El diputado de oposición Horacio Poppe informó que por los hechos luctuosos de La Calancha de 2007,  el Gobierno sostuvo  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las fuerzas del orden “actuaron” para resguardar la integridad de los constituyentes.El lunes, la CIDH notificó a Poppe con la respuesta del Ejecutivo sobre el proceso que inició en 2015, ante esa instancia,  por el caso La Calancha, cuando  fallecieron tres personas: Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo.De acuerdo al diputado, entre los justificativos del Gobierno está que el responsable de los hechos violentos es el “conservador”  Comité Interinstitucional por “‘haber tomado la ciudad’ y  que, por ello, en ‘extrañas circunstancias’ propició el deceso de tres personas y decenas de heridos”.Poppe agregó que el Ejecutivo “confiesa que las Fuerzas del Orden, ante ese escenario ‘actuaron en resguardo de la integridad física de los constituyentes’ asediados en el Liceo Militar”.En ese marco, el legislador sostuvo que “ante semejante confesión, (a las autoridades del Gobierno) les faltó poco para decir que por eso metieron balas”.En criterio del diputado del MAS Francisco Cuéllar, hubo  violencia  de los dos bandos: de los miembros del desaparecido  Comité Interinstitucional y de los efectivos del orden. “La violencia no fue  sólo de una sola parte, la violencia ha sido de ida y vuelta. El Gobierno no fue a atacar. Incluso, los chuquisaqueños que fallecieron y capitalinos se valieron de la fuerza, de esa manera hubo choque de fuerzas”, manifestó el legislador por Chuquisaca.En esa línea, su colega Alicia Canqui (MAS) manifestó que hubo   violencia de ambos lados, y que  serán las autoridades quienes deberán identificar a los responsables de los hechos  que se registró en Sucre en 2007.

La CIDH, después de  recibir los alegatos del Gobierno, otorgó al diputado Poppe 30 días para que responda.“Nos ratificaremos en los argumentos con los que se elaboró  la demanda en representación de las víctimas que fallecieron por arma de fuego”, expresó  el legislador opositor, quien  agregó que reiterará que no fue posible agotar los recursos internos al existir “evidente retardo injustificado de emitir una decisión final sobre el juicio de responsabilidades”.El proceso contra el Estado boliviano fue por retardación de justicia, debido que tras  12 años del caso La Calancha, la Asamblea Legislativa, donde el MAS tiene amplia mayoría, no descarta o autoriza el juicio de responsabilidades  en contra del exministro de Gobierno Alfredo Rada y otros que solicitó el Ministerio Público en 2011.Poppe planteó la denuncia en Washington, sede de la CIDH, en octubre de 2015, y en febrero de 2016 fue notificado con la admisión de la demanda.

RECLAMO. Las muertes de La Calancha en 2007 exigen justicia ante la CIDH. Archivo

 Sucre / Correo del SurEl Estado boliviano pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declarar inadmisible y el archivo de la demanda de retardación de justicia sobre las muertes de La Calancha en 2007; en su respuesta escrita refiere que los muertos y heridos se debieron a una situación de caos y de conflicto, que atribuyó a la “irresponsabilidad del Comité Interinstitucional”.En julio de este año, la CIDH conminó al Estado boliviano a pronunciarse sobre la demanda presentada por el diputado Horario Poppe en representación de David Soliz Soria y otros, víctimas de los hechos luctuosos de Noviembre Negro, que fue presentada ante ese organismo internacional en septiembre de 2015.El memorial de respuesta del Estado Plurinacional lleva la firma del procurador general del Estado, Pablo Menacho Diederich, en el que hace una relación de los hechos ocurridos durante los conflictos por la capitalidad plena en Sucre en los que fallecieron Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo y resultaron heridos David Solíz Soria y Juan Carlos Saavedra.Producto de estos hechos se iniciaron procesos judiciales que tienen una retardación de más de 12 años; en 2008 la Fiscalía presentó un requerimiento acusatorio contra altas autoridades del Estado, trámite que se encuentra en la Asamblea Legislativa desde 2010 a la espera de una autorización de juicio.Para el Estado, los fallecimientos y heridos se debieron a situaciones de caos y conflicto que atravesaba la ciudad de Sucre. “Creada por la irresponsabilidad del Comité Interinstitucional, escenario en el cual el Estado, a través de las fuerzas del orden, actuó en resguardo de la integridad física de los asambleístas constituyentes y de la población civil en general”, agrega.Asegura que las víctimas no acudieron a la justicia ordinaria para reclamar sus derechos y tampoco agotaron los recursos legales internos para acudir después a la CIDH.