MAS y Sol.Bo intercambian acusaciones por vínculos en un cambio de uso de suelo


El concejal Jorge Silva (MAS) fungió como presidente A.I. del Concejo en la sesión que fue cambiado el uso de suelos para el terreno del que la esposa del concejal Siñani era representante legal. Dice que no lo sabía. Siñani no abandonó la sesión



Marcelo Tedesqui V.

Tres diputadas del MAS denunciaron una supuesta red de tráfico de influencias montada por el concejal paceño Fabián Siñani (Sol.Bo) y su esposa Maricruz Medrano. Ella es apoderada de la empresa Tersa S.A., encargada del relleno sanitario de La Paz y también es la abogada del empresario Edwin Saavedra Toledo, ligado a Toyosa, que tramitó el cambio de uso de suelo de un valioso terreno en La Paz, para construir una ‘ciudad empresarial’.

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Medrano aparece como apoderada de Saavedra cuando el Concejo Municipal aprobó la ordenanza 538/2016 autorizando el cambio de uso de suelos de “aires de río” a “área de equipamiento” de un lote ubicado en la Curva de Holguín, donde se perfila construir el World Trade Center. Esa ordenanza fue firmada por Jorge Silva (MAS), que fungía como presidente interino del órgano deliberante.

Como antecedente, parte de ese terreno fue cedido por el empresario a Mi teleférico. La ordenanza 538/2016 establece el cambio del uso de suelo para 47.710 metros cuadrados, equivalente a casi cinco campos de fútbol en plena zona de Obrajes. Se intentó contactar a Saavedra, pero sus enlaces de prensa justificaron que estaba en pleno vuelo. Pidieron un cuestionario para responderlo hoy.

El cambio

En el primero de los considerandos, la ordenanza señala que “mediante nota de 11 de mayo de 2016, dirigida por el secretario municipal de Planificación para el Desarrollo, el señor Edwin Santos Saavedra Toledo, representado legalmente por Maricruz Medrano (la esposa del concejal Siñani) de acuerdo a testimonio de poder general de administración No 1151/2015 de 5 de noviembre de 2015, presenta solicitud para realizar el cambio del uso de suelo en el sector denominado Ciudad Empresarial Toyosa”.

El documento está firmado por Silva, como presidente A.I. del Concejo, y Beatriz Álvarez Jahuira, como secretaria A.I. El concejal Silva respondió: “Cómo voy a saber quién es la esposa del concejal Siñani, el texto no lo ‘explicita’. No tengo por qué conocerla”.

Cuando se trató el asunto, según el concejal Silva, y eso también se puede confirmar en la grabación de la reunión, el presidente Pedro Susz y el secretario Fabián Siñani se retiraron y dejaron la sesión a Silva y Álvarez.

Silva criticó que “al momento de retirarse, ninguno de los dos mencionó que lo hacían porque la esposa de Siñani era representante legal de Saavedra. Ellos se fueron y me dijeron ‘un minutito, ¿puede conducir?’ y yo tuve que hacerlo porque soy el decano del Concejo”.

El concejal añadió que “en la anterior gestión, la concejal Denise Ostermann, casada con el dueño de la Constructora Petricevic, cuando había algún contrato con esa firma lo hacía notar y se abstenía. Ahí deslindaba responsabilidad, y siempre rechazábamos esos contratos”, aseveró.

Siñani declaró a EL DEBER: “Desde el principio dije que en este trámite mi esposa figura como apoderada, yo tomé la decisión de no participar ni del debate ni de la votación. En ningún trámite de Tersa mi esposa es representante legal y en el caso del trámite de cambio de uso de suelo, sí es apoderada de un particular (Saavedra) y es justamente en el caso en el que abandono la sala de sesiones”. Se intentó tener la versión de Susz, pero no contestó su celular.

Estuvieron presentes el momento de la votación, además del presidente y la secretaria interinos, los concejales Isaac Fernández, Katia Salazar, Andrea Cornejo y Cecilia Chacón.

Silva no votó porque dirigía la reunión. Cecilia Chacón se abstuvo de emitir su voto, aunque no se pudo conocer su versión porque al referirse al tema podría ser recusada de participar en la Comisión de Ética, que revisará el caso Siñani. Los concejales Álvarez, Fernández, Salazar y Cornejo, todos de Sol.Bo, aprobaron la ordenanza.

El alcalde Luis Revilla señaló que las diputadas acusadoras deberían decir las cosas completas: ¿Por qué los concejales del MAS promovieron la aprobación de la Curva de Holguín?, y además hicieron publicidad respecto a ese proyecto, sobre el cual no hay una sola piedra puesta y si se llevara adelante debe volver al Concejo Municipal para aprobarse parte por parte. No hay nada irregular en esto”.

Silva dijo que la ordenanza “no aprueba contubernios, solo el cambio de uso. Se hizo en base a los informes del ejecutivo municipal, de donde viene el proyecto de documento”. De hecho, el concejal también firmó con el rótulo de “recomendación aprobada”, uno de esos informes, el 267/2016. “Eso significa que damos buena fe al informe”, explicó Silva.

Tras esa sesión, del 15 de diciembre de 2016, Silva apareció en los medios de comunicación donde resaltó la importancia de la construcción de esa infraestructura. “Es un proyecto que mejorará la calidad de vida de los paceños, aportará al desarrollo, a la modernidad de nuestra ciudad”, declaró a la red ATB.

Otro caso

El Ministerio Público admitió ayer la denuncia interpuesta por la diputada Betty Yañíquez (MAS) en contra del concejal Siñani y el exdirector del Sistema de Regulación Municipal (Siremu), Giovanni Jemio, ambos sindicados por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes por el contrato suscrito entre la empresa de Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales (Tersa S.A.) y la alcaldía para la administración del relleno sanitario de Alpacoma. Además, la diputada adjuntó a la denuncia un poder que devela que la esposa de Siñani, Maricruz Medrano, es apoderada de Tersa.

Yañíquez también denunció que Maricruz Ribera, esposa del alcalde, dio un poder a Medrano para tramitar la obtención de documentos originales de un vehículo de marca Toyota. Al respecto, Revilla recordó que “estamos en una época electoral y que están claramente vinculadas a la alianza que tenemos con Carlos Mesa. No seamos ingenuos, se trata de desprestigiar y de dañar a todos los aliados de Carlos para tratar de afectarlo a él”.

Ribera, en su cuenta de Facebook, aseguró: “Me compré un vehículo cero km, el que luego vendí al venirme a La Paz, en el 2013, para comprarme otro a medio uso (pagado a través de trámites bancarios). En 2017 decido venderlo y, al comprobar que había perdido el RUAT doy un poder a la abogada Medrano para obtener una copia. No entiendo donde está la red de corrupción o la ilegalidad”.

Fuente: eldeber.com.bo