Las voces de protesta apuntan a las políticas extractivas del gobierno del presidente Evo Morales.
Miradas. Frente a la inminente devastación ambiental, como efecto del incendio de casi 1 millón de hectáreas, las voces de protestas apuntan a las políticas extractivas del gobierno.El 97% de las quemas son ilegales; solo el 3% restante, legales», dijo hace tres días, Cliver Rocha, director de la Autorididad de Bosques y Tierra (ABT). Dicha información abrió un abanico de inquietudes y especulaciones al descontrolado incendio en la Chiquitania, cuya catástrofe ambiental aún se vive y todavía es incuantificable, cuando al menos ha impactado a mas de1.0 millón de hectáreas.Voces desde distintos frentes, han dado a conocer su protesta, apuntando en una y otra dirección. Es que las quemas o chaqueos en Bolivia convergen en un problema complejo, según la investigadora Lykke Andersen, Directora Ejecutiva de SDSN Bolivia. Eso implica que la actividad se hace ante la ausencia de políticas de prevención y protección ambiental o al calor de las inversiones, expansión agrícola y asentamientos de nuevas comunidades.«Las razones son complejas. Desde el punto de vista de un agricultor, el chaqueo tiene mucho sentido. A los nuevos agricultores, el chaqueo les ayuda a establecer derechos sobre la tierra de manera rápida y barata. También es la manera más barata de obtener suelos agrícolas con altos niveles de nutrientes y bajos niveles de malezas», describe Anderse.Tres contextos y un problema. Los sectores ambientalistas, defensoras de la naturaleza, fauna y flora, apuntan toda la responsabilidad al gobierno de Evo Morales. Uno, por orientar en los últimos años sus políticas extractivas hacia áreas protegidas del país; y segundo, por alentar la expansión agrícola, emitiendo el pasado 10 de julio, un Decreto Supremo, que modifica las tierras de producción forestal hacia la expansión agrícola y pecuaria.»Todo esto forma parte de una política convergente entre biotenol, colonizadores, ampliación de la frontera agrícola y el poderío de la expansión agricolas soyera que viene desde Paraguay y el Brasil. Es una política semilar con a la de Bolsonaro, donde se está dando proceso aceleradísimos de expansión en la zona de Matto Grosso de la actividad soyera que tiene impacto en Bolivia, al que el gobierno boliviano se ha sumado», define Miguel Miranda, investigador del Cedib (Centro de Documentación e Investigación Bolivia).Por su parte, la Coordinadora por Defensa de la Amazonía (Contiocap), en un sendo comunicado, ha mencionado que los incendios en Roboré tienen relación directa con el extractivismo. Por una parte los incendios son provocados por las nuevas deforestaciones para habilitar tierras para la ganadería, bajo las nuevas autorizaciones que ha dado el gobierno. Además menciona que otros focos de calor, vienen del lado de la carretera; una carretera que está pensada más para el extractivismo soyero. Y tercero, señala que «en la zona sur de Roboré, la forma intempestiva de surgimiento de focos en uno y otro lado, deja la sospecha de alguna relación con los nuevos asentamientos promovidos por el gobierno».Para el ambientalista del Cejis, Leonardo Tamburini, el problema es inherente a la flexibilización de las normativas y la apertura legal hacia la ampliación de la nueva frontera agrícola.En el entorno político opositor al gobierno y algunos sectores productivos de Santa Cruz, las causas son inherentes a la expansión de nuevos asentamientos humanos, precisamente focalizados en la gran Chiquitania de Santa Cruz, donde los incendios hacen presa de cuanta sabana, bosque, fauna y flora haya en la zona. Atribuyen a que la presencia de gente no uriunda en la zona, que arribó al lugar, en una inescrupulosa tarea de desmotar bosques y parcelamiento de tierras, ha iniciado chaqueos sin medir consecuencias, pero con la autorización de la ABT para hacer «quemas controladas».»En el afán de deforestar para parcelar sus loteamientos desmontan indiscriminadamente