Policía Boliviana. Atribuyen escándalos a ‘padrinazgos políticos’ y a decisiones personales

 

Señalan que hay un hartazgo de los policías ‘institucionalistas’ que ven cómo sus méritos son sobrepasados por sus camaradas con ‘contactos’ políticos. Remarcan que la implicación con narcotráfico y corrupción es personal, no de la institución

 

Los oficiales en servicio pasivo señalan que los hechos de corrupción son personales

 



Una seguidilla de hechos de corrupción han puesto a la Policía en entredicho; la corrupción en el ingreso a la Academia Nacional de la Policía, la violación de una extranjera en la carceleta de Rurrenabaque, la venta de destinos y por allanar el camino a bandas de contrabandistas en Oruro, han vapuleado a la institución verde olivo este año.El ‘golpe al mentón’ fue la filtración de una conversación entre el depuesto comandante nacional Rómulo Delgado con el jefe de la fuerza antinarcóticos Maximiliano Dávila, en que revelaba que creía que su destitución se dio por la investigación de supuestos vínculos del exjefe de la Felcc de Santa Cruz con el narcotráfico.En este panorama, EL DEBER consultó a cinco oficiales en servicio pasivo sobre el porqué de estos escándalos y, en sus diferentes puntos de vista, coincidieron primero en que la corrupción es un delito por el que deben responder las personas y que no involucra a toda la institución, como lo remarca el general cruceño Freddy Soruco.

Similar postura sostiene el también excomandante cruceño Rolando Fernández, quien además es enfático en señalar que los policías meritorios, a los que denominan ‘institucionalistas’ que trabajan honestamente, están hastiados de los hechos de corrupción y de los ‘padrinazgos políticos’ de los que algunos de sus camaradas se sirven para acceder a ciertos cargos.Esta posición es respaldada por otros dos entrevistados que prefieren hablar desde la reserva de su identidad, pero resaltan que sus opiniones se amparan en sus profundos conocimientos de la realidad interna de la institución y en los últimos hechos que han revelado lo que antes eran ‘secretos a voces’ que nunca se denunciaban oficialmente.Entre esos hechos señalan los pagos de coimas para ingresar a la Academia Nacional de la Policía (Anapol), que se ventiló y empezó a investigarse oficialmente a comienzos de este año, de lo cual hay evidencias y personas detenidas. Así también la venta de destinos, algo que salió a luz pública con las denuncias contra el excomandante de Oruro Rommel Raña y que llevó a que el ministro de Gobierno Carlos Romero, en la posesión del nuevo Alto Mando Policial el 10 de abril advirtiera enfáticamente: “No queremos saber de cobros por destinos”.Un policía en funciones, con el grado de coronel, confirmó las aseveraciones de sus camaradas en servicio pasivo: “Habemos policías apasionados por nuestra profesión y que respetamos a nuestra institución, que estamos cansados de que nuestro trabajo, nuestros logros y nuestro esfuerzo se vea mancillado por las acciones de esos malos policías que nos hacen quedar mal a todos”.

Para un excoronel, la filtración de estos casos se está dando porque los profesionales meritorios de la Policía “ya no pueden permitir este tipo de atropellos, y están haciendo trascender estos hechos a la ciudadanía porque es la única forma de ponerles freno”, por lo que cuestiona que las autoridades, en lugar de investigar las denuncias, pongan énfasis en indagar quién filtró los datos.‘Padrinazgos’ y corrupciónEl coronel Fernández señala que actualmente pocos policías buscan méritos institucionales cumpliendo con sus servicios, en comparación con aquellos que buscan favores políticos “que generalmente no son gratis”, para ocupar ciertos cargos.“Nada raro que ese padrino le ponga precio (al cargo) y es una relación perversa, pues el ‘ahijau’ recauda para el padrino hasta que haya problemas y lo cambien de destino, eso es bastante común”, asevera. Señala que esto ha generado mucha indignación porque los que hacen méritos no pueden llegar a los cargos que les corresponden y tiene que soportar ser sobrepasados por sus camaradas “con buenas relaciones y por lo general con conducta irregular”.Al respecto, un coronel jubilado señala que “el padrinazgo ha quebrantado la institucionalidad en la Policía porque algunos jefes policiales puestos por ‘dedo político’ son usados para ‘actividades sucias’ por encima de los méritos profesionales de otros”.Asegura conocer casos en que algunos jefes de unidades policiales han detentado aún más poder que sus comandantes departamentales, pues rendían cuentas directamente a las esferas de poder político.En diciembre de 2017, el excomandante de Santa Cruz Rubén Suárez, en sus últimos días que ejerció funciones, manifestó a EL DEBER que en la Policía había ‘padrinazgos’ y denunció que era hostigado por un excomandante nacional por no entrar en ‘su grupo’, mientras que el ministro Romero, en la misma fecha ya advirtió que las designaciones de comandantes habían dado lugar a extorsiones y a que los elegidos se conviertan en ‘recaudadores’ de quienes los designaban. Las declaraciones y cuestionamientos le valieron un proceso interno a Suárez.Opiniones de políticosEl diputado oficialista Víctor Borda, descartó que existan tales ‘padrinazgos’ y señaló que las designaciones de comandante se hacen respetando fundamentalmente las calificaciones y méritos de los oficiales y puso como ejemplo que el nuevo comandante, Vladimir Calderón, fue el mejor de su curso. También dijo que desconocía si el ‘padrinazgo’ era una práctica de anteriores gobiernos.Al respecto, la senadora de oposición, Carmen Eva Gonzáles, señala que los casos de ‘padrinazgos’ no son algo nuevo, pero que siempre se saben como’ comentarios sueltos’. “Es importante llevar adelante una investigación porque se debe restablecer la imagen de la Policía, se deben transparentar las acciones y el ministro de Gobierno Carlos Romero tiene la factultad de hacerlo”, señaló a tiempo de recordar que solicitará un informe oral al ministro sobre las acciones tomadas en función de la lucha contra la corrupción y supuestos nexos con el narcotráfico de algunos policías.EL DEBER / Fernando Soria