Terrorismo y atentados contra la salud son los delitos por los que el Gobierno denuncia a los dirigentes.
Marco Antonio Chuquimia Huallpa
Fuente: El Deber
Con un extenso nombre, la jefa de bancada del MAS, Betty Yañíquez presentó un anteproyecto de Ley que intenta blindar a todos los dirigentes y militantes que participaron del bloqueo de caminos que por 12 días paralizaron el país. El Gobierno, desde la semana pasada ya anunció que todos los que participaron de estas movilizaciones serán procesados y acusados de las muertes que se produjeron.
“Ley extraordinaria para la protección y no criminalización de la protesta social que tiene por objeto ratificar todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales; así como los derechos más favorables contenidos en Tratados e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos a favor de todos los líderes sociales, dirigentes sindicales y cualquier persona movilizada del campo y la ciudad que, en ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales participaron de las movilizaciones sociales de agosto de 2020 en defensa de la vida, la democracia, la educación y el cumplimiento de la constitución política del Estado y la ley 1304”, señala el extenso nombre de la propuesta que lleva la firma de la diputada Betty Yañíquez.
El diputado del MAS, Édgar Montaño, ya había anunciado el viernes que su bancada iba a presentar un proyecto de ley para proteger a los dirigentes y otras personas, que impulsaron los bloqueos en plena pandemia.
Sin embargo, en el portal de leyes en tratamiento que tiene la Cámara de Diputados no figura esta propuesta y esta mañana el presidente de este ente legislativo, Sergio Choque, negó que hubiera un anteproyecto de esa naturaleza.
«El MAS jamás va a socapar ningún acto delictivo; lo único que se pretende es que se respete la Constitución Política del Estado donde se establece que las personas tenemos derecho al disenso, a la libertad de expresión. En ese sentido, no necesitamos ninguna ley que proteja a ningún dirigente», declaró la autoridad legislativa
Hoy, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, acusó a los parlamentarios del MAS de impulsar una “ley de la impunidad”, y reiteró que el Gobierno y las autoridades deben procesar a todas las personas que bloquearon y evitaron el paso de oxígeno que, según el gobierno, ocasionó unas 40 muertes.
Terrorismo y atentados contra la salud son los delitos por los que el Gobierno denuncia a los dirigentes.