El país viene experimentando un vertiginoso ascenso de casos de contagio y decesos, ante la tardía reacción de autoridades nacionales, departamentales y municipales que, por un lado, desnudan su incompetencia, tardía reacción e inoperante gestión de la pandemia y, por otro, exterioriza los fuegos de artificios retóricos y el afanoso sustrato político imperante, que subordina -a modo de termómetro- la lectura de la crisis sanitaria, desde los lentes miopes y perniciosos de trincheras partidistas de confrontación inalterables.
Tal apreciación adquiere sentido si revisamos el noveno reporte del índice Municipal de Riesgo del Ministerio de Salud, publicado el pasado 3 de julio, que da cuenta del incremento de municipios en condición de riesgo alto de 82 a 118 en una semana. El departamento de Santa Cruz, posee la mayor cantidad de municipios en riesgo alto (31); le sigue Cochabamba con 21, La Paz 19; Chuquisaca 16; Beni 11; Tarija 9; Oruro 5; Potosí 3 y Pando 3.
Asimismo, detalla el “top 10” de municipios con “mayor riesgo alto” y que se encuentran 2 en el Beni (Trinidad y Rurrenabaque); 3 en Tarija (Villa San Lorenzo, Entre Ríos y la ciudad de Tarija); 1 en Cochabamba (ciudad de Cochabamba); 3 en Santa Cruz (Trigal, San Javier y Puerto Quijarro) y 1 en La Paz (Pucarani)
Lamentablemente, el país está transitando por una peligrosa “pandemia explosiva” que da cuenta de un escenario, donde es insostenible el control de casos nuevos que se incrementan por millar y los fallecimientos por decenas, producto del ingreso a una fase de aceleración de la transmisión y expansión masiva de inoculaciones. La población con mayor índice de infectados son las amas de casa, comerciantes y que también incluye a niños y menores de edad, entre los sectores con mayor afectación.
Estamos en un momento donde ya no es posible establecer el origen local de los casos confirmados, pues la gente empieza a “enfermarse sin motivo aparente” resultante de un contagio local, también conocido como transmisión comunitaria que ha provocado el colapso de un sistema sanitario insuficiente para abastecer al creciente número de infectados, así como la saturación de cementerios y crematorios en el país.
A ello se suma el lento procesamiento de muestras de laboratorio; la lenta creación y equipamiento de centros de aislamiento; falta de plasma hiperinmune de pacientes recuperados en los bancos de sangre; insuficiente material e insumos de bioseguridad disponibles para los médicos, enfermeras y auxiliares que no tienen como protegerse y ayudar a los enfermos, dado que muchos de ellos, ya están confinados por haberse contagiado.
La situación es un más preocupante en Cochabamba, que ocupa el segundo lugar con más municipios en riesgo alto y, cuya escalada de contagios y decesos, ha obligado a retornar a la “cuarentena rígida” desde el 29 de junio al 10 de julio. Desgraciadamente, no ha sido posible mantener las medidas de prevención que hubiesen evitado la acumulación de fallecidos por Covid-19 en domicilios y morgues, ante la inexistencia de espacios alternativos al cementerio general, sumado a los problemas de funcionamiento del horno crematorio.
En este contexto, preocupa de sobremanera el triste papel que vienen cumpliendo las autoridades nacionales –incluidos los senadores y diputados-, departamentales y municipales que, lejos de contribuir a la lucha contra la propagación del Covid-19, están ocupados en cumplir su mezquina agenda político-partidista. Al parecer, la ausencia del sentido común, les impide percibir que no es el momento para sus devaneos superfluos, miopes e intrascendentes que están arrastrando al país a la condición en la que se encuentra.
Por ello, no es de extrañar que, a la clase política nacional, le resulte complejo entender la urgencia y prioridad que representa la defensa de la vida, el bienestar e integridad humana que “es” y “debe ser” más valiosa y esencial, por sobre cualquier aspiración o cálculo político sectario.