Gobierno boliviano instruye auditoría a los juicios del mar y el Silala

 Fernando del Carpio Z. – Edición impresaLa Cancillería dispuso ejecutar una auditoría en la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima Silala y Recursos Hídricos Internacionales (Diremar), que administró y promovió la demanda marítima (2013-2018) y el juicio por el Silala, que se inició en junio de 2016.La canciller Karen Longaric explicó que este proceso consistirá en hacer un diagnóstico de la documentación, la parte jurídica y administrativa, “a manera de hacer un corte de la anterior gestión”, en momentos en que se responsabilizó al gobierno de Evo Morales por admitir que el Silala es un flujo de “aguas compartidas” con Chile, lo que eventualmente afectaría la defensa que hace Bolivia en este caso.“Reitero que deseo llevar esto (la auditoría) de la manera más transparente, no creo que le haga mucho bien al país sindicar a la gente de Diremar de que son los responsables”, afirmó ayer durante una entrevista con radio Panamericana, desde La Haya.Al respecto, el canciller chileno, Teodoro Ribera, calificó como “una muy buena noticia para Chile” la revelación que hizo Longaric sobre el argumento que inscribió el anterior Gobierno.Diremar fue creada en 2011 para promover la demanda marítima planteada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para abrir un espacio de diálogo con Chile y así negociar una salida soberana al mar; al final, ese tribunal falló que el país vecino no tiene “obligación de negociar”.En 2016, Chile recurrió a esa Corte para que declare que el Silala es un río de “curso internacional” de “uso equitativo”, mientras que Bolivia defendía la propiedad plena del recurso hídrico y exigía “compensación”.Dos años después, Bolivia activó una contrademanda para que se le reconozca la soberanía plena sobre las aguas, incluidos los canales artificiales que se construyeron desde 1908.En ese marco, la CIJ unió ambos casos y en junio de 2019 cerró la fase escrita del juicio; en seis meses se conocerá el cronograma para la etapa oral del proceso.Ante este escenario, la canciller Longaric develó que el gobierno de Morales, a través de su agente Eduardo Rodríguez Veltzé, admitió en los alegatos escritos que parte de este flujo es de curso internacional, lo que puede derivar en que la Corte concluya que Bolivia no tiene la soberanía sobre el 100% de esas aguas.Al respecto, Rodríguez Veltzé, a través de su cuenta de Twitter, minimizó el hecho y pidió evitar especulaciones y un “manejo electoral”.Para Longaric, el entorno de Morales fue el que propició esta situación, por lo que debe “responder de manera valiente sobre su responsabilidad en este y otros temas”.“En el tema marítimo, muchos son los que han alentado ese proceso judicial sobre el mar y resulta que cuando se ha perdido absolutamente en todos los puntos propuestos por Bolivia, todo el mundo se lavó las manos, se retiró a su casa y nadie asumió esa responsabilidad”, enfatizó.Equipo jurídicoLa autoridad explicó que “no hubo cambios” en Diremar ni en el equipo jurídico internacional contratado por el anterior Gobierno, “porque tienen conocimiento profundo de todos los antecedentes, compilación de datos, documentos”.Fuente: periódico Bolivia