y queman los árboles caídos, lo que ya provocó alrededor de 500 mil hectáreas incineradas. Por toda esta situación la Chiquitanía sigue ardiendo», señaló durante la semana pasada, Rony Justiniano, vicepresidente del Comité Cívico Provincial de Santa Cruz.La misma postura es sustentada por el Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz. Su presidente, For Evert Durán Rodriguez, en contacto con El Día, apuntó que la actual situación que vive la Chiquitania, se debe a la otorgación de permisos de desmontes y chaqueos descontrolados a colonos para poder cambiar el tipo de uso del suelo a tierras forestales no necesariamente aptos para la agricultura. «Si el mismo director de la ABT (Cliver Rocha) manifestó que (los chaqueos) eran para la producción agrícola por parte de los asentamiento de colonos ajenas, en una zona donde además no hay agua», apuntó.En tanto el gobierno se esfuerza por sostener que las quemas forman parte de una tradicional manera de hacer actividad agrícola pecuaria que data de muchos años. Con esa afirmación, rechaza ambas posturas, atribuyendo la actual devastación ambiental a una inusual sequía en la zona y a la práctica de quema como labor cultural orientada a preparar el suelo para la nueva siembra, que en el caso de Roboré y la Chiquitania ha salido de control.El director de la ABT, sustenta que en las pampas benianas se quema fundamentalmente pasturas. En el bosque seco chiquitano se quema en distintos lugares y cuando se reporta medio millón, no necesariamente todo es bosque. «Roboré es la zona crítica; hay bosque y también sabanas. El 70% de lo que se quema es sabana y el otro 30% tiene que ver con bosque. En los 953 mil hectáreas afectadas actualmente, tendríamos que controlar con un gendarme por hectárea, lo cual es imposible. Ni colocando un gendarme se logra controlar. El tema es que se quema desde siempre, hay una práctica cultural que persiste», apunta.Qué tareas encarar. En un momento de emergencia y a la vez en tiempos electorales, las soluciones que plantean uno y otro sector están contagiadas de posibiones encontradas y hasta polemicas. Durán plantea de manera enfática derogar las leyes y decretos que autorizan desmontes y chaqueos. Además pide sancionar a los culpables por la otorgación de permisos para estos fines, referente a los que provocaron incendios. Al mismo tiempo, propone una especie de pausa ecológica en la zona afectada. » Reto declarar zona de inmovilizada para que no tengan otros usos. Una pausa ecológica y buscar financiamiento para restituir el bosque con los verdaderos técnicos que son los ingenieros forestales», señala.En la misma línea del Colegio de Ingenieros Forestales. la Contiocap, exige al gobierno central derogar la Ley 741, el Plan de Desmontes de hasta 20 Hectáreas (PDM20) y el D.S. 3973 que legalizan quemas en un contexto de descontrol de la especulación de tierras.»Exigimos al gobierno central y a los gobiernos departamentales dejar sin efecto la ampliación de la frontera agropecuaria en tierras que deben preservar su función no-agropecuaria, asegurando los servicios ambientales necesarios que estas tierras y territorios cumplen para beneficio de toda la población actual y las futuras generaciones», señala el comunicado difundido en los últimos días.Por su parte la investigadora Andersen, señala que en Bolivia las condiciones son muy favorables para deforestas y escasas para la reposición de bosques. En ese sentido sugiere crear impuestos al proceso de deforestación y las acciones inherentes a ella como son las quemas y los chaqueos. «Yo pondría un impuesto a la deforestación de por lo menos 100 dólares por hectárea, lo cual todavía cae por debajo del costo social de la deforestación, pero es mejor que nada. Y pondría multas muy altas a la deforestación ilegal, para que valga la pena pagar el impuesto y hacerla de manera legal», argumenta.Además, de ello la experta propone que para poder cobrar impuestos a la deforestación, es necesario tener un