Se trata de una medida pionera en América Latina y en buena parte del mundo que sitúa a Argentina en la vanguardia de la protección legal de la comunidad LGBTI.
Fuente. DW
El Gobierno de Argentina estableció este viernes (04.09.2020) un cupo laboral por el que al menos un 1% de los puestos en el sector público deberán ser ocupados «por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo», según un decreto publicado en el Boletín Oficial.
El texto aclara que el cupo se aplicará a «las personas travestis, transexuales y transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen», y reitera el derecho del colectivo a la no discriminación «por motivos de identidad de género o su expresión».
En este sentido, el nivel de estudios del candidato «no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo», y se le permitirá el ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos.
El decreto establece la creación de un registro de anotación voluntaria para las personas que deseen aspirar al cupo, dependiente del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que recopilará los perfiles laborales de los candidatos y los pondrá a disposición de los organismos públicos.
Sin embargo, la inscripción en este registro «no se considerará requisito, en ningún caso, para el ingreso a un empleo en el sector público por parte de esta población».
Se creará también una unidad de coordinación interministerial que tendrá como funciones «promover mecanismos de acompañamiento para la permanencia en el empleo», «garantizar los espacios de educación necesarios» y «promover espacios de coordinación y participación de las entidades gremiales con representación en el sector público».
Contra una «cadena de exclusiones»
«Existe en nuestra sociedad un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a las personas travestis, transexuales y transgénero a una cadena de exclusiones y discriminación que muchas veces se inicia en la niñez. Desde el Estado tenemos la obligación de generar las condiciones para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la igualdad de oportunidades», sostuvo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad del país, Elizabeth Gómez Alcorta.
La titular del ramo agregó que el colectivo sufrió «la expulsión histórica en los ámbitos educativos, la dificultad en la obtención de trabajos formales y estables», por lo que «el cupo laboral trans es un paso importante en ese camino».
Se trata de una medida pionera en América Latina y en buena parte del mundo con la que Argentina, primer país latinoamericano en aprobar el matrimonio igualitario hace diez años, vuelve a colocarse en la vanguardia de la protección legal de los derechos de la población LGBTI.
eal (efe, clarin.com)