En las últimas semanas donde miremos hay malas noticias. En parte la culpa tiene el gobierno, en parte los actores políticos y en parte los denominados movimientos sociales y resistencias, éstos últimos con varias actitudes que rayan en la delincuencia con aquiescencia de los que ejercieron y ejercen el poder político, mientras la mayoría de los ciudadanos estamos tendidos a nuestra suerte.
Pero lo que más llama la atención es la indiferencia de las Fuerzas Armadas de la Nación, de la Policía Boliviana y del Ministerio Público, cuyos comandantes y Fiscal General parecen ignorar lo que mandan los arts. 225.I., 244. y 251.I. de la Constitución Política del Estado (CPE), es decir, defender la legalidad, los intereses de la sociedad, conservar la seguridad, estabilidad, la defensa de la sociedad y la conservación del orden público.
El desgano de las autoridades señaladas podría deberse a que la dirección de esas entidades fue cooptada por intereses políticos del oficialismo y de la oposición. A ello se suma la pugna entre miembros de los Órganos Legislativo y Ejecutivo que cruzan amenazas y acusaciones olvidándose que todos ellos tienen los días contados en el ejercicio de dichos cargos.
Y para mal de pesares, la Presidenta del Estado y varios de sus ministros han decidido cuestionar el trabajo del Órgano Electoral, al que culpan de no ser serio, a pesar que el titular del Tribunal Supremo Electoral fue designado por la Presidenta que, en cada mensaje grabado, discurso leído o propagada gubernamental nos recuerda su condición de mujer y de madre, pero olvida hacer el máximo esfuerzo para intentar salir al menos por la puerta angosta del Palacio de Gobierno.
Son tan malos los cuatro ministros del gabinete cerrado del Gobierno, como ellos mismos denominan, que imponen medidas cuidando sus propios beneficios, que además de ser miserables, vulneran derechos fundamentales y garantías que con muchísima claridad puntea la CPE.
Un gobernante hace esfuerzos para pasar a la historia de manera regular, pero en el caso de la señora Añez es todo lo contrario, no porque ella quiera sino porque unos cuantos que viven de la política desde el año 2006 imponen criterios autoritarios igual o peor que el Presidente fugitivo.
No vale la pena hacer una comparación sobre si los masistas o los demócratas son peores porque la realidad pone en evidencia que ambos son bajos por sus actitudes desvergonzadas y porque fueron y son corruptos por sus acciones.
En medio de todo, están otras enfermedades como el cáncer y la pandemia del Covid-19 pero que no les importa ni a unos ni a otros, mientras los contagios se aproximan a cien mil y el número de muertos a cuatro mil que, sumado a la escasez de medicinas e insumos parece condenarnos a los bolivianos a esperar la muerte en casa antes que acudir a un centro hospitalario que está colapsado y que además no tiene condiciones ni equipamiento.
Y la culpa no es de los profesionales en salud, sino del Nivel Central porque no ha sabido tomar previsiones a tiempo y hoy se asfixia en sus medidas y ambición política desacertadas.
*El autor es Abogado y docente en la UMSS.