El choque entre el Gobierno y la Asamblea agranda la brecha política en plena emergencia sanitaria por la covid-19
Las pugnas entre el Gobierno y el poder legislativo y una demanda para inhabilitar electoralmente al Movimiento al Socialismo (MAS) han agravado esta semana la brecha política en Bolivia. La Asamblea Legislativa, que está controlada por el MAS, ha aprobado y procesa leyes para limitar las atribuciones del Gobierno interino de Jeanine Añez. Este, por su parte, usa decretos ejecutivos para adoptar decisiones que siempre le habían correspondido al Parlamento, como, por ejemplo, la definición de los ascensos en las Fuerzas Armadas.
El Gobierno también se aferra a la ley que fijó el 3 de septiembre como fecha de las elecciones. El expresidente y candidato Carlos Mesa ha llegado a decir que, en este momento, el país tiene “dos Gobiernos”. Además, el oficialismo presentará ante el Tribunal Electoral una demanda contra el candidato del MAS, Luis Arce, por presuntamente transgredir la prohibición de difundir encuestas partidarias, proceso que podría terminar en la suspensión de este político y de su partido de la carrera electoral.
El MAS conserva los dos tercios de los escaños de la Asamblea Legislativa que obtuvo en 2014. En noviembre pasado, Jeanine Añez era parte de una bancada de oposición minoritaria que, sin embargo, llegó al poder porque los directivos parlamentarios del MAS renunciaron, obedeciendo a una orden del derrocado expresidente Evo Morales, cuyas motivaciones continúan siendo un misterio. Al comienzo de la gestión interina de Añez, el Parlamento actuó con moderación y de acuerdo con el Ejecutivo, pero eso cambió durante los últimos meses, mientras la presidenta se debilitaba y, paralelamente, el MAS se reorganizaba.
La Asamblea acentuó su perfil opositor, rechazó varias iniciativas y solicitudes gubernamentales, y comenzó a aprobar leyes para interferir o restringir las facultades de Añez. Por ejemplo, no autorizó un crédito de 327 millones de dólares (unos 287 millones de euros) que el Gobierno había contraído con el Fondo Monetario Internacional ni aprobó los ascensos militares que le solicitaban las Fuerzas Armadas. También tramita leyes para diferir el pago de los créditos bancarios hasta el próximo año, para autorizar el uso de dióxido de cloro –una sustancia prohibida por el Ministerio de Salud– en el tratamiento de la covid-19 y para impedir que los ministros censurados por la mayoría parlamentaria, y que por esto resultasen exonerados, sean reincorporados de inmediato al Gabinete, como ocurrió hace poco con el Ministro de Defensa. El oficialismo considera que el MAS “está haciendo campaña” y, al mismo tiempo, intenta “minar la gobernabilidad” del país.
El Gobierno ha tomado para sí algunas atribuciones legislativas, como la aprobación de los ascensos militares, con el argumento de que solo así podía asegurar que las Fuerzas Armadas continuarán participando en la lucha contra la pandemia. Fue, justamente, el ministro de Defensa, Fernando López, el que presentó el decreto de los ascensos, el primero de este tipo desde la reinstauración de la democracia en 1982. López acusó a la Asamblea Legislativa de haber frenado el trámite solicitado por las Fuerzas Armadas para “castigarlas por haberse puesto del lado del pueblo en noviembre de 2019” (cuando estas “sugirieron” que Morales renunciara).
El Gobierno resolvió con los ascensos una importante preocupación militar, que hace unos meses llevó a los miembros del Alto Mando a presentarse con uniformes de campaña en la oficina de la presidenta masista del Parlamento, la senadora Eva Copa.
Hacia la inhabilitación de Arce
En otra iniciativa polarizadora, el diputado oficialista Tomás Monasterio anunció que demandará al candidato Luis Arce por haber revelado una encuesta interna del MAS en un programa de televisión. La difusión de encuestas encargadas por los partidos está severamente penada por la ley electoral boliviana. La única vez que se probó, en las elecciones municipales de 2015, causó la inhabilitación de todos los candidatos de un partido regional. Si el Tribunal Electoral hallara suficientes pruebas de que Arce cometió este delito, no solo tendría que inhabilitarlo a él, sino también al MAS en su conjunto. Una posibilidad que, por otra parte, ha estado sobrevolando el proceso boliviano desde la caída de Morales. Según las encuestas, Arce y el MAS son los favoritos en esta campaña.
Samuel Doria Medina, el candidato a vicepresidente de Añez, ha pedido que se aplacen las elecciones, por la gravedad de la crisis sanitaria que vive el país. “La pandemia nos golpea como nunca antes. Los contagios de amigos y parientes, de políticos y periodistas, son cada vez más frecuentes. No podemos hacer campaña ni debatir en estas condiciones. Por la democracia, consideremos que las elecciones se realicen en una fecha posible”, tuiteó.
La Presidenta, seis ministros, decenas de altos funcionarios y parlamentarios se encuentren en este momento aislados o internados por haber dado positivo de la covid-19. Los servicios de sanidad y funerarios se hallan sobrepasados en las principales ciudades del país. El anuncio del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de “intervenir o expropiar” clínicas y cementerios privados para aliviar esta situación ha quedado en agua de borrajas.
Los candidatos Jorge Quiroga, Luis Fernando Camacho y el influyente Comité Cívico Pro Santa Cruz también apoyan la idea de suspender las elecciones, mientras que Arce y Mesa la rechazan. Mesa ha dicho que “el derecho a la salud no es incompatible con el derecho democrático” y ha sugerido siete medidas para realizar unas elecciones sin mayores riesgos. La Central Obrera Boliviana (COB), que en noviembre pidió la renuncia de Morales, pero que sigue siendo considerada cercana al MAS, ha advertido que si las elecciones no se realizan el 3 de septiembre habrá “convulsión social”. El 14 de julio, la COB llamó a una marcha en La Paz en contra del gobierno y exigiendo elecciones. Pese al agudo incremento de los contagios en esta ciudad, decenas de miles de maestros y trabajadores concurrieron a la convocatoria.