Medidas extremas para una situación extrema. Esa es la posición de la Cámara Nacional de Industrias (CNC), al mando de Ibo Blazicevic, quien en esta entrevista con La Razón Digital expone el pliego de medidas urgentes que se hizo llegar al Gobierno para hacer frente a la asfixia económica que sufre este gremio y ante la recesión que se avecina debido a la emergencia sanitaria y la cuarententa total dictadas ante la propagación del coronavirus. Además, remarca que en esta coyuntura no hay condiciones para hablar del incremento salarial de este año.
— ¿Cuáles son los efectos que ya empieza a sentir el sector industrial ante la emergencia sanitaria en el país?
— Primero, estamos realmente preocupados porque sabemos que esta medida es durísima, aunque necesaria; sin embargo, los efectos están empezando a causar una recesión en las actividades productivas. Estamos viendo que las empresas industriales que no están ligadas a la producción de alimentos de la canasta familiar, como la industria farmacéutica o actividades relacionadas están casi totalmente paralizadas. Existe una enorme preocupación de los industriales, y especialmente de los más pequeños, sobre cómo afrontar estas medidas y cómo sobrevivir sabiendo que en Bolivia hay leyes tremendamente restrictivas con respecto a la posibilidad de despedir personal, estamos imposibilitados de hacerlo. Entonces, seguir pagando planillas de sueldos y obligaciones sociales, seguir pagando obligaciones fiscales con cero ingresos definitivamente es imposible. Los ciclos económicos son cortos, sabemos que en los primeros 30 a 45 días la mayoría de las industrias, sobre todo las pequeñas y medianas, van entrar en estado de iliquidez. En las conversaciones que tenemos internamente hay preocupación, y radica también porque parece que la medida se va a alargar y nuestra capacidad de aguantarla es muy limitada.
— ¿Cómo se van a expresar los efectos de esta recesión? Los industriales de La Paz ya advirtieron con cierre de compañías, pérdida de empleo formal…
— Sí, definitivamente, lo que se va a acabar creando es una enorme recesión y van a ser pocas las industrias que van a poder sobrevivir y hacer frente a esta crisis. En su gran mayoría, las industrias van a padecer muchísimos problemas incluso para reactivarse, porque la economía no va a tener recursos para ello. Eso sí, hemos visto algunas medidas que son buenas del Gobierno, como la política monetaria no convencional del Banco Central de Bolivia (BCB), que ha decidido comprar los bonos del Tesoro General e inyectarle Bs 3.400 millones a la liquidez del sistema financiero. Si esto es bien orientado y el sistema financiero lo destina a créditos productivos, créditos comerciales y de consumo, con tasas interesantes e inclusive con algunos períodos de gracia, podría hacer que la demanda interna se reactive y ello también podría ayudar a que la economía y sus actores despeguen una vez que acabe esta cuarentena.
— Pero más allá de esta inyección de recursos, ¿cuáles son las medidas urgentes que precisa el sector empresarial e industrial?
— Hemos elaborado una serie de medidas que nos parecen muy importantes. En la cuestión impositiva creemos que se debería diferir por 90 días el pago del IVA (Impuesto al Valor Agregado), IT (Impuesto a las Transacciones), RC-IVA (Régimen Complementario al IVA), IUE (Impuesto a las Utilidades de las Empresas), ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras), ICE (Impuesto al Consumo Específico), cuyos vencimientos correspondan a los meses de marzo, abril y mayo, sin cargos por intereses ni multas.
Pedimos también que todas las empresas y negocios que tengan facilidades de pago en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que son otorgadas a 34 meses, deberían poder solicitar que se las otorguen por otros 34 meses con un saldo deudor a la fecha de solicitud y con algún período de gracia de no pago de 90 días, con lo cual estas cuotas podrían ser de 31 meses sin multas, intereses o penalidades de algún tipo.
Queremos plantear también que el SIN no active ningún juicio a las personas durante los próximos 90 días. Que los impuestos y patentes municipales sean diferidos en su cargo por 90 días, sin intereses, multas ni sanciones. Aparte de eliminar el ITF y, en el caso de las bebidas alcohólicas, cuyas industrias no están vendiendo nada desde el principio de la cuarentena, negociar las alícuotas del ICE y tratar de obtener alguna ventaja para esta debacle.
— ¿Y cuál es el pliego en el tema de créditos bancarios?
