Son más de 140 días que Bolivia se viene desarrollando a media máquina, cumpliendo en la primera etapa una cuarentena rígida, luego la llamada flexible, debido a la pandemia del covid-19. Todo este tiempo ha significado otros efectos colaterales, no solo en cuanto a los despidos laborales, afectación a la economía, cierre de empresas, enfermedades, muertes, sino también ha tenido fuertes influencias en el marco de los derechos humanos.
Sin duda la ciudadanía ha sido afectada en el ejercicio de sus derechos humanos, valores vitales y pilares de la democracia, los cuales tienen un robusto paraguas constitucional, legal e institucional. Desde la Constitución Política del Estado, que instituye más de 100 artículos en materia de derechos humanos, hasta la aprobación y vigencia de muchas leyes a favor del ciudadano y su bienestar en la sociedad.
Además de ello, están las instituciones del Estado que deben velar y cumplir por la vigencia de los derechos humanos. Para nombrar algunas, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, las secretarias de salud, desarrollo humano, de medio ambiente de las gobernaciones y gobiernos municipales, etc. Pero que en el caso de la Defensoría del Pueblo no ha estado a las alturas de los acontecimientos cargados de una alta conflictividad nacional. Hay una defensora interina que en la práctica es una portavoz de un partido político y no responde a la defensa de los derechos humanos de los más de diez millones de bolivianos.
En estos últimos conflictos, la Defensora interina, que ya cumplió con su mandato, salió en defensa de los bloqueadores, pero no dijo ni hizo nada para gestionar el paso de ambulancias o de oxígeno que necesitaban algunos hospitales para atender a las personas con covid-19. Una institución que se bloqueó así mismo.
La ciudadanía tiene más dudas que certezas del rol que deben desempeñar las instituciones del Estado en la promoción y protección de los derechos humanos. A pesar de que hay un fuerte paraguas de protección y defensa de los derechos humanos, escuchamos de forma permanente muchas preguntas: ¿Y todas esas leyes se cumplen o en qué medida son eficaces? ¿Las instituciones del Estado cumplen con su rol, como lo establecen las leyes? ¿Son suficientes estas leyes o faltan más para fortalecer una cultura de derechos humanos en Santa Cruz y el país?
Tenemos que asumir que los derechos humanos no son conceptos abstractos, ni propiedad de nadie, ni tampoco su gestión y su lucha solo corresponde a los abogados, académicos o eruditos. La lucha por los derechos humanos es esencialmente social y política, y nos compromete a todos, porque usted amable lector y todos los ciudadanos, somos protagonistas y sujetos de los derechos humanos.
Rolando Villena, que ejerció el cargo de Defensor del Pueblo desde el 2010 al 2016, en una de sus intervenciones decía claramente: “Este día y cada día es para demandar, reclamar y exigir que los derechos dejen de ser enunciados abstractos, ideales etéreos y leyes que no se cumplen y se tornen en realidades comprensibles, exigibles y practicables”.
Pero en estas últimas semanas los derechos humanos han estado bloqueados por el lenguaje de la violencia y por las acciones de los violentos y los radicales, de ambos lados. Un bloqueo que desde todos los puntos de vista obedecían a solo un interés partidario, como el de exigir elecciones el 6 de septiembre, cuando ya se definió que sea el 18 de octubre.
Por ejemplo, lo ocurrido con el bloqueo en el puente de Yapacaní, llegaron al extremo de obstaculizar el paso con alambradas de púas. Terrible. Precisamente desde la opción de los derechos humanos, este bloqueo con alambres de púas, es condenable. Algo similar hicieron los nazis en sus campos de concentración para evitar que se escapen los prisioneros. También se los hace en las trincheras cuando hay guerra.
No solo atenta a la libre circulación de las personas y vehículos, sino que se constituyen en un directo atentado a la integridad y salud de los que intentan cruzar.
No se trata de apoyar o no al sector que bloquea, sino que sus métodos deben ser de otra naturaleza y corresponde que la Fiscalía actúe de oficio, la Defensoría del Pueblo active los mecanismos de diálogo y de persuasión, que la Policía evite estos excesos.
Pero al parecer, todos están haciendo cálculos políticos, pensando en las elecciones.
Es bueno recordarles a todas las instituciones del Estado la plena vigencia de la Constitución Política, que en su artículo 21 señala: “Art. 21: Los bolivianos y las bolivianas tienen los siguientes derechos: 7) A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso al país. (Constitución Política del Estado).
Desde la visión de los derechos humanos todo bloqueo es anticonstitucional y atentatorio a la democracia y a la convivencia social.