Zapata deja de ser reina, pero aún tiene peso en la cárcel

Para nadie es un misterio que entre rejas se vive mejor el que tenga más dinero. Durante la gestión de Evo Morales, la reclusa condenada Gabriela Zapata Montaño, exnovia del exmandatario, era conocida como la reina de la cárcel de Miraflores porque hacía su voluntad. Con el gobierno transitorio de Jeanine Áñez su poder ha disminuido, pero todavía mantiene algunos privilegios, aquellos que el dinero puede comprar.

Está recluida en el penal de Miraflores hace más de tres años. Allegados al anterior gobierno dicen que pudo haber llegado a un acuerdo con los carceleros porque Zapata no volvió a conversar con los medios, como cuando estaba en la cárcel de Obrajes. Fuentes gubernamentales, policiales, abogados y otras reclusas relataron que a cambio de su silencio, ella era “la reina de la cárcel” y hacía lo que quería.

Su exabogado William Sánchez Peña relató que apenas llegó fue habilitada la despensa de la cocina, en el segundo piso de la cárcel, para que se quede allá. Estaba cerca del comedor de los policías, así que sembró buena relación con los uniformados. 

Posteriormente, logró un espacio más amplio, donde antes era un dormitorio de seguridad. No se puede decir que ese lugar sea tan elegante como ella, que no ha perdido el glamour en su vestimenta ni la fragancia a perfume francés, pero aún tiene todas las comodidades. El espacio que Zapata habita tiene una cama cómoda, computadora, televisión por cable y aseguran que maneja un celular.

En octubre de 2018 acudió a un dentista en la zona Sur de La Paz. Cuando el video se conoció, las autoridades penitenciarias señalaron que tenía un permiso judicial. Incluso hay versiones, y de altas fuentes, de que entraba y salía del centro penitenciario como si estuviera beneficiada con extramuro (los reclusos que salen a trabajar y regresan en la noche).

Desde que asumió Áñez al menos ya no sale, afirman las fuentes. EL DEBER intentó visitarla en tres ocasiones. No accedió a reunirse con el periodista. La última vez, en Navidad, los policías informaron que estaba con “su visita” y que ese momento habló con su abogado y que él le aconsejó no acceder. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que “ha estado viviendo como reina, pero con este gobierno haremos que tenga las mismas condiciones que el resto de los reclusos, se acabarán sus privilegios”, aseguró.

La cárcel de Miraflores tiene seguridad más rigurosa que la de Obrajes, donde Gabriela Zapata fue recluida en principio, cuando comenzó su juicio por el caso CAMC, en febrero de 2016. Sin embargo, la mujer tenía entonces una fluida relación con medios de comunicación y periodistas. Hacía declaraciones que incomodaban, especialmente a algunos ministros del gobierno del MAS.

El 24 de marzo de 2016 fue trasladada en horas de la tarde de la cárcel de Obrajes al penal de Miraflores bajo estrictas medidas de seguridad. En un comunicado del Ministerio de Gobierno, la Dirección General de Régimen Penitenciario informaba que lo dispuso “por razones de seguridad y para garantizar la convivencia pacífica de las internas del recinto carcelario de Obrajes”.

Pero lo cierto fue que el traslado de Zapata se dio un día después de que responsabilizara al entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de organizar “todo esto”, dijo textualmente.

En julio de 2018, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz ratificó la sentencia de 10 años de cárcel en contra de la expareja de Morales, por legitimación de ganancias que se abrió tras el escándalo del supuesto tráfico de influencias originado porque el Gobierno adjudicó millonarios contratos a la empresa China CAMC, de la que precisamente Zapata era gerente comercial.

La sentencia fue apelada y algunas de las partes llegaron hasta la presentación del recurso de casación (último trámite en materia ordinaria) para revertir la medida judicial que pesa en su contra.

Este año, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible ese recurso y ratificó la sentencia condenatoria.

Ese es, según las normas bolivianas, el último paso ordinario que tiene un sentenciado para revertir una condena.