buen sistema de monitoreo. Con los avances en las tecnologías de información satelital, esto es totalmente factible. Todos apuntan a las normas que permite devastaciónLey N° 741. Fue emitido el 29 de septiembre de 2015, para autorizar desmontes hasta 20 hectáreas. «Tiene por objeto autorizar el desmonte de hasta veinte hectáreas (20 ha) en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas, y asentamientos humanos legalmente establecidos con Resolución de autorización, para el desarrollo de actividades agrícolas», señala en partes salientes la norma.DS N° 3973. La norma emitida el 10 de julio de este año, modifica el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 26075, de 16 de febrero de 2001.En partes salientes el artículo 5 señala que «en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias”.En tanto la norma de 2001 del citado artículo, del gobierno de Banzer, decía que: «en el Departamento de Santa Cruz de la Sierra, se permite el desmonte en tierras privadas sujeto a la aprobación del Plan de Ordenamiento Predial por parte de la Superintendencia Agraria», entre otros aspectos.Datos. Según datos de Fundación Tierra, en los últimos años vía el INRA se dotó al menos 1,0 millones de hectáreas de tierra en la región Chiquitana, supuestamente a gente sin tierra. «INRA repartió títulos agrarios a un ritmo de un millón de hectáreas por año. No nos distraigamos con chivos expiatorios. Pidamos moratoria inmediata del proceso agrario y desmontes», señaló vía Twitter el director de la Fundación, Gonzalo Colque. 15 DiasDe fuego arrasaron con mas de un millón de hectareas de sabana y bosque.2016 HistóricoSegún la ABT fue el año en que las quemas superaron las 5.0 millones de hectáreas.500 Mil hectáreasDe bosque se habrían perdido en la chiquitania.35 ComunidadesDe 11 municipios de Santa Cruz fueron afectados por los incendios estos días.»Hay que repensar en las políticas de expansión de la frontera agrícola»La región chiquitana y parte de la región chaqueña de Santa Cruz, ha sido impactado por el voraz incendio, como efecto de las quemas y chaqueos. Se trata de uno de los peores incendios forestales de los últimos años. Aún no hay un informe oficial de la superficie vegetal quemada, se estima que son mas de 1.0 millón de hectáreas. Lykke E. Andersen, Ph.D., Directora Ejecutiva de SDSN Bolivia, desmenusa algunas atenuantes que forman parte de una realidad incontrastable de los últimos años.P. Bolivia deforesta al año un promedio de 350 mil hectáreas año. ¿Qué criterio le merece esta díficil situación, ahora con los incendios?R.: No toda el área en llamas solía ser bosque, por ende todavía no podemos saber la pérdida total de bosques este año, pero es casi seguro que va a ser el más alto en la historia de Bolivia, superando el anterior pico de 471 mil hectáreas deforestadas en 2016.P.¿Estamos en el umbral más alto de la deforestación del mundo?R.: No necesariamente, porque no somos el único país con incendios forestales excepcionales este año. Brasil, Paraguay y Argentina también están sufriendo. Pero, según los mapas globales de incendios forestales, el centro de África está en peores condiciones, especialmente Angola, Zambia, Congo, Mozambique, y Tanzania.P.¿A qué se puede atribuir los descontrolados incendios?R.: Los incendios forestales pueden iniciarse por varias razones, incluyendo relámpagos, cigarrillos, vidrios rotos, o una fogata. Sin embargo, estamos en la temporada de chaqueo, donde miles y miles de agricultores practican “quemas controladas” para preparar sus terrenos para cultivos. Lo más probable es que varias de estas quemas salieran de control por las condiciones climáticas muy secas combinado con vientos fuertes.La deforestación en Bolivia ha ido aumentando constantemente durante los últimos 30 años. A ese ritmo, era cuestión de tiempo para que los incendios forestales se den con la fuerza con la que los tenemos actualmente.P.