El número de casos subió desde 2017, de 45 a 60. El canciller Pary afirma que muchos de ellos siguen en primera etapa
La exdiputada Rebeca Delgado ganó una demana al Estado boliviano
Entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y el Sistema Universal de Derechos Humanos suman 60 denuncias de violación de derechos fundamentales de las personas contra el Estado boliviano, según el reporte anual de la Procuraduría General del Estado (PGE). El informe señala que en etapa de admisión están 39 casos ante la CIDH; ante esa misma instancia están otros 11 casos en la fase de fondo y otros tres en proceso de solución amistosa. Mientras que en etapa contenciosa o juicio ante la Corte IDH hay un caso, el de Juan Carlos Flores Bedregal, cifrado con el número 12.709. Ante esta misma instancia hay cuatro casos en etapa de supervisión de sentencia. Mientras que en el Sistema Universal están tres casos, entre los cuales se encuentran los de Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado. Entre todos, suman los 60 procesos que debe atender la Procuraduría. El canciller Diego Pary admitió el número de casos, pero aseguró que Bolivia es uno de los países que menos casos tiene ante los tribunales internacionales por violación de derechos de sus ciudadanos y, además, dijo que la mayoría de los casos siguen en etapa de admisión. Pero el número de casos se fue incrementando en este Gobierno. En el informe de la Procuraduría de 2017 el número de casos era 45; un año después subió a 52 y ahora son 60 casos en total. Los exlegisladores Eduardo Maldonado y Rebeca Delgado informaron, por separado, que el Estado nunca se puso en contacto con ellos para el cumplimiento del dictamen. Criticaron al Gobierno sobre ese punto.

 

Bolivia enfrenta 61 juicios ante la CIDH y ONU

Por violación de DDHH> El Gobierno aún no resolvió la sentencia de la ONU a favor de Rebeca Delgado y de Eduardo Maldonado, las victimas harán conocer de esta omisión al Comité de Derechos Humanos de ese organismo internacionalPERSONAS CON DISCAPACIDAD E INDÍGENAS, DOS SECTORES DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA QUE FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENTA REPRESIÓN POLICIAL Y VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INDÍGENAS, DOS SECTORES DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA QUE FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENTA REPRESIÓN POLICIAL Y VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INDÍGENAS, DOS SECTORES DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA QUE FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENTA REPRESIÓN POLICIAL Y VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INDÍGENAS, DOS SECTORES DE LA SOCIEDAD BOLIVIANA QUE FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENTA REPRESIÓN POLICIAL Y VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.EL DIARIO / LA PAZEl informe de rendición inicial pública de cuentas de la Procuraduría General del Estado (PGE) 2019 establece que el Estado boliviano enfrenta 61 juicios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por la violación de derechos humanos.Para la oposición, la cantidad de casos que pesan contra el Gobierno es preocupante y eso demuestra el “régimen autoritario” de Evo Morales.El documento detalla los casos que se registran en las distintas etapas de las siete que fija la comisión. Un total de 39 peticiones que se encuentran en la etapa de admisibilidad en la etapa de fondo ante esa instancia son 11 casos. En proceso de solución amistosa hay 3 trámites, en la fase de cumplimiento de sentencia son 4 casos y un proceso en la etapa de disputa entre las partes.En el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se tramitan tres casos, dos de ellos son de los exlegisladores Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, en abril del 2017 esa instancia internacional emitió una sentencia contra el Estado boliviano donde determinó que hubo la vulneración de los derechos políticos por no dejarlos participar como candidatos en las elecciones subnacionales de 2015.Sin embargo, en el informe de cierre de gestión de 2018 de esa instancia, establece que hay un total de 52 casos que enfrenta el Estado boliviano. El canciller Diego Pary manifestó que el Estado boliviano está cumpliendo con los procesos y que están incurriendo en la resolución de los mismos de forma amistosa.Al respecto, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, indicó que la cifra de los proceso es preocupante por que se evidencia que hay la instauración de un régimen totalitario y autoritario que está a la cabeza de Evo Morales.EXLEGISLADORESLa exdiputada, Rebeca Delgado, manifestó que después de un año el Gobierno aún no realizó ninguna acción para la reparación integral del daño causado a ambos exparlamentarios. Recordó que el Estado tenía un plazo de seis meses para el cumplimiento del dictamen. Enviaron una nota para que el procurador Pablo Mecho explique de qué forma llegaron a una resolución del caso.El diputado de Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral advirtió que la Procuraduría General del Estado no va a cumplir la sentencia a favor de ambos exlegisladores, lamentó que los convenios internacionales sean usados para situaciones que favorecen a los gobernantes y no a la población.“El dictamen dice que la sentencia debe ser cumplida totalmente y no sola una parte, eso determina un desconocimiento de la constitución y de los tratados internacionales de forma selectivo sobre mi caso y de Eduardo Maldonado. Porque hacen valer los tratados internacionales para el caso de Evo Morales”, aseveró Delgado.El asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Franco Albarracín, señaló que en caso de que el Estado no cumpla con la sentencia. El Comité elevará un informe al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; esa instancia analizará la evaluación y emitirá una resolución donde se establecerá el incumplimiento de este dictamen.“Las sanciones contra el Estado boliviano pueden ser mas de índole económico, es decir, los estados miembros de esta entidad multilateral se abstendrán de realizar algún convenio económico o bilateral con un estado que n cumple con los convenios internacionales”, explicó el jurista.CASOSEn etapa de admisibilidad se encuentran los casos de: Marcelo Quiroga Santa Cruz cuya última actuación judicial fue el 12 de octubre de 2017; Odón Mendoza, que denuncia vulneración de derechos, protección de la honra y dignidad, garantías judiciales y protección judicial, el último actuado es octubre de 2017.Los casos de los periodistas Carlos Quispe Quispe y Juan Carlos Encinas, en el primer caso el Estado respondió sobre las observaciones de los demandantes y espera una respuesta de estas observaciones; en el segundo caso, el Estado pidió el archivo del mismo por la inactividad que tiene el peticionario. Ambos casos fueron presentados por la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP).El caso P-211-12-64 comunidades del Tipnis también está en etapa de admisibilidad y según el informe de la Procuraduría el Estado planteó las excepciones, las que fueron respondidas por los demandantes y el 18 de noviembre de 2017 el Estado respondió a las observaciones de los demandantes.Jacob Ostreicher también demandó al Estado por cuatro delitos y la Procuraduría presentó sus excepciones de admisibilidad, la última actuación fue en junio de 2016.La demanda P-1172-09, que señala el caso de Mario Tadic Astorga y otros presuntos sindicados de terrorismo por el gobierno de Evo Morales, fue admitida por cinco violaciones y en junio del 2017 el Estado respondió a las observaciones de los demandantes.El informe resalta que para el caso I.V. contra Bolivia, el fallo de noviembre de 2016, llevó al Estado boliviano a pagar 69.000 dólares a esta persona como reparación del daño que le causaron y el Gobierno tuvo que emitir un decreto autorizando el pago de este resarcimiento.