Unos 2 mil asentados se han apoderado de las tierras de Albarrancho y ayer le cerraron el paso a una comisión interinstitucional con petardos, palos y machetes.
La comisión debía notificarlos para que desalojen el sector, un área protegida, pero que además está en conflicto por el derecho propietario.
La comisión conformada por la Gobernación, las alcaldías de Cercado, Colcapirhua y la Policía acudió para salvaguardar la zona. En tanto, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) se constituyó a convocatoria de la Gobernación, porque por cuenta propia sigue un proceso contra el grupo
Olmedo y los tres sindicatos agrarios para realizar un nuevo saneamiento de 315 hectáreas, que en 2013 fueron declaradas tierras fiscales y que ahora están en un conflicto por los recursos legales que interponen los interesados.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La comisión llegó a la zona con un fuerte resguardo policial, pero tuvo que retroceder ante las amenazas de los asentados y los amagues de enfrentamiento entre este sector y los comunarios que aseguran que el lugar en conflicto son tierras de pastoreo.
“Por qué no nos han notificado. Sin notificación no pueden entrar”, vociferaron los dirigentes de los asentados al ver llegar a la comisión. En medio de la tensión dijeron: “Nosotros hemos comprado este terreno del dueño, no somos loteadores”.
Ante la resistencia, el coordinador de la Gobernación, Nelson Virreira, declaró: “Vamos a ingresar a notificar otro día, pero de manera más coordinada, solamente las autoridades del Gobierno municipal de Colcapirhua, de Cochabamba, la Gobernación y el INRA, nadie más”.
Disputa
Debido al tiempo transcurrido y los 54 recursos legales que han interpuesto el grupo Olmedo y los tres sindicatos del trópico, el lugar está por poblarse por completo.
Uno de los asentados, Ángel Solíz, dijo que ya son 2 mil las personas que viven en la serranía con el compromiso de compra. Aseguró que pertenecen a los sindicatos del trópico que se declaran poseedores del predio: la Federación Sindical de Comunidades Carrasco Tropical, la Central de
Colonizadores Ivirgarzama y la Unión de Hortaliceros del Trópico (Unihort).
Los asentados continúan construyendo sus casas, pese a la existencia de medidas precautorias. Viven sin servicios básicos y en permanente vigilancia por si las autoridades intentan ingresar nuevamente para hacer el relevamiento de datos para un saneamiento.
“Estamos construyendo las casas sólo para vivir. Cuando legalicen los documentos, construiremos las con machones. Construir esto (un cuarto) me costó casi 6 mil bolivianos”, dijo Simón.
Según los asentados, hicieron un pacto con la familia Olmedo para pagar 3 mil dólares por 300 metros cuadrados de terreno, después de que cesen los conflictos. Mientras tanto, seguirán vigilando.
Los Tiempos intentó conocer la versión del representante de Olmedo, Carlos Olmedo, pero no tuvo éxito.
En los dos últimos meses, el conflicto se intensificó entre el grupo Olmedo y los tres sindicatos con los pobladores de la zona que piden la dotación de esas tierras que hasta 2013 eran consideradas como tierras fiscales.
El INRA intenta someter este terreno a un nuevo saneamiento para regularizar la propiedad de 315 hectáreas, pero esta semana suspendió su ingreso por un recurso legal de los asentados.
HAY MÁS CONSTRUCCIONES Y FAMILIAS USAN MECHEROS
REDACCIÓN CENTRAL
Las construcciones precarias van en aumento en la serranía de Quenamari, también conocida como Albarrancho. Si hace un mes había 100 casas, ahora superan las 150. En tanto, la maquinaria trabaja.
Las edificaciones son sencillas, de uno o dos ambientes y una letrina. Otras son carpas o cuartos de calaminas.
Los asentados viven en constante tensión por los enfrentamientos. Los más graves fueron el 22 de marzo y el 7 de mayo, con dos lesionadas con dinamitas e impactos de bala.
Ante la falta de servicios básicos, las personas usan mecheros y otras aprovechan la oscuridad para salir a abastecerse de alimentos, debido a que los comunarios, que piden la dotación de esas tierras, tienen puntos de vigilia.
“Nosotros estamos aquí cuidando estos terrenos de los que nos han vendido hace más de 12 años”, expresó Cintia García.
DECLARACIONES
«Vamos a dejar hacer el trabajo a las instituciones públicas, nadie más. De lo que se trata de hacer es preservar esta área». Nelson Virreira. Director de Coordinación.
«Nosotros somos compradores de la familia Olmedo, no estamos entrando a lotear. Estamos hace siete años siguiendo este proceso». Ángel Solíz. Asentado Albarrancho.
«Esa gente no nos deja ir a comprar ni verduras, tenemos hijos que mantener aquí. Somos tres organizaciones y estamos unidas». Cintia García. Asentada
Fuente: lostiempos.com