Carlos Federico Valverde Bravo
“Señor juez, señores fiscales, yo les llamo a la reflexión y acabemos con este show, con esta injusticia y con esta farsa. No estamos dispuestos, como Gobierno de transición, a seguir cargando esta mochila vergonzosa para el pueblo de Bolivia”, dijo el ministro de Gobierno Arturo Murillo, el 21 de enero cuando retiraba al Ministerio de Gobierno de la acusación del llamado “proceso o caso terrorismo”, dando al país la sensación de que es posible reparar la injusticia y el abuso con los que actuó el Estado desde 2009.
Aun así, el juez Sixto Fernández y la jueza técnica Elena Gemio, decidieron seguir con el proceso, sin que haya quorum, habida cuenta de que las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Calizaya habían renunciado el 6 y 10 de enero, respectivamente; aun así, el juez insistió en mantener el proceso de manera ilegal; los abogados de la defensa accionarán como corresponde; sin embargo, emito criterio y opinión sobre el comportamiento del juez Fernández en el que fue un linchamiento judicial que lleva tantos años atormentando a varias decenas de familias. El llamado juicio mantuvo distraída a la justicia con un tema que nunca va a tener un final porque no tiene un comienzo legal, porque fue inventado por el poder, porque se creó para amordazar a un pueblo, para asustarlo.
Desde mi punto de vista, el juez decidió seguir con el proceso, porque teme que, si el juicio acaba sin sentencia, alguien lo sentará a él en el banquillo de los acusados y se le pedirá cuentas por su participación en los 10 años de tortura judicial; el juez actúa de esa manera porque es su salida, debe temer ser procesado por violación a los DDHH, por prevaricato y por el uso político que hizo de la justicia y por no haber garantizado un proceso justo.
Convengamos entonces que Arturo Murillo no dijo nada nuevo, nada que no se sepa, su valor fue haber analizado el caso con sus asesores y presentarse ante el juez usando argumentos convincentes para reparar la injusticia retirando al Estado del abuso sostenido.
El representante del Ministerio Público, Marco Rodríguez avisó que se iba a reunir con el fiscal de La Paz para ver qué se decide; ojalá decida por terminar el caso, aunque por momentos daba la impresión que lo suyo era personal contra los acusados; sabrá él, veremos qué dice el departamental; falta aún para el 3 de febrero, cuando se reinicie el proceso; estamos esperando, desde el 21 de enero.
Veamos ahora las consecuencias contra Evo Morales por sus claras instrucciones en la masacre del Hotel Las Américas:
Se sabe que los documentos del proceso serán enviados a la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos); este es un tema que no va a demorar muchos días, porque los familiares de las víctimas ejecutadas en el hotel (Michael Martin Dwyer, Arpad Magyarosi y Eduardo Rozsa), además de los sobrevivientes de la masacre, Mario Tadic y Elöd Tóásó; ya han recibido la resolución procesal en contra del Estado boliviano, es decir, proceso va a haber.
De acuerdo con la información con la que contamos, el Gobierno de Morales siguió dos caminos igualmente complicados para Morales hoy:
1.- Se negó a conciliar con las víctimas ante los organismos pertinentes y, además, rehuyó presentar evidencias
2.- Trató de negociar extrajudicialmente con los familiares de los fallecidos, ofreciendo mucho dinero, cosa que les fue negada de manera tajante, para ellos, esto se arregla en una Corte, no con plata. (esto ya lo anunciamos hace mucho tiempo, desde la “fuga” de los dos sobrevivientes)
En esto están involucrados de manera directa, Héctor Arce Zaconeta y David Choquehuanca (ahora candidato a la vicepresidencia por el MAS)
Como están las cosas, el Estado boliviano (que es el encausado), tiene dos caminos: encara el proceso con la evidencia existente, “endosando” las acciones del gobierno anterior con las consecuencias que esto acarrea (ser un Estado sentenciado) o, en su defecto, efectuar una acción efectiva que acepte que se violaron los DDHH en el operativo y procesos posteriores y asuma el compromiso de procesar a los responsables, indemnizando a las víctimas, legalmente, como corresponde y ejerciendo acciones de recuperación contra los responsables.
Esa acción de gobierno o, las de los organismos internacionales implicará, de manera inmediata, una condición de procesado por violación de DDHH a Evo Morales y los demás involucrados, lo que invalidará su condición de refugiado o asilado en cualquier Estado miembro de OEA o de NNUU, más aún de Argentina que tiene una larga historia y antecedentes de haber procesado a sus dictadores y, en este caso debiera actuar en consecuencia.