contención a las otras víctimas de ese crimen: los padres y los hijos de las mujeres que murieron en manos de sus parejas.
El feminicidio es un problema real. Pese a que se lo ha querido mimetizar con delitos como con otros tipos penales como el homicidio o el suicidio, las cifras van en aumento.
En la gestión 2018 se conocieron al menos 111 casos. Por lo que docentes y estudiantes de Trabajo Social desarrollaron una investigación que responde a interrogantes como ¿qué pasa luego del feminicidio? ¿cuáles son las respuestas de protección del Estado? y ¿cuál es la opinión y el rol del entorno vecinal? Entre otros casos, se vio algunos emblemáticos como el de María Isabel Pillco y Analí Huaycho.
Fuente: ANF