Hace 10 años fue prefecto de Santa Cruz, durante el gobierno de Carlos Mesa. Este abogado, investigador social y ensayista es también autor de literatura de ficción. Ha escrito 16 libros en materia jurídica, política y literaria. Se le reconoce como uno de los padres del proceso de aprobación y aplicación de la Ley de Participación Popular. Carlos Hugo Molina concedió la siguiente entrevista, que publicamos en dos partes.CAPITALES (C). A más de 20 años de la aprobación de la Ley de Participación Popular, ¿en la actualidad usted ve avances o retrocesos, en cuanto a Desarrollo económico local, respecto a lo impulsado para los municipios a mediados de los 90?Carlos Hugo Molina (CHM). Está resultando más complicado de lo pensado inicialmente, paradójicamente, por el exceso de recursos ejecutados fuera de los planes de desarrollo productivo. Los gobiernos municipales no han tenido necesidad de desarrollar capacidad de gestión y alianzas con los actores privados porque los recursos transferidos han producido pereza fiscal, y no existe preocupación por lograr retorno ni generar ingresos.En la mayoría de los municipios eso ha dado como consecuencia que los actores generadores de economía no vean a los gobiernos municipales como socios estratégicos.C. ¿Cuál es su conclusión de lo que ha ocurrido con las autonomías en el país? ¿Por qué no funcionan a plenitud? ¿No cree usted que a nuestros políticos les falta desprendimiento (menos mezquindad o interés sectario) para, al fin, dejar de centralizar la política y la economía de Bolivia?CHM. Mientras el Presidente de la República siga siendo el primer gobernador y el primer alcalde del país, resultará muy difícil que se liberen las capacidades autonómicas. El Programa Evo Cumple es un instrumento que reduce la institucionalidad al decidir, en La Paz, las condiciones para la inversión.Lo que no se da cuenta el Poder Ejecutivo es que, bajo esa modalidad, la lista de Papá Noel es todo el año. El segundo elemento de análisis es el comportamiento del Ministerio de Economía, con una actitud que impide el fortalecimiento de las capacidades de gestión autonómica al establecer procedimientos que limitan el desarrollo de los territorios. Y finalmente, la ausencia de leyes territoriales de los concejos municipales y las asambleas legislativas que, al no desarrollar la capacidad normativa y generar tensión constitucional, han dejado el centro administrativo y de gestión al nivel central.Todo esto limita la capacidad de acción de los actores autonómicos, perjudicando el desarrollo integral del Estado y aumentando la carga y la función de los niveles centrales.C. ¿Por qué dice que Chuquisaca necesitará, antes que ningún otro departamento, un “modelo autonómico propio”?CHM. Si analizamos el crecimiento de la población y la capacidad productiva del departamento, nos encontraremos con datos que ya tienen comportamientos tendenciales, negativos.El crecimiento poblacional departamental está por la mitad de la media nacional y ocho de las provincias ya tienen crecimiento negativo, es decir, están perdiendo población. Y por el otro lado, la dinámica productiva y de crecimiento económico no ofrecen las posibilidades para generar un desarrollo auspicioso. Esto llevará a una limitación real de las capacidades de crecimiento y una dependencia mayor del Gobierno central.La disminución de recursos nacionales puede agravar la situación. ¿Cuál es el modelo de desarrollo departamental?, ¿sobre qué bases se asienta y cuál es el futuro?Los demás departamentos tienen definidas sus grandes líneas y sobre ellas están trabajando. Por eso creo que les corresponde a los chuquisaqueños asumir la responsabilidad de su futuro, debatiendo y aprobando los componentes que les puedan permitir valerse de sus propias fuerzas. En este momento, no lo están haciendo.C. ¿El país se encamina inevitablemente hacia un proceso de federalismo, o acaso ya vivimos en un “Estado federal”? ¿Esto es bueno o malo? ¿Por qué?CHM. Los modelos estatales responden a realidades nacionales. En Bolivia tenemos una negación permanente de los hechos históricos. La Asamblea de 1825 tuvo las características de un Pacto Federal, y esta situación se repite permanentemente en asambleas, revoluciones, Guerra Federal, referéndum, movilizaciones y un intento de mantener la unidad nacional con criterios de fuerza, antes que de consensos y pactos.La Constitución tiene corte federal y la aprobación del Estatuto de la Autonomía Indígena de Charagua lo consolida. Esto no es ni bueno ni malo, es una realidad desarrollada por el mismo Gobierno en una paradoja magistral.¿Una prueba más? La propuesta de Pacto Fiscal deja en evidencia que el propio Gobierno incorporó a los territorios para que concerten con el Gobierno central las modalidades de inversión, gasto y desarrollo.«La dinámica productiva y de crecimiento económico (de Chuquisaca) no ofrecen las posibilidades para generar un desarrollo auspicioso»«El propio Gobierno incorporó a los territorios para que concerten con el Gobierno central las modalidades de inversión, gasto y desarrollo»
“Ya vivimos en ciudades, las demandas son urbanas y tenemos un discurso rural”Fuente: Carlos Hugo Molina