Las empresas afiliadas a la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo) cerraron filas contra de la promulgación de la Ley 621 que beneficiaría a los usuarios con incremento de su recarga de internet durante la cuarentena. El presidente de la Cámara, Eduardo Trigo, considera que la medida significará “una expropiación de sus recursos” y anunció procesos legales.
La propuesta de ley, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y actualmente se analiza en la de Senadores, obligaría a las empresas a implementar (durante la cuarentena) un plan de recarga solidaria; que se duplique la recarga de la misma con un monto máximo de 320 bolivianos al mes y que los clientes pospago se beneficien con el incremento del 10 por ciento de los minutos libres y megabytes mensuales. La norma también insta a las telefónicas a generar planes de acceso a internet destinados a teletrabajo y teleeducación.
Ante esta situación, Trigo asegura que la medida se la promovió de forma unilateral y arbitraria, por lo que las empresas no están de acuerdo y advierten con medidas legales si no se consensua la norma.
“Nos reservaríamos el derecho de recurrir a todas las instancias legales que correspondan para defender nuestros derechos porque la norma es inconstitucional y fue tomada de forma unilateral, sin haber llegado a consensos”, dijo Trigo, quien también admitió que esta medida debe ser aprobada por todo el directorio.
La proyectista de la propuesta de ley, la diputada Concepción Ortiz explicó que las empresas están generando recursos y deben solidarizarse con la población que sufre una difícil situación económica por la cuarentena. Explicó además que esta medida ya la aplican con las modalidades “La carguita feliz” o “El día doble carga”.
“Pido a las empresas una ayuda social porque están ganando igual. A diario venden tarjetas. Están viviendo del pueblo, que ahora no sólo está muriendo de hambre, sino de Covid-19. Hay mucha gente que no puede viajar y puede aprovechar ese beneficio por lo menos para comunicarse. Que se pongan la mano al pecho y ayuden a la población”, dijo.
El diputado Amilcar Barral, por su parte, indicó que la medida no afecta la facturación pospago y que la norma se realizó en consulta con la Autoridad de Telecomunicación y Transporte (ATT).
“Ellos (los empresarios) no van a perder plata, van a dar un mejor servicio. Lamentamos que no quieran ser solidarios con la gente. Es hora de que las empresas empiecen a cooperar con el país. No nos interesa en lo absoluto si están de acuerdo o no, lo único que hay que ver es el interés de los bolivianos”, indicó Barral.
10 millones de usuarios es la cifra de personas que utilizan internet en Bolivia y que han tenido demanda de la red durante la cuarentena.
TELEEDUCACIÓN Y TELETRABAJO
La propuesta de ley determina que los proveedores del servicio móvil deberán generar planes destinados a teleeducación y teletrabajo. En respuesta, el presidente de Catelbo, Eduardo Trigo, explicó que cada operadora debe definir sus propuestas en función a la reglamentación.
Las operadoras consideran que es factible implementar estos planes, pero aclaró que muchas operadoras han sacado en esta cuarentena ofertas con megabytes de regalo para sus usuarios de internet.
ADVIERTEN QUE EL SISTEMA DE INTERNET SE SATURARÍA
REDACCIÓN CENTRAL
El presidente de la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo), Eduardo Trigo, advirtió que la norma afectará la provisión de internet y la telefonía de sus 10 millones de usuarios porque el sistema se saturaría.
“Consideramos a esta ley una expropiación de los recursos de las empresas privadas al obligarlas a duplicar la carga de los usuarios de prepago. Esto también va a generar una pérdida de recursos, no sólo a los operadores, sino al Estado a través del pago de impuestos y tasas regulatorias”, dijo el ejecutivo.
Explicó que las empresas están en una difícil situación económica porque más del 80 por ciento de sus clientes pospago no han pagado sus facturas de marzo y abril, lo que les ha causado iliquidez, lo que pone en riego a la empresa e impide el pago a proveedores.
“La recaudación de marzo y abril se ha reducido al mínimo, y los proveedores tienen obligaciones con operadores locales e internacionales, para garantizar la prestación del servicio. Al no existir este flujo de caja, hay dificultades en poder cubrir”, detalló Trigo.
Explicó que el sector está dispuesto a dialogar con los legisladores para ajustar la norma y solicitó reunirse con la Cámara de Senadores, para hacer conocer sus observaciones. Respecto a los planes especiales para ser usados en teletrabajo y teleeducación, Trigo afirmó que esto debe ser definido por cada operador en función a la reglamentación.
Rechazó que haya alza en las tarifas y dijo que, por el contrario, la tendencia es a bajar los costos.
Fuente: lostiempos.com