La Fundación Tierra señala que ganaderos están detrás de las quemas y deforestación y no se respetan límites de propiedad, y hay especulación con la tierra.
Este 2 de agosto se celebra el Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, vigentes desde 2007, pero a 13 años de este proceso que apuntaba a una mejor distribución de la tierra, hoy se enfrentan problemas de chaqueos, deforestación, cultivos transgénicos, tráfico y concentración de medianas y grandes propiedades, según la evaluación de Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra.
Desde 1953, cada 2 de agosto se celebraba lo que se llegó a denominar el Día del Indio, debido a la Reforma Agraria encaminada después de la Revolución de 1952, pero en 2007 durante la gestión de Evo Morales se rebautizó esa celebración como el Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, tras la promulgación del reglamento de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria aprobada un año antes y que estableció, entre otros aspectos, la verificación de la función económica social.
Colque, a tiempo de hacer una evaluación del proceso agrario en el país, señala que actualmente varios problemas aquejan al agro. Por un lado está el perdonazo al desmonte ilegal que se ha legalizado a través de varias leyes y que han dado pie a la quema ilegal e incendios forestales.
Están vigentes decretos que facilitan el desmonte de predios sin mayor trámite para asentamientos de pequeñas propiedades en tierras bajas. “En el afán de dar impulso y ampliar la frontera agrícola se ha flexibilizado la normativa con cambios por decreto y leyes que reducen el control estatal sobre chaqueos, deforestación, desmontes para ampliar zonas de cultivos”, precisó. El año pasado entre julio y agosto se perdieron 3,6 millones de hectáreas por las quemas en la Chiquitania y este año se han vuelto a producir quemas que hacen temer el desastre ambiental que se presentó en 2019, sostuvo Colque.
Sin embargo, las quemas no son precisamente para impulsar cultivos. “Los que realizan quemas descontroladas son medianos y grandes ganaderos para hacer rebrotar pastos; pero como esto es a gran escala, se salen del área de interés y el fuego avanza sin control hacia áreas protegidas, el bosque chiquitano, tierras fiscales”, añadió.
Según Colque el problema de estas quemas es que se pierde la biodiversidad y los bosques, y en la época de invierno es un área seca. Se pierde fauna y flora. Si bien la vegetación vuelve a rebrotar, cada vez hay mayor degradación. Como falta el agua se provoca la migración de comunidades indígenas.
El director de la Fundación Tierra también advierte que la expansión de la frontera agrícola y deforestación no siempre tienen un interés productivo. “De por medio hay más bien motivos o intereses especulativos y de tráfico de tierras. La gente quiere desmontar y chaquear para elevar el valor de la tierra en mercado, especular, hacer engorde de la propiedad fiscal que lograron titular en algunos casos con prebendas”, remarcó.
Este aspecto desde la anterior gestión de Gobierno se tolera y no se hace cumplir las leyes vigentes en materia de tierra y de cumplimiento de la Función Económica Social (FES).
La Constitución Política del Estado (CPE) fija como límite de extensión de tierras las 5.000 hectáreas, pero Colque observó que hay predios con titulación a favor de pequeñas y medianas empresas que superan esa cantidad. “En San Matías el año pasado el fuego se originó en una propiedad titulada que tenía 18.000 hectáreas”, subrayó.
En criterio del director de la Fundación Tierra no todos los que poseen la tierra en el país son productores, ya que muchos “alquilan esos predios, usan para el engorde o la venden a brasileños o argentinos”.
Colque mencionó que el otro problema que repercute en la problemática de la tierra es la expansión de los cultivos transgénicos. “Se han ido aprobando normas para autorizar esto con las plantaciones de caña de azúcar, algodón, maíz, trigo y más variedades de soya”, agregó. Por otra parte se impulsa la producción de biocombustibles.
Los focos de calor aumentaron en 8,3%
Entre el 1 de enero y 22 de julio se registraron 48.668 focos de calor en el país, es decir un 8,3% más que en 2019, según el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
La Fundación Solón advierte que la situación es más grave en las áreas boscosas donde el incremento de focos de calor es de 11% con 19.243. “El Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Bosque y Tierra (ABT) siguen sin hacer nada para evitar un ecocidio como el que se vivió en 2019”, lamenta la Fundación Solón.
La ABT reportó que del 20 al 26 de julio se han registrado 6.339 focos de calor y que afectan a áreas protegidas.
Entre estas, las que presentan más focos son Otuquis con 736 y el área de manejo integrado San Matías con 289. Personal del Sernap y Fuerzas Armadas intentan sofocar el fuego y que se expanda.
Aún resta un 14% para completar el saneamiento
Según un informe emitido en junio por el INRA, el estado actual de saneamiento y titulación de tierras en el país asciende a 88.433,836 hectáreas, lo que representa un 86% de la superficie total quedando pendiente tan sólo un 14%.
Se emitieron 5.241 títulos ejecutoriales y se encuentran listos para su entrega 97.510 que irán a beneficiar a 165.549 personas.
En relación con el Catastro Rural, el informe establece que se emitieron 21.832 certificados catastrales, se atendió a 33.223 beneficiarios y se emitieron 450 resoluciones de actualización catastral.
Al respecto, el director de la Fundación Tierra Gonzalo Colque señala que el saneamiento enfrenta problemas de transparencia desde la gestión de Evo Morales, ya que se desconoce a quiénes se están entregando los títulos de propiedad y cuántas hectáreas por cabeza se han estado distribuyendo.
Según el experto hay un proceso de concentración de la tierra que se aceleró desde 2014 con la alianza entre empresarios y el Gobierno en la Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia.
A partir de ese momento nace la idea de exportar carne a China, ampliar cultivos de soya para producir biocombustible.
“Se han legalizado y consolidado medianas y grandes propiedades incumpliendo lo que decía la ley de que la tierra debe pasar por un proceso de saneamiento y cumplir con la Función Económica y Social (FES) y de lo contrario proceder con la expropiación. El estado actual de la tierra desde el punto de vista del movimiento campesino indígena popular es lamentable”, manifestó Colque.Según un informe emitido en junio por el INRA, el estado actual de saneamiento y titulación de tierras en el país asciende a 88.433,836 hectáreas, lo que representa un 86% de la superficie total quedando pendiente tan sólo un 14%.
Se emitieron 5.241 títulos ejecutoriales y se encuentran listos para su entrega 97.510 que irán a beneficiar a 165.549 personas.
En relación con el Catastro Rural, el informe establece que se emitieron 21.832 certificados catastrales, se atendió a 33.223 beneficiarios y se emitieron 450 resoluciones de actualización catastral.
Al respecto, el director de la Fundación Tierra Gonzalo Colque señala que el saneamiento enfrenta problemas de transparencia desde la gestión de Evo Morales, ya que se desconoce a quiénes se están entregando los títulos de propiedad y cuántas hectáreas por cabeza se han estado distribuyendo.
Según el experto hay un proceso de concentración de la tierra que se aceleró desde 2014 con la alianza entre empresarios y el Gobierno en la Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia.
A partir de ese momento nace la idea de exportar carne a China, ampliar cultivos de soya para producir biocombustible.
“Se han legalizado y consolidado medianas y grandes propiedades incumpliendo lo que decía la ley de que la tierra debe pasar por un proceso de saneamiento y cumplir con la Función Económica y Social (FES) y de lo contrario proceder con la expropiación. El estado actual de la tierra desde el punto de vista del movimiento campesino indígena popular es lamentable”, manifestó Colque.