¿Hay ausencia de políticas en el caso de quemas y chaqueos?R.: Las razones son complejas. Desde el punto de vista de un agricultor, el chaqueo tiene mucho sentido. A los nuevos agricultores, el chaqueo les ayuda a establecer derechos sobre la tierra de manera rápida y barata. También es la manera más barata de obtener suelos agrícolas con altos niveles de nutrientes y bajos niveles de malezas. Es un sistema distorsionado donde algunos se benefician privadamente del sistema, mientras que el resto sufre las consecuencias. El problema en Bolivia, es que es fácil y barato deforestar.P.¿Cuánto tiempo implica reponer bosques o reforestar?R.: Los bosques quemados pueden auto-regenerarse si lo permitimos y si hay fuentes de semillas cerca. El tiempo de auto-regeneración depende del tipo de bosque, pero normalmente vuelven a su máximo nivel de biomasa en un lapso de entre 30 y 40 años.P.¿Hace falta tener un centro de monitoreo y de alerta temprana?R.: Sí, obviamente debería existir un sistema de monitoreo con datos actualizados y accesibles a todos los actores que lo necesitan. De hecho, ABT antes tenía un excelente sistema de monitoreo de focos de calor, y enviaban reportes diarios por correo a todos los interesados. Pero su último reporte fue del 17 de agosto del 2016. SENAMHI también ha dejado de monitorear focos de calor. En pleno desastre, su página principal dice “no hay alertas actuales”.P.¿Cuales son las secuelas de esta casi davastación ambiental?R.: Posiblemente las peores consecuencias están todavía por venir, porque la eliminación de la cobertura boscosa inicia un círculo vicioso. La cobertura boscosa tiene una función muy importante en la regulación del clima local, evitando temperaturas muy altas y muy bajas, absorbiendo precipitaciones fuertes y almacenando la humedad en los suelos para su posterior uso en periodos secos. Cuando se elimina la cobertura boscosa, las temperaturas de día y de verano aumentan sustancialmente, y las temperaturas de noche e invierno bajan con la misma intensidad, aumentando así la variabilidad térmica. Igualmente, cuando se elimina la vegetación, las lluvias no son absorbidas y el agua no es integrada en los suelos, sino escurre por encima. Al suceder esto, el riesgo de inundaciones en época de lluvia aumenta, como también aumenta el riesgo de sequías en época seca. Finalmente, bosques fragmentados por la deforestación se tornan más secos y susceptibles a incendios forestales en el futuro.P.¿Qué acciones encarar de aquí en adelante?R.: Hay que re-pensar la política de expansión de la frontera agropecuaria. Estamos llegando al punto donde los efectos adversos de la deforestación prácticamente cancelan los beneficios económicos privados de la actividad agropecuaria adicional. No necesariamente hay que reducir la deforestación a cero, pero hay que hacerla de manera mucho más cuidadosa y donde realmente es justificada. A parte de pequeñas áreas para agricultura de subsistencia, no debería ser gratuito deforestar, porque conlleva costos altos para la sociedad en su conjunto.P. Usted plantea cobrar impuestos. ¿ porqué y como hacerlo?R.: Yo pondría multas muy altas a la deforestación ilegal, para que valga la pena pagar el impuesto y hacerla de manera legal. Es clave que estos impuestos a la deforestación sean cobrados a nivel municipal en vez de nacional, para que el dinero se queda en el municipio y esté disponible para inversiones que benefician a la población local. Así habrá incentivos locales para monitorear y controlar la deforestación.Para poder cobrar impuestos a la deforestación, es necesario tener un buen sistema de monitoreo. Con los avances en las tecnologías de información satelital, esto es totalmente factible. De hecho, es posible desarrollar sistemas que midan en tiempo real los rendimientos agrícolas en cada parcela y predigan dónde es mejor deforestar para maximizar los beneficios y minimizar los efectos adversos. Un sistema así se pagaría rápidamente con la efectividad que otorga al momento de cobrar los impuestos y multas mencionadas.EL DÍA / Santa Cruz