Pero el 2020 se abrirá un nuevo capítulo en esta historia porque la Sala Constitucional Primera de Chuquisaca, según ANF, dio curso al tratamiento del Amparo Constitucional interpuesto por Ricardo Alegría, implicado en el caso, en contra de los magistrados del TSJ, Olvis Egüez y Edwin Aguayo, con el fin de dejar sin efecto el auto supremo emitido por dichas autoridades, quienes declararon inadmisible el recurso de casación de las partes de este caso, lo que también beneficia a Zapata.

“En merito a la recargada agenda de audiencias de esta Sala, se señala audiencia pública de acción de amparo constitucional para el día jueves 9 de enero de 2020 a horas 16:00, en Sala de Audiencias N° 2 del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca”, refiere la disposición judicial a la que tuvo acceso ANF.

El comunicador Carlos Valverde fue el primero en denunciar que Morales y Zapata tenían un hijo juntos, lo que agravó la situación de la mujer en este primer proceso y desencadenó su condena de 10 años, en el caso de tráfico de influencias, pero que ni siquiera tocó al expresidente Morales, ni a la empresa china CAMC, porque ninguno de sus ejecutivos fue convocado a declarar.

En 2016, Evo admitió que tuvo un hijo con Gabriela, que el pequeño nació en 2007 pero que falleció poco después. Posteriormente, el expresidente expresó dudas sobre su existencia, aunque Zapata insistía en que el niño estaba con vida. En abril, Morales se practicó una prueba de ADN para confirmar o no la paternidad del hijo. Sin embargo, Gabriela Zapata se negó a hacerlo.

En mayo de 2016, una jueza de La Paz señaló que no había prueba sobre la existencia del niño y decidió archivar la demanda presentada por el mandatario boliviano. Poco después, el Gobierno contraatacó e inició un proceso por trata de seres humanos, porque en una audiencia Zapata y sus abogados presentaron un niño. El mismo Carlos Valverde señaló luego que no había hijo.

Este caso está en proceso. Uno de los exabogados de Zapata, Eduardo León, fue implicado y apresado aunque logró revocar su detención preventiva. Los otros dos, William Sánchez Peña y Wálter Zuleta salieron del país y lograron el refugio político en Perú.

Sin embargo, en las últimas semanas, gestiones legales lograron que un juez revoque la orden de aprehensión para los dos juristas. De hecho, Sánchez Peña anunció en exclusiva a este medio que regresará al país los primeros días de enero, y ya sin la orden de aprehensión asumirá defensa y “probará su inocencia”. A través de su cuenta de Facebook, su colega Zuleta también dio a entender que pronto estará en el país.

El Sistema Integrado de Registro Judicial, reporta que Zapata tiene otros dos procesos que están abiertos, uno por calumnia y otro por difamación, interpuesto por exautoridades gubernamentales a la que ella aludió.

En distintos momentos de esta historia, las partes solicitaron la convocatoria de los ejecutivos de CAMC, del presidente Morales y de algunos ministros.

En agosto de 2016, el exfiscal general Ramiro Guerrero declaró que el Ministerio Público no investigó el tema de los contratos de la CAMC porque una comisión legislativa lo hizo, y “no se puede hacer una doble investigación”. Luego, los miembros de la comisión legislativa, que tenía mayoría del MAS, definieron que no iban a convocarla porque no hallaron “ninguna irregularidad en los contratos”.

Ni la Fiscalía ni la comisión legislativa convocaron a Morales o a Quintana. La exnovia pagó todos los platos rotos.

EL DEBER consultó al ministro de Obras Públicas, Iván Arias, si es que el Gobierno buscará que la justicia indague a la firma china y a otras exautoridades, y él señaló que ese tema todavía no ha sido analizado porque asumió el cargo hace poco tiempo y solicitó unos días para contestar.

Mientras que su colega de la Presidencia, Yerko Núñez, pese a que hizo seguimiento del caso como senador, no tuvo tiempo para contestar la consulta presentada por EL DEBER.