El ejercicio del poder en cualquier nivel del Estado y el conocimiento político requieren de hombres de acero, pero con sentimientos y con capacidad de emocionarse ante el sufrimiento humano y las injusticias, en cambio la gestión pública se mide por el cumplimiento de los objetivos y resultados alcanzados, y de ninguna manera, por derivaciones de intereses partidarios.
Las declaraciones de los gobernantes, Presidenta, ministros, gobernadores o alcaldes, se han convertido en una chacota folclórica. Unos son mensajeros de odio, discriminación, mezquindad, mediocridad y malacrianza, y otros son arrogantes y denunciantes sin asidero que poco o nada les interesa el bienestar de los ciudadanos, y de yapa, son ineficientes. Ambos sectores privilegian sus propios intereses porque están ansiosos de poder en medio la pandemia y de las irregularidades que cometen.
Según Robert Kiltgaard, conocido como uno de los investigadores que más ha estudiado la corrupción, hace más de 2.000 años un primer ministro Brahmán de la dinastía del Ganges en la India, daba a conocer una lista de por lo menos cuarenta formas para obtener dinero del Estado en forma fraudulenta, lo que demuestra que este fenómeno no es nuevo y que es inherente al ejercicio del poder, como intervenir propiedades, comprar equipos, designar familiares y amigos en cargos estratégicos que generar recursos.
Y el profesor universitario e investigador colombiano Luis Jorge Garay plantea que “la corrupción es profundamente inequitativa, desigual y que tiene impacto en términos de exclusión social muy preocupantes…que crea obstáculos directos…afectando más proporcionalmente a los pobres en términos de costo y oportunidad…”
De dicho planteamiento, la corrupción tiene un gran impacto sobre la gobernabilidad y la credibilidad de los estados y tiene un alto nivel de influencia en las relaciones y las actividades de los negocios nacionales o internacionales.
En el gobierno de Añez no hay el más mínimo compromiso en la lucha contra la corrupción, siendo un síntoma de problemas económicos, políticos e institucionales dentro del Estado, lo que ha llevado a la comunidad nacional e internacional a expresar preocupación por el alto índice de actos irregulares en tan solo ocho meses de gestión o en cinco años de la gestión regional y local de Cochabamba.
Precisamente son los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Gobierno, Economía y Obras Públicas los que acuden con frecuencia al fácil expediente acusar al anterior gobierno de las irregularidades, cuando la realidad evidencia que ellos son los actuales gobernantes que cometen las anormalidades e incluso actos corruptos.
Para ellos, el sano consejo y el conocimiento técnico es lo que menos cuenta, porque están ansiosos en cuidar las oportunas utilidades que les da el ejercicio del poder para encontrar las conformidades y salir de sus dificultades económicas. Las maniobras jurídicas que efectúan buscan, por un lado, sostener disimulos y mentiras, y por otro, distraer el curso de las investigaciones, pero lo que más llama la atención es que los ministros, la Gobernadora y el Alcalde de Cochabamba actúen con despótica deslealtad, falta de honestidad intelectual y señalando disparates jurídicos, técnicos y administrativos.
*El autor es Abogados y docente en la UMSS