La Fiscalía de Santa Cruz recibió la denuncia contra el exgerente de Entel por la «persecución» de David Cabessa, quien denunció hechos de corrupción en la estatal.
Fuente: Página Siete Digital
La Fiscalía de Santa Cruz admitió la denuncia contra el exministro de Obras Públicas y exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Óscar Coca, por seis delitos que habría cometido en contra del empresario francés David Cabessa.
Los delitos señalados en la denuncia presentada por la presunta víctima son amenazas, privación de libertad, uso indebido de bienes y servicios públicos, obstrucción de a justicia, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.
En 2013, ADM Technologies —la empresa de propiedad de Cabessa con sede en Santa Cruz— recibió de Entel una adjudicación para la importación de equipos de telecomunicación (routers).
Semanas después, esa adjudicación fue revocada “arbitrariamente”, según el empresario, por el entonces gerente de la estatal y exministro de Obras Públicas.
Cabessa denunció a los medios de comunicación el presunto hecho de corrupción, al asegurar que había retirado la adjudicación de forma irregular cuando la empresa ya había pedido los equipos para cumplir con el contrato.
En el documento, cuyo sello de recibido es de fecha 24 de agosto, se detalla que el 17 de septiembre de 2017, Coca como representante de Entel y hombre fuerte de Movimiento Al Socialismo (MAS) se querelló contra Cabessa por los supuestos delitos de difamación, calumnia y propalación de ofensas por haber denunciado las irregularidades durante su presidencia en la estatal.
Cabessa manifestó que después de la denuncia y en abuso de su poder como autoridad, Coca inició una persecución en su contra, aunque los delitos por los que se lo pretendía procesar no tienen pena de cárcel. Sin embargo, fue absuelto de todos los cargos en mayo de 2019.
En la denuncia el empresario pide la anotación de los bienes de Coca a fines de la reparación del daño económico ocasionado a su persona.
Cabessa denunció ante diversas instancias, incluida la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la corrupción en Entel y la persecución policial y judicial que sufrió por revelar los malos manejos de la exautoridad.