— En el caso de los créditos creemos que la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) debería autorizar a la banca la reprogramación de créditos en 90 días; algo se está haciendo y apreciamos lo que implementa la banca en las industrias grandes, medianas y pequeñas, en condiciones más blandas de plazo. También se precisa la suspensión del pago de créditos en 90 días. En cuanto a la normativa de la calificación de la cartera de créditos en el sistema financiero, que es regulada por la ASFI, debería ser modificada por un período de 90 días; esto tiene que ver con las calificaciones que van desde A hasta F, de mayor a menor riesgo, y dependiendo de la calificación asignada a cada cliente, la institución financiera debería constituir un monto de previsión para la cartera de créditos, el mismo que oscila desde 0 y 0,25% en la categoría A hasta el 100% en la categoría F.
Aparte, la ASFI debería emitir una nueva normativa para estos tiempos excepcionales, en la cual se especifique que la calificación de los deudores no puede ser modificada en los próximos 90 días. Asimismo, el sistema financiero no debería iniciarnos acciones legales, ni a sus deudores, en los próximos 90 días. Igualmente la tasa de referencia (TRE) no debería ser modificada en los siguientes 90 días, de manera que el costo del dinero no se incremente. Y los bancos deberían otorgar préstamos de dinero para el pago de planillas, este es un tema realmente importante, y si el sistema financiero usara los recursos que ha dispuesto el BCB para ayudarnos a financiar el pago de nuestras planillas salariales, con plazos de hasta 360 días, podría ser una diferencia importante.
— Hablando del tema salarial, ¿en esta coyuntura cuál es el panorama para el incremento de salarios?
— Creo que hoy estamos en la peor condición como para hablar de incrementos salariales, definitivamente debería haber un congelamiento del aumento, tanto en el salario básico como en el mínimo. Queremos plantear la posibilidad de que se puedan declarar vacaciones colectivas o individuales a algunos trabajadores. Hay empresas que si no lo hacen van a colapsar, claro que para ello deberían ponerse de acuerdo entre empresarios y trabajadores. Y se propone la posibilidad de autorizar turnos de trabajo en las industrias sin recargos ni bonos extraordinarios, porque pagarlos significa ahora costos adicionales que no podemos cumplir.
En otro tema, deberíamos poder autorizar que los trabajadores de las industrias se desplacen a sus centros de trabajo con normalidad, hay muchísimos problemas con los permisos, hay una descoordinación entre los ministerios y estamos sufriendo mucho con las autorizaciones para la circulación y este tema tiene que estar mejor organizado.
En la seguridad social, se plantea diferir por 90 días el pago de las obligaciones sociales, con las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y la Caja Nacional de Salud (CNS), y que éstas no nos entablen acciones legales a las industrias; y suspender todos los procesos de cobranza y administrativos por esos conceptos. En cuanto a la compra y contrataciones estatales, el Gobierno nacional y los subnacionales deberían pagar todas sus obligaciones con las industrias, para inyectar dinero y así ayudarnos a sobrevivir en esta crisis.
Luego, se debería aprobar un conjunto de medidas para priorizar la adquisición de productos hechos en Bolivia, es una gran oportunidad para activar una campaña que incentive esto y evitar la crisis y la quiebra de la industria nacional. Y también se debería trabajar, una vez pasada esta emergencia, en una lucha seria contra el contrabando.
— ¿Cómo enlaza en esto el Fondo de Estabilidad Productiva Industrial que plantea su gremio?
— Es para evitar la iliquidez de nuestras industrias y facilitar la producción industrial para el abastecimiento de mercaderías en los nueve departamentos en este periodo de emergencia. Creemos que este fondo puede contar con un un monto de $us 500 millones, que pueden ser aportados por el BCB, que debería coadyuvar en el financiamiento con condiciones blandas de plazo y sin intereses ni garantías de las obligaciones de las actividades productivas de las industrias, las que se originan en los ámbitos crediticio, tributario, salarial, de seguridad a corto y largo plazos durante esta emergencia sanitaria. Esas son las medidas planteadas, las más específicas, lo que estamos viviendo amerita medidas excepcionales.
— ¿Ya se tuvo algún acercamiento con el Gobierno para plantear estas demandas?
— No, recién hemos acabado el planteamiento y mandamos hoy las cartas a los ministerios y la Presidencia. Nos estamos adhiriendo al pedido de nuestro colega Rolando Kempff, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), para conformar una comisión público-privada que atienda todos los temas del aparato productivo y el clima de negocios en Bolivia ante esta situación excepcional. Los empresarios hemos dado nuestro voto de confianza a las medidas de la presidenta Jeanine Áñez, pero esto no acaba aquí, estamos yendo a una recesión muy importante y es clave sentarnos a dialogar para tomar medidas necesarias, para que los bolivianos mantengamos nuestras fuentes de trabajo, industrias y así evitar el colapso. (27/03/2020)