La alianza Juntos pidió que se destituya de sus cargos a 66 funcionarios del organismo electoral boliviano que participaron en los comicios anulados del 20 de octubre de 2019, 17 cumplen funciones en el exterior.
Siete de nueve funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que desempeñan sus funciones en Argentina de forma permanente, fueron observados desde diciembre de 2019 por autoridades de la Cancillería porque cumplen funciones diplomáticas en ese territorio vecino.
Lo que se cuestiona es que no se debería continuar con el mismo personal que estuvo al mando de los fallidos comicios de 2019, los cuales fueron anulados debido al fraude.
“Desde que asumimos las funciones diplomáticas en Argentina planteamos que no sigan los mismos funcionarios del Órgano Electoral que estuvieron a cargo de las elecciones de octubre de 2019, teniendo en cuenta que hay un informe que señala serios indicios de que se llevó a cabo un fraude en Argentina. A través de los canales oficiales se informó que inclusive en los consulados donde operan los funcionarios del TSE se encontraron afiches con propaganda del MAS que estaba pegada hasta diciembre”, indicó una alta fuente diplomática.
El informante recordó que está prohibido que en las instancias diplomáticas en el exterior se presenten propagandas electorales, teniendo en cuenta que los funcionarios responden al Estado y no a un partido. Señaló además que, si la justicia boliviana determinó aprehender a los exvocales del Órgano Electoral, lo mínimo que se debió hacer es apartar a los funcionarios del TSE a cargo del proceso en 2019 en Argentina.
Foto:Prensa Juntos
La pasada semana, el cónsul general de Bolivia en Buenos Aires Alberto Pinto solicitó el cambio de los servidores públicos que participaron en el proceso electoral pasado, y dijo que el Órgano Electoral debe garantizar elecciones transparentes y confiables. Recordó que el padrón de bolivianos en Argentina supera al de Pando (En 2019 se habilitó a 161.057 votantes en Argentina y 72.580 en Pando).
En junio de 2019, este medio reveló que la Generación Evo Argentina, en supuesta coordinación con el consulado general en Buenos Aires, ofreció un “combo” de trámites en “consulados móviles”, para que los connacionales se registren en el padrón electoral. Algunos residentes advirtieron entonces que se ofrecía una doble nacionalidad que iba enganchada al empadronamiento.
El 31 de agosto, la alianza Juntos, que postula a Jeanine Añez a la presidencia, solicitó formalmente al presidente del TSE Salvador Romero destituir a 66 funcionarios del TSE, que posiblemente hayan estado involucrados de alguna forma con el fraude. 17 de ellos son funcionarios en el exterior: siete en Argentina, cuatro en Chile, cuatro en España y dos en Brasil. Esos cuatro países concentran más del 90% del voto de bolivianos en el exterior.
“Presentamos una nota exigiendo al TSE que acelere la investigación del fraude electoral montado en 2019 y en ese sentido consideramos que urge apartar de sus cargos a los funcionarios que han sido testigos en el menor de los casos de los hechos irregulares que se han producido el pasado año. Los funcionarios que están en los consulados, trabajando con las comunidades de residentes en el exterior y otros, no advirtieron sobre las irregularidades”, sostuvo el vocero de Juntos José Luis Bedregal.
De acuerdo con el listado que presentó Juntos, de los siete funcionarios del Órgano Electoral observados en Argentina, cinco son notarios operadores que, según la escala de honorarios ajustada el 2 de septiembre de 2019 mediante la resolución TSE-DNPE N°225/2019, perciben entre 18.124 y 22.161 bolivianos mensuales. La alianza Juntos además solicitó que se remueva del cargo a los encargados de Comunicación en Mendoza y Buenos Aires, que perciben 14.080 bolivianos por mes.
El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), elaborado por un equipo de 36 expertos de 18 países, sobre el proceso electoral del 20 de octubre de 2019, citó, entre las irregularidades de los comicios, inconsistencias en la muestra de las actas que fueron escrutadas en Argentina.
“De 176 actas analizadas de la muestra que habían sido escrutadas en Argentina, el 38,07% presenta inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejan un número mayor de votos que el total en las listas índice”, detalla el informe de la OEA.
Punto de vista
Paul Coca
Analista político
Legalidad y legitimidad
El Tribunal Supremo Electoral es responsable de los funcionarios que están a su cargo, que desarrollan el proceso electoral, tanto en Bolivia como en el extranjero.
En un primer aspecto, la contratación del personal la hace el TSE; en un segundo aspecto es decisión de este ente ratificar o remover al personal que tiene tanto en Bolivia como en el extranjero, no sólo esperar la renuncia, sino también realizar algunos cambios. Está en su potestad mantener al personal.
Que se mantenga al personal de las elecciones del año pasado no representa una situación de ilegalidad, sino una situación en la que estos funcionarios perdieron legitimidad.
No nos olvidemos que el voto en el extranjero aproximadamente representa el 4% de los votos válidos, según el promedio de las elecciones de años anteriores. Este porcentaje del voto en el extranjero es especialmente de Argentina, Brasil, Chile, España y EEUU donde están la mayor cantidad de bolivianos a diferencia de Irán, Egipto u otros países.
Obviamente que se mantenga al mismo personal del proceso que fue observado genera una situación crítica en el TSE. Si se decide retirarlos hoy, esa persona debe estar desempeñando funciones hasta la última hora hábil del día y lo correcto sería que el día de mañana empiece a trabajar una persona en reemplazo de la que fue cesada y no dejar el cargo acéfalo.
Además, el TSE debe tomar en cuenta que el reemplazante debe tener no sólo la formación, sino la capacitación en materia electoral, sino prácticamente hablaríamos de que se corre el riesgo de que las elecciones en estos lugares no se realicen adecuadamente.
Lea también: El Gobierno de Bolivia denunciará ante la OEA y ONU intromisión de